AMLO y la otra división de poderes

Raúl Ávila | Oaxaqueñología

OAXACA, Oax., 27 de enero de 2019.- La teoría constitucional progresista contemporánea ha superado la fórmula tradicional de la división tripartita de poderes públicos.

Lo ha hecho en dos sentidos. El primero dado que inventó a los órganos constitucionales autónomos. El segundo, no menos importante, porque propone que los poderes divididos y equilibrados no deben ser solo el Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino los poderes fácticos que deberán ser vinculados por el Derecho.

Este segundo sentido es en particularmente relevante hoy cuando estados como el mexicano pretenden romper las redes con las que tales poderes salvajes lo mantienen atrapado para privatizar ilícitamente los patrimonios públicos

La división real de esos poderes en México ofrece un complejo mosaico de actores, agentes y coaliciones que están pulsando la consistencia y alcances de las decisiones del nuevo gobierno que reitera su empeño en cambiar, precisamente, las correlaciones de poder y abatir la anomia y la impunidad.

Nótese tal pulso en el tema del NAIM o en el huachