Acapulco entre retórica, crimen y política

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2018.- Apenas había terminado el gobernador Héctor Astudillo Flores su discurso en el centro de convenciones Fórum Mundo Imperial de Acapulco, la noche del miércoles 24, cuando la realidad respondió a su retórica con un balde de agua fría: muy cerca de ahí, en la concurrida Glorieta de Puerto Marqués, fue asesinado el periodista Gabriel Soriano Kuri, quien había acudido a cubrir la ceremonia para el sistema de Radio y Televisión de Guerrero, organismo del gobierno del estado en el que trabajaba como locutor y como técnico.

El acto fue organizado para que el gobernador diera un informe regional, adicional al que ocho días antes había presentado formalmente en el Congreso del estado al cumplir su tercer año de gobierno.

En el contexto de una nueva ola de violencia que azota al puerto, Astudillo Flores pidió ahí hablar bien de Acapulco, enaltecerlo y no descalificarlo, y a la nueva presidenta municipal, Adela Román Ocampo, de Morena, le dijo que no está sola ante el asedio criminal, vamos juntos.

El padre de Gabriel Soriano, el periodista Javier Soriano Guerrero, planteó al día siguiente interrogantes que corresponde al gobierno aclarar.

Primero puso en duda que el hecho se hubiera originado al calor de un incidente de tránsito, como se sugirió desde instancias oficiales, recordó que el crimen utiliza la fabricación de esa clase de incidentes para encubrir sus acciones, y expuso la hipótesis de que su hijo pudo haber sido acribillado como un desafío a las autoridades.

Luego preguntó cómo pudo haber ocurrido un homicidio en una zona tan cercana al acto encabezado por el gobernador, rodeado de vigilancia, y además en una zona de Acapulco que ordinariamente suele contar con presencia policiaca.

El cuestionamiento del padre de la víctima hizo énfasis en que, extrañamente, en el momento en que sucedió el ataque no había en el lugar ningún tipo de vigilancia. Las condiciones en que sucedió el crimen podrían tener conexión con la versión, surgida después, de que el homicida fue un integrante del Cártel Independiente de Acapulco, el CIDA, que ha hecho de esa zona su centro de operaciones.

Si esto es verdad, ¿eso explicaría por qué el sicario pudo ejecutar al locutor y escapar en total impunidad? Transcurridos cuatro días, se desconoce el móvil del ataque, se desconoce qué han hecho las autoridades con los videos de las cámaras de vigilancia –resultaría increíble que en las proximidades del aeropuerto no hubiera, o que no sirvieran–, y no hay ningún detenido.

Dos días después, la noche del viernes, fue asesinado en Acapulco el empresario César Zambrano, dueño de las papelerías El Partenón, negocios muy conocidos y frecuentados en Acapulco.

El caso de este empresario mereció un boletín del gobierno del estado, emitido la tarde del sábado, que recogió declaraciones que el gobernador había hecho esa mañana acerca del asesinato.

En ese comunicado Héctor Astudillo hizo saber que estaba en curso un operativo de búsqueda de los homicidas y que el móvil había sido el robo del vehículo del empresario. También expresó que el más interesado en que estos casos se esclarezcan es el gobernador.

Pero hasta la noche del domingo tampoco había ningún resultado de las investigaciones.

El homicidio de Zambrano se sumó a la indignación pública que suscitó la ejecución del locutor de RTG el miércoles, que a su vez se había agregado a los feminicidios ocurridos en Acapulco en octubre, conjunto de crímenes que es apenas una pequeña fracción de los más de 600 asesinatos que han ocurrido en esa ciudad durante lo que va del año (40 por ciento de los ocurridos en todo el estado), entre los cuales se encuentran los de 77 mujeres, según registros independientes.

La nueva alcaldesa de Acapulco dijo días atrás que esta ola de violencia es un desafío a su gobierno, y en ello coincidió el gobernador Astudillo Flores, y de ahí el mensaje de respaldo que le ofreció el miércoles durante su informe regional.

Pero esta ola de violencia tiene sus peculiaridades.

En primer lugar, se produce justo en el relevo de la administración municipal, y justo en el momento en que el nuevo ayuntamiento ha denunciado irregularidades serias cometidas por el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, del PRD, entre otras una deuda de 300 millones de pesos con el SAT por recursos no trasladados, del dinero que su administración descontó a los trabajadores por concepto de ISR durante tres años.

Se produce, además, días después de que, en la última semana de la gestión de Velázquez Aguirre, la policía municipal fuera desarmada y dos de los jefes de la corporación aprehendidos por acusaciones de homicidio, procedimiento en el que salió a relucir la desaparición de 342 armas de las que estaban en posesión del cuerpo municipal.

Asimismo, mientras la violencia en Acapulco cobraba estas víctimas y se hacían públicas las irregularidades del ex alcalde Evodio Velázquez, hace quince días éste filtró a la prensa la noticia de que había tramitado un amparo para no ser detenido por cualquiera de los motivos que pesan en su contra, y que para ello contrató al abogado Xavier Olea Peláez, casualmente fiscal general del estado hasta abril pasado. Hizo algo más: el lunes 15 de octubre publicó un desplegado firmado por decenas de dirigentes y militantes de su corriente política dentro del PRD (Nueva Mayoría), con el fin explícito de congraciarse con el gobernador Héctor Astudillo, a quien en ese documento le ofreció su apoyo para hacer frente a la inseguridad y la pobreza en el estado.

Si no hay ninguna relación entre todos estos elementos, o entre algunos de ellos, es decir, entre la actual ola de violencia en Acapulco y los señalamientos contra el ex presidente municipal, así como con los esfuerzos que éste hace para impedir que se actúe jurídicamente contra él, es algo que tendría que demostrarse, pero entre tanto, el observador externo tiene derecho a relacionarlos y preguntar al respecto.

Las dudas no surgen de la nada, sino de los hechos. Porque la alianza que Evodio Velázquez ofreció a Héctor Astudillo en su desplegado es solicitada después de tres años de una relación caracterizada por tensiones, distanciamiento y confrontación entre ambos, y porque ese pronunciamiento parecía contener entre líneas también una advertencia, visible para cualquier lector con un mínimo conocimiento de los antecedentes.

Al escenario descrito debe sumarse un factor adicional: el vacío originado por el extenso periodo entre el triunfo y la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, lo que desde hace un mes ha obstaculizado el nombramiento del secretario de Seguridad Pública municipal.

Esa tardanza es inexplicable, pues nada impide la coordinación entre el gobierno de Astudillo Flores y la presidenta municipal con Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública federal.

Si la hay y están en eso, el ritmo de esa gestión es tan lento que la delincuencia organizada lo aprovecha para hacer y deshacer en una ciudad que sufre días críticos y que se desangra día a día.

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