Convencionalidad
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2017.- Tanto el pago de días adicionales de aguinaldo sin límite, a los maestros federalizados, como el pago de comisionados a las secciones sindicales con recursos públicos, han sido dos de las principales fallas de la desconcentración de la educación básica iniciada en 1992.
En un breve recuento, hacia 2008, el gasto educativo del Estado de México era el más alto del país, derivado de que tenía un subsistema estatal muy grande. Su crecimiento demográfico se muestra en que hoy tiene 5 millones más habitantes que la Ciudad de México, lo que se refleja en el pago de las participaciones y en el gasto educativo, cuyos ejes son el número de habitantes domiciliados y la población en edad escolar.
Desde los años noventa, analizaban los funcionarios fiscales, como ayudar a los estados con mayor gasto educativo con recursos propios, entre los que estaban también Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Durango, por lo que se crea en 1992 un sub grupo de Trabajo para la revisión del gasto educativo y de salud, coordinado por Nuevo León.
Cuando se concreta la desconcentración de los recursos para a la administración de los servicios educativos, la mitad de los estados, destinaban recursos propios importantes para mantener un subsistema estatal y la otra mitad de entidades federativas, nada o casi nada, por diversas razones vinculadas a su pobreza presupuestal o a su naturaleza jurídica.
Se veía correcto ayudar a los estados con mayor gasto educativo, además creciente en relación al porcentaje federal, pero no se hizo con recursos federales adicionales, sino a costa de las haciendas públicas de los estados que administraban los servicios educativos desconcentrados, que además eran víctimas del incumplimiento del Acuerdo de Modernización de 1992, de darle suficiencia al gasto presupuestal de los sistemas transferidos.
Con la fórmula del FAEB, a partir de 2008 los estados sin subsistema propio, fueron “castigados” al transferir recursos a los estados con subsistemas estatales y aplicando mal la fórmula de distribución, lo que generó un problema generalizado de déficits y por tanto rezagos en los pagos a terceros, que fueron objeto de muchas observaciones en la fiscalización. Los estados fungieron como patrones sustitutos desde un inicio.
El FAEB nunca fue concurrente, tampoco el FONE, simplemente los estados que no aportaban recursos a la educación básica era por sus niveles de precariedad presupuestal. Oaxaca no tenía forma de pagar un subsistema estatal propio, por eso la totalidad del sistema era y es federal.
Dos fueron los problemas centrales: el primero es que a partir de 1997 se empiezan a otorgar mayores días de aguinaldo o prestaciones salariales a los maestros estatales, cada estado en diferente momento y monto, hasta que 2014 todos pagaban más de 120 días en pagos adicionales a los maestros federalizados, incluso a los del subsistema estatal.
El segundo es el pago indebido a los maestros comisionados a trabajos sindicales, prohibido desde 1947, ratificado en al Acuerdo 482 de la SEP en 2003 y sancionado por la Auditoria Superior de la Federación en sus revisiones anuales al FAEB hasta 2014. Esta práctica incorrecta afortunadamente está casi extinta, gracias a la centralización del pago por parte de la SEP y la depuración que se hizo de las nóminas.
Tengo entendido que aun fuera del FONE y con recursos propios estatales por “abajo del agua” se les paga a algunas comisiones políticas seccionales, y algunos flotan dentro del FONE, pero ello se eliminará más fácilmente.
Así como lo referente a los déficits acumulados durante la vigencia del FAEB y la fórmula para distribuir los gastos de operación. Pero son claros los logros, y a lo que sigue con el costo adicional de la reconstrucción de las escuelas dañadas.