
Los obispos y la Cristiada
OAXACA, Oax. 31 de julio de 2026.- La defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, negó que el organismo haya sido omiso en la atención al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y afirmó que solicitó en cinco ocasiones a la Fiscalía de Oaxaca la emisión de medidas de protección.
Durante una conferencia de prensa, explicó que el primer acercamiento del comunicador con la Defensoría ocurrió el 14 de julio de 2025, cuando expuso las amenazas que recibía mediante redes sociales.
Lara Rodríguez indicó que, al revisar la comparecencia, no advirtieron hechos atribuibles directamente a alguna persona servidora pública, debido a que las publicaciones denunciadas provenían de cuentas particulares y no oficiales.
Explicó que la competencia de la Defensoría requiere la existencia de una acción, omisión o negligencia de alguna autoridad que pueda constituir una violación a los derechos humanos.
No obstante, sostuvo que el organismo realizó acciones adicionales a las establecidas en sus atribuciones y mantuvo el acompañamiento al periodista.
“Fueron cinco veces los momentos que pedimos a la Fiscalía del Estado que se emitieran medidas de protección”, declaró.
También aseguró que existen acuses que documentan tres comunicaciones dirigidas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal.
La defensora afirmó que toda la trazabilidad de estas gestiones se encuentra certificada dentro del expediente y está disponible para el escrutinio de cualquier autoridad que solicite revisarla.
Después del asesinato de Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio, la Defensoría emitió un llamado para que las autoridades realizaran una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva, con apego al debido proceso y a los derechos humanos.
Lara Rodríguez informó que el asunto dejó de tramitarse como cuaderno de antecedentes y pasó a un expediente de queja, desde el cual se solicitó información a la Fiscalía de Oaxaca sobre la carpeta de investigación.
Entre los datos requeridos se encuentran el número y estado de la carpeta, el delito investigado, las personas contra quienes se siguen las indagatorias y las razones por las cuales no fueron emitidas medidas de protección.
La Defensoría también solicitó una fecha y hora para que su personal pueda consultar directamente la carpeta de investigación.
El 25 de julio, Lara Rodríguez se reunió con familiares del periodista para explicarles las acciones efectuadas por el organismo, así como los alcances y límites de sus atribuciones.
Precisó que la información no se hizo pública con anterioridad porque el expediente contiene datos confidenciales y era necesario contar con la autorización de la familia.
“No venimos a repartir culpas, pero hoy es importante que haya responsabilidades”, expresó la defensora.
Lara Rodríguez señaló que las defensorías y comisiones de derechos humanos no persiguen delitos ni imponen sanciones, sino que su actuación se sustenta en la autoridad ética, la defensa de la dignidad y el combate a la impunidad.
Advirtió que la falta de investigaciones serias, la minimización de las amenazas y la insuficiencia de los mecanismos de protección desalientan el ejercicio periodístico y debilitan la confianza en las instituciones.
Finalmente, sostuvo que el asesinato de Alejandro Leyva no debe convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas de agresiones contra periodistas.
“El caso del periodista Alejandro Leyva debe ser un punto de inflexión que nos obligue, como Estado mexicano, a corregir aquello que falló, a asumir cada quien su responsabilidad y a garantizar que ninguna otra persona periodista quede desprotegida”, expresó.