Ya es tiempo de que digamos un “basta”: Padres de familia

Oaxaca, Oax., 28 de enero de 2010 (Quadratín).- A través de este tan escuchado espacio informativo, quienes suscribimos, madres y padres de familia en los niveles de maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato del Instituto San Felipe, en primer lugar decimos que nos solidarizamos y brindamos toda nuestra confianza y apoyo a favor de la maestra Yolanda León de Constantino, y decimos a la ciudadanía en general, que no se ha demostrado ni hubo la supuesta violación de un niño en este centro escolar.
*** Ya es tiempo de que digamos un “basta”
*** En el instituto no se ha afectado a nadie de forma física o moral y mucho menos en contra de un menor
*** No se comprobó plenamente la responsabilidad penal en el delito equiparado a la violación, de la hoy sentenciada Magdalena Rufina García Soto
*** El Juez Tercero de lo Penal, Miguel Hernández Bautista, ignoró el apego al derecho y por “órdenes superiores” dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión.
*** Son evidentes las presiones políticas de grupos subversivos que amenazaron al Poder Judicial en Oaxaca para que dictara la injusta sentencia
*** Trató de extorsionar Leticia Valdés con 6 millones de pesos a la dueña del Instituto San Felipe
Creando en su imaginación una monstruosa desgracia que impactara en el corazón de la ciudadanía en general, y valiéndose de la inocente imagen de su propio hijo, la madre del pequeño que se dice fuera violado en el Instituto San Felipe, Leticia Valdés Martell, con mítines y tutelada por un reducido grupo de partidos políticos, como consta en videos y fotografías, “obligó” al gobierno de Oaxaca a doblegarse a sus sucios caprichos.
El caso tomó tintes políticos, primero al efectuarse las elecciones a presidentes municipales, luego las de diputados federales y ahora las de gobernador, presidentes municipales y diputados locales, por lo que el gobierno de Oaxaca, con el fin de llevarse el “carro completo” y no poner en peligro a sus candidatos, determinó que el proceso fuera amañado y se resolviera a favor de sus contrincantes.
Enarbolando la bandera de una mujer sufrida, sin importarle desgraciarle la vida no sólo a su vástago sino también a otras familias de bien en Oaxaca, Valdés consideró era la única forma de darse a conocer ante la opinión pública, sabedora que ésta maldice todo abuso sexual cometido con los menores de edad.
No cabe la menor duda que esto en lo futuro, generará en el corazón del niño odio y resentimiento al haber sido mal utilizado por su propia madre.
Como “falsas e incongruentes” se han calificado las declaraciones y pruebas presentadas por la señora Leticia Valdés Martell y su grupo de abogados, en contra de la profesora Rufina Magdalena García Soto, prisionera desde hace dos años y medio por el delito de la supuesta complicidad en la violación de un menor de edad en el Instituto San Felipe, de la Ciudad de Oaxaca.
Como padres de familia desde hace varios años en esta institución de excelencia educativa, recordamos que desde el 7 de noviembre del 2006, Leticia Valdés “descubrió” que su hijo fue abusado sexualmente en el colegio. En dos ocasiones exigió de la propietaria del Instituto San Felipe la entrega de seis millones de pesos para callarlo, y al no obtener respuesta positiva, esperó hasta el 23 de mayo del 2007 para presentar la denuncia, según la averiguación previa 191/DS/2007.
En reiteradas ocasiones, el abogado Humberto Castillejos Cervantes ha demostrado ante los medios de comunicación las verdaderas conclusiones de la defensa por este caso, que se encuentra bajo la causa penal 133/2007, en la fase previa al recurso de apelación o el amparo directo, por la sentencia del Juez tercero de lo penal.
Del documento se desprende que desde el inicio, el Ministerio Público en sus conclusiones no pudo demostrar la existencia del delito de violación agravada y, por el contrario, las pruebas de cargo que refiere “carecen de valor por ser contradictorias y haber desvirtuado la presencia judicial”.
Y a pesar de no estar demostrado el delito, el Juez Tercero de lo Penal, valiéndose únicamente de las declaraciones del menor de cuatro años, dictó sentencia de 10 años de cárcel en contra de la maestra Rufina Magdalena García Soto, lo que motivó se recurriera a los amparos necesarios ante las instancias correspondientes.
No es posible que el Juez Miguel Hernández Bautista, por “órdenes superiores” y sin apego a derecho, dictara la sentencia condenatoria de 10 años de prisión a la supuesta cómplice de una violación que nunca ocurrió en el Instituto san Felipe.
Se dio a conocer ante los medios informativos, que entre las inconsistencias se encuentra el hecho de que la denuncia interpuesta por Valdés Martell, fue desvirtuada con múltiples elementos, además de que se presentó ocho meses después de ocurridos los supuestos hechos, y de que la acusación se construyó con mentiras, contradicciones, pruebas refutables y dudosas.
Por esta razón, lo dicho por el menor violado, en ese entonces de cuatro años de edad, hijo de Leticia Valdés Martell, “carece de valor probatorio al verse evidentemente inducido por su madre y por la institución ministerial, que desde el inicio, accedió por presión política y amenazas de los grupos de presión que han apoyado a la mamá del niño”.
Estimados radioescuchas de este medio de información: No es posible que en un espacio pequeño del Instituto San Felipe, donde hay más de 200 alumnos y 36 adultos, entre ellos padres de familia, se haya cometido una atrocidad sin que nos hubiéramos dado cuenta.
El número de párrafos asentados en la declaración no corresponden con el tiempo en que se dilató, según declaraciones de la misma madre, de ocho a diez horas. Además, se desvirtuaron elementos como periciales, documentos públicos y privados, testimoniales sólidos e inspecciones realizadas por la misma autoridad.
Las supuestas lesiones que presentó el menor el día 7 de noviembre de 2006 no son características de una violación, debido a la corta edad del menor y a la descripción de la supuesta conducta antisocial que se le imputa ilegalmente a la ahora prisionera, maestra Rufina Magdalena García Soto. Las lesiones hubieran sido muy severas.
Igualmente, la descripción del menor no es congruente con la inspección ocular, que para llevar al niño del salón de clases al gimnasio había que pasar por alguna de dos rutas, que ambas tienen visibilidad de muchas personas, y sería imposible que nadie se diera cuenta que lo llevaban a jalones, como dice la acusación.
Han sido evidentes las constantes presiones a través de múltiples movilizaciones, amenazas y gritos que ha llevado a cabo la señora Leticia Valdés Martell hacia las instancias de justicia, apoyada por grupos subversivos, para presionar al Poder Judicial de Oaxaca y obtener, como sucedió, una sentencia que torció el sentido de la justicia y que acabó con la vida tranquila de una familia que se atravesó en el camino de la denunciante.
No es posible que debido a esta aberrante difamación, el maestro Adán Salvador Pérez Ramírez y el Ingeniero Hugo Gabriel Constantino García, enfrenten órdenes de aprehensión obligados a estar prófugos, además de que ganaron en primera instancia un amparo en el que un juez federal consideró que existen defectos en las órdenes de captura, de lo que se ha hecho caso omiso.
Como integrantes del Comité de Padres de Familia del Instituto San Felipe, exigimos del gobernador del Estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, haya una eficaz imparcialidad y transparencia en la impartición de justicia.
“Exijo al gobernador Ulises Ruiz que se haga ya justicia en este caso y termine esta tremenda mentira y se esclarezca todo basado en el expediente“.
“Ya basta” de la tibieza y silencio de las autoridades.

Foto: Archivo