Al cierre del ciclo escolar…

El Ciclo Escolar 2022-2023 vive sus últimas semanas en lo estipulado. En los hechos, cada institución educativa tuvo la libertad de programar su cierre de ciclo escolar. Las calles de las principales ciudades de Michoacán de Ocampo lucen semivacías a la hora de entrada a los planteles escolares, justo cuando solían suscitarse amplias aglomeraciones.

Algunas escuelas han decidido organizar torneos deportivos, convivencias, clases de meditación, actividades de reforzamiento, de lectoescritura y matemáticas, repasos generales en aras de cumplir con el calendario escolar.
Lamentablemente, son una minoría. Las invitaciones a los actos de cierre de ciclo escolar ya fueron repartidas y muchos de estos eventos ya se consumaron, como reseñan los álbumes fotográficos en redes sociales.

Ilógica pero comprensiblemente, es ahora cuando se realiza un pase de lista digital desde la Auditoría Superior de la Federación en Michoacán, el cual regulariza las plantillas laborales que son cubiertas con fondos federales, procedentes del FONE y la partida U-080. Sin embargo, esta revisión virtual no resuelve, ya que no cuenta con los elementos suficientes para garantizar que en los centros de trabajo se encubra a los responsables de abandonar las aulas para dedicarse a tareas ajenas a la educación de la niñez y la juventud en la entidad.
En contraste a la opacidad que se genera con el pase de lista digital a favor de los aviadores del sistema educativo estatal, la carga de la prueba se voltea hacia los trabajadores de la educación quienes por irregularidades administrativas de la superioridad jerárquica cobran en centros de trabajo diferentes a donde actualmente están adscritos, por citar un ejemplo, debiendo ellos demostrar su regularidad mediante evidencias. Esto es absurdo, toda vez que alguien les autorizó tanto su pago como el cambio de centro de trabajo. Entonces, las circunstancias se complican para ellos, mientras que se facilitan para quienes no devengan su salario como docentes y son encubiertos por el personal directivo.
Elevar el rigor del pase de lista e incrementar las medidas de fiscalización son pasos inmediatos que deben de dar los diputados federales al aprobar el FONE 2024, obligando a los gobiernos estatales a que entreguen evidencias tangibles de que se cubrió a plenitud la jornada laboral del ciclo escolar entero por parte de cada trabajador de la educación.
Paralelamente, ya se dio a conocer el calendario del ciclo escolar 2023-2024, del cual se destaca el espacio que dedica para talleres que apoyarán la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la entidad. Preocupa que se maneje como que estos días serán tiempo dedicado para la formación continua de los docentes, lo cual permite asumir que seguirán trabajando en formato de autocapacitación donde entre todos exponen o donde a algún asesor técnico- pedagógico, directivo, jefe de enseñanza o supervisor se le brinda un curso exprés unos días u horas antes para que presente precipitadamente ante las comunidades escolares los aspectos específicos de la NEM.
Por supuesto, no hay visos de inversión de recursos públicos para tales efectos. Hay que recordar que, para el ejercicio 2023, se presupuestaron escasos 85 pesos por cada docente para su formación continua. Sin el suficiente acompañamiento ni inversión resultará complicado que los estudiantes reciban los beneficios que pudiese conllevar el nuevo modelo educativo para su formación integral. Es muy importante que se destinen más recursos para tales efectos y no queden los trabajadores de la educación en un estado de abandono ante los nuevos paradigmas, planes y programas de estudio, así como libros de texto que habrán de emplearse durante el próximo ciclo escolar.
El pasado fin de semana pasado se aplicó el examen de ingreso a las escuelas normales, mediante la intervención externa del CENEVAL y de la fuerza pública, principalmente. Es de notarse que ha mejorado el control en torno a esta etapa del proceso de ingreso a los planteles públicos de formación inicial docente. La acumulación de aplicaciones exitosas, año tras año generará precedentes positivos en cuanto a transparencia, logística y percepción social respecto al proceso de ingreso a las escuelas normales públicas en la entidad federativa, reivindicando así también la imagen del normalismo.

Es un hecho, que aún hay posibilidades de mejora continua para esta etapa del proceso. Por ejemplo, sigue siendo un área de oportunidad la invitación o emisión de convocatoria pública para la participación de observadores ciudadanos externos; por supuesto, sin conflictos de interés, ni siquiera intereses potenciales en torno al gobierno estatal o específicamente los recursos del sistema educativo, ni dependencia, subordinación o vínculo alguno con instituciones de educación superior públicas o privadas.
Empero, sigue la duda respecto al destino de los recursos recaudados por las fichas de admisión, ya que, la cifra recaudada en las normales de la entidad federativa acumula cómodamente dos millones 105 mil 600 pesos, solamente de los estudiantes que sí se presentaron a hacer el examen. ¿Quién los resguarda y cómo se aplicarán? ¿Se reflejarán como ingresos propios en los estados financieros de las respectivas cuentas públicas?
Aunado a lo anterior, para pasar de tener una etapa limpia del proceso de ingreso a las escuelas normales, permanece intocada aún el área de oportunidad de exhibir ante la opinión pública un listado con coherencia total entre las siguientes relaciones de jóvenes:

