Ajustes de cuentas en Tierra Caliente: ¿narcopolítica?

GUERRERO, 25 de mayo de 2017.- El homicidio del ex alcalde y ex diputado local Elí Camacho Goicoechea –quien alcanzó esos cargos como miembro del PRD pero en la campaña del 2015 se integró al PRI y en la actualidad trabajaba como asesor del gobierno estatal– plantea interrogantes acerca de la naturaleza de la ola de ejecuciones de políticos que de un año a la fecha se desarrolla en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero.

En primer lugar debe reconocerse la existencia de este patrón especial de violencia que ocurre dentro del fenómeno de violencia más general que azota a esa zona, y que con Camacho Goicoechea en diez meses ha cobrado la vida de cuatro políticos –los otros son Ambrosio Soto Duarte, Roger Arellano Sotelo y Modesto Carranza Catalán, del PRD los dos primeros y del PRI el tercero–, registro al cual debe sumarse el secuestro en curso de un político más, el ex diputado federal perredista Catalino Duarte Ortuño.

El interés que rodea estos casos proviene del hecho de que las víctimas pertenecieron a una generación que creció políticamente y desempeñó cargos públicos precisamente durante la época en que el narcotráfico experimentó una notoria expansión en el estado, que a su vez corresponde al periodo en el que el PRD gobernó a Guerrero.

Procede también del hecho de que, con excepción de Modesto Carranza, de quien se ignora su vida pública, las víctimas estuvieron señaladas extraoficialmente de tener vínculos de alguna clase con el crimen organizado.

Hasta donde puede saberse, ninguno de los señalamientos fue investigado ni produjo cargos formales, pero trascendieron a la opinión pública.

Cuando era diputado local, el propio Camacho Goicoechea reconoció en entrevistas periodísticas que cuando fue alcalde de Coyuca de Catalán tuvo que negociar con los grupos de la delincuencia para poder gobernar, y sostuvo que ese era un problema generalizado y lo sufrían muchos presidentes municipales de Tierra Caliente.

Sin embargo, advirtió que a pesar de esos tratos, nunca “pactó” con ningún grupo delincuencial.

Ese no era el único aspecto que ensombrecía la carrera política de Camacho Goicoechea. La mayor sombra provenía de su hermano Euclides Camacho Goicochea, él sí acusado de pertenecer al cártel michoacano de Los Caballeros Templarios y de encabezar una célula de este grupo dedicada al secuestro.

La noticia más reciente sobre Euclides Camacho –conocido como El Quiles en el mundo delincuencial– es por una orden de aprehensión girada el año pasado en su contra por un juez de Zitácuaro, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha informado qué líneas de investigación sigue por el asesinato de Elí Camacho Goicoechea, pero es de suponer que obligadamente una de ellas deben ser las ligas de su hermano con el crimen organizado.

Pero además, en el cuarto homicidio que tiene el mismo perfil, las autoridades no pueden dejar de relacionar este caso con los anteriores y buscar lo que los relaciona.

Si no por detalles específicos, a estos cuatro crímenes y al secuestro de Catalino Ortuño los vincula el contexto en el que se desenvuelve la política en Tierra Caliente, que en ciertos casos parece una sola cosa con el crimen organizado, como sucede en el municipio de San Miguel Totolapan, donde no sólo hay dos grupos de la delincuencia en pugna, sino también dos grupos políticos en guerra.

En su momento, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero solía hacer advertencias públicas sobre el riesgo de que los presidentes municipales mantuvieran nexos con la delincuencia.

Pero ni los alcaldes le hicieron caso, ni él hizo nada para combatir y desactivar esas relaciones peligrosas.

Dejó que las cosas siguieran, con las consecuencias que se observan hoy.

Tampoco hizo nada su sucesor Rogelio Ortega Martínez.

La descomposición que con particular crudeza devasta hoy a Tierra Caliente es herencia de esa negligencia gubernamental.

Los indicios sugieren que los asesinatos de políticos en esa región, incluido el de Elí Camacho, tienen su origen y su explicación en la narcopolítica.

Por motivos desconocidos para la opinión pública, los políticos caen en una especie de ajustes de cuentas ordenados desde instancias clandestinas.

A menos que se desee que ese fenómeno continúe, es momento de que el gobierno encare el problema y se esfuerce verdaderamente por hallar la verdad detrás de estos homicidios.

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