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OAXACA, Oax. 15 de agosto de 2026.- Especialistas en libertad de expresión alertaron sobre los riesgos de utilizar la regulación, las sanciones o la intervención gubernamental para controlar contenidos bajo el argumento de combatir la desinformación.
Durante el conversatorio El futuro de la libertad de expresión, realizado en el ITAM, coincidieron en que existen problemas que requieren atención, pero las respuestas deben preservar el debate público y evitar mecanismos de censura.
Participaron Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, y Mariana Calderón Aramburu, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
El encuentro, organizado junto con ARTICLE 19, fue moderado por Martha Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización.
Maldonado advirtió que actualmente existe una disputa por el significado mismo de la libertad de expresión en medio de un retroceso democrático y del crecimiento de gobiernos con tendencias autoritarias.
Señaló que, al mismo tiempo, empresas privadas concentran buena parte de la infraestructura donde ocurre la conversación pública y determinan mediante algoritmos qué contenidos alcanzan mayor visibilidad.
Para Calderón Aramburu, México enfrenta diferentes mecanismos capaces de restringir la expresión, entre ellos la estigmatización desde el poder, leyes penales, dependencia económica de medios e inseguridad para ejercer el periodismo.
Advirtió además que instrumentos creados originalmente para proteger derechos pueden terminar utilizados como formas de censura cuando incluyen medidas desproporcionadas.
Pedro Vaca planteó que las respuestas tampoco pueden partir de una sobrerregulación ni de una confianza absoluta en la autorregulación de plataformas y medios.
Consideró necesario reconocer el derecho de las personas a discernir por cuenta propia frente a la información que reciben, además de fortalecer la alfabetización mediática y digital.
Los participantes coincidieron en que la libertad de expresión no implica ausencia absoluta de reglas, pero cualquier regulación debe evitar que el Estado termine decidiendo qué información puede difundirse o cuál debe considerarse verdadera.
También señalaron que el Estado tiene obligaciones positivas, particularmente para garantizar condiciones de seguridad a periodistas y combatir la violencia que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión.
El conversatorio se realizó el 13 de agosto en el Campus Río Hondo del ITAM como parte de las actividades de su Maestría en Derechos Humanos y Garantías.