1 Las de los aspirantes que sacaron ficha de admisión,

2 Las de los aspirantes quienes se presentaron a hacer examen,

3 Las de quienes fueron aprobados, en la debida lista de prelación, conforme al número de aciertos obtenidos,

4 Las de quienes se inscriben al primer semestre en las escuelas normales públicas de la entidad,

5 Las de los estudiantes que presentan el primer día de clases, y

6 El listado de quienes terminan el primer semestre y se inscriben al siguiente.

Debiéndose repetir el procedimiento, semestre tras semestre para la difusión de los listados hasta terminar la carrera completa y dar cuenta después de la obtención de cartas de pasante, del proceso de titulación y obtención de las correspondientes cédulas profesionales, remediando la situación de su digitalización en la entidad.
De todo eso no hay aún registro público, ni mecanismos de control y seguimiento que cuenten con el mismo rigor y exposición mediática que los exámenes de admisión, por lo que hay que visibilizar la situación totalmente para que sea el proceso de cursar el normalismo un ejemplo, un modelo en formación inicial docente en la historia de Michoacán de Ocampo y un punto referencial en el país, ahora sí, de máxima transparencia, por ser la formación de los maestros un asunto del máximo interés público.
Esperemos se atiendan estas áreas de oportunidad y, con ello, ya se pueda también abordar el complejo tema de las actividades que realizan los estudiantes normalistas como parte de su formación, para blindarlas de presiones que los obligan a movilizarse y a generar medidas de presión hacia el gobierno y la sociedad. Por extensión, así como se está atendiendo al normalismo, también toda la educación superior requiere crecimiento urgente, por ser solamente la décima parte del estudiantado de la entidad. Por ello, es inaplazable la generación de condiciones para incrementar la matriculación universitaria en Michoacán de Ocampo.
Es positivo que estén dándose facilidades para inscripciones extemporáneas para los jóvenes que, por diversas circunstancias no lograron realizar su proceso de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Análogamente, es una medida que debe considerarse en todas las instituciones de educación superior de la entidad federativa, recordando tanto la situación de emergencia en la cual se encuentran los indicadores de captación de matrícula como la profunda crisis que aconteció apenas el ciclo escolar pasado, de la cual muchos estudiantes todavía pueden estar apenas recuperándose en lo económico, en lo socioemocional y en cuanto a aprendizaje, razones de sobra para que las instituciones educativas brinden las máximas facilidades administrativas para que la juventud michoacana pueda ejercer sus derechos a estar, a aprender y a participar en la educación superior.
Análogamente, deberían de realizarse esfuerzos más profundos por la captación de matrícula desde educación inicial hasta posgrado. Se sabe que muchas instituciones toman medidas por iniciativa propia, pero no existe hoy una política articulada en la entidad federativa, siendo más bien un asunto que se maneja de acuerdo con la voluntad de la comunidad de docentes y directivos, así como conforme a las presiones para elevar indicadores y disminuir el costo anual por alumno, lo cual permite solicitar ampliaciones presupuestales.

Otra circunstancia relacionada con la educación superior ocurrió en el Congreso del Estado, donde por poco y se entrega un reconocimiento por parte del Congreso del Estado a un profesionista que se presentó como especialista, sin tener cédula profesional donde se demuestre tal hecho. El colegio respectivo desmintió y fue que el evento se suspendió. Lo anterior evidenció la ausencia de un marco normativo mucho más ceñido que permitiese la supervisión y fiscalización por parte de las autoridades, en cuanto al uso y ostentación de títulos y grados. La problemática es mucho más grave de lo que parece, pero se encuentra normalizada.

Seguramente, no solo pararían los reconocimientos en el Congreso del Estado, sino que también habría despidos masivos en la Secretaría de Educación en el Estado, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en los ayuntamientos y hasta en los medios de comunicación.

Más allá de una cacería de brujas o de un pacto por el rigor académico y la profesionalización que se pudiera generar en la política, en los medios de comunicación, en el servicio público y entre los profesionistas libres, lo verdaderamente importante es que se dé el cambio cultural: que los ciudadanos exijan evidencias de la especialización y a la vez, que no se vuelvan en contra de quien cuestiona una supuesta experticia no demostrada, sino que se espere la demostración de todas aquellas supuestas cualificaciones por parte de quien las menciona.

Los colegios de profesionistas deberían de participar mucho más colaborativamente en la certificación de los tomadores de decisiones, ya que en sus manos se encuentran los asuntos públicos. Resulta inaceptable contemplar las fotografías en redes sociales y medios de comunicación, donde en ocasiones los titulares y consejos directivos de estos organismos signan convenios de colaboración con instituciones, cámaras y dependencias cuyas cabezas o mandos medios ostentan títulos y grados que no pueden demostrar mediante cédula profesional.

El Sistema Estatal Anticorrupción, dentro de su política recién establecida bien debe integrar una campaña al respecto, toda vez que, el primer acto de corrupción que comete un funcionario es aceptar un cargo público sin poseer las competencias para desempeñarlo. Sin políticas públicas al respecto, ni tampoco movimientos sociales por la reivindicación de lo académico, podremos pasar décadas votando por quienes construyan fantasiosas historias de vida que incluyen estudios universitarios y de posgrado.

En suma, a pesar de que el cierre del ciclo escolar es inminente, se atisban problemas en la agenda pública que reclaman la intervención de las autoridades educativas, tanto en educación básica como en educación superior, para diseñar políticas públicas que resuelvan estas situaciones. Sólo la educación de excelencia generará una auténtica transformación en Michoacán.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.