¿Acaso era evitable?

OAXACA, Oax., 14 de mayo de 2018.- En un artículo publicado durante la semana que concluye, Diego Fernández de Cevallos exclama que el muy posible triunfo de López Obrador en 2018 era evitable.

Explica, en sugestivo texto, que si en lugar de la figura de gobierno de coalición se hubiera establecido la segunda vuelta con un umbral elevado para ganar en la primera vuelta, lo más probable es que la alianza entre sus opositores -léase el Frente y la Coalición encabezada por el PRI- lo habría derrotado.

La expresión del conocido como “Jefe Diego”  envió varios mensajes que conviene registrar.

El primero y más evidente es que parece considerar que el triunfo de AMLO ya es inevitable.

Ciertamente, todo indica que nadie le podrá dar alcance, ni siquiera mediante un acuerdo artificial entre sus principales competidores.

Aun si estos intentan olvidar sus desavenencias y tratan de presentar en los hechos un frente común y manipular el llamado voto útil, la probabilidad de arrebatarle en último minuto la posición al puntero es mediana. Más en política y elecciones casi nada es imposible.

El segundo mensaje radica en la importancia de la cultura política y opciones institucionales que los propios actores políticos portan y con base en lo cual acuerdan para traducirlas en instituciones jurídicas.

Dado que el PRI desconfió del PAN y el PRD porque calculó que podrían unirse en su contra en una hipotética segunda vuelta presidencial, y sumar incluso a Morena, prefirió la opción del gobierno de coalición.

Pensaron, sus estrategas, que si fuera necesario entonces esta figura le aportaría al ganador desde el Congreso la legitimidad y gobernabilidad suficientes para mantener la estabilidad y la eficacia política.

Recuérdese que el 1 de diciembre entra en vigor la reforma constitucional que faculta -no obliga- al Presidente constitucional a convenir y programar una alianza legislativa y de gobierno con partidos políticos opositores representados en el Congreso.

Hasta ahora, es la Coalición PAN-PRD-MC la única que se ha comprometido de antemano a convertir su alianza electoral en gobierno de coalición con vigencia hasta 2024.

Ahora bien, dado que la opción de instituir la segunda vuelta feneció desde hace casi un año porque no es constitucionalmente válido modificar normas fundamentales del proceso electoral sino hasta antes de los 90 días previos a su inicio, entonces ya no hay más que encarar los hechos por venir.

De allí que cobre especial relevancia la pregunta que hay que corregir al “Jefe Diego”: ¿Acaso es inevitable?

De la respuesta depende nuevos cálculos y opciones, acciones y reacciones posibles, que están a la orden del día:

Desde el reajuste de estrategias y refuerzo de las campañas por separado al acuerdo tácito o expreso entre ellas y entre otros actores del sector privado y el sector social.

De los escenarios de la distribución de escaños en el Congreso federal a los espacios locales de poder, sobre todo en legislaturas y ayuntamientos cuyos integrantes podrán reelegirse.

De coaliciones legislativas opositoras al presunto triunfo arrollador del puntero a las alianzas entre grupos y sujetos relevantes para asegurar sus intereses.

Todo ello es factible y válido dentro del Derecho y la política.

Pero lo que debe estar fuera del cálculo es el uso de la violencia para evitar lo que luce inevitable pero puede no ser inexorable.

La política, el Derecho y las elecciones son los instrumentos privilegiados que la mayoría de los mexicanos hemos asumido para contender por el acceso al poder gubernamental.

Ninguna inevitabilidad justifica sacrificar nuestra creencia justificada en la democracia y su capacidad para garantizar una vida pública en común civilizada.

Se espera que liderazgos, actores, grupos y ciudadanía actúen en consecuencia. De otro modo, mucho más lo lamentaremos porque el tobogán de la degradación sí que sería imparable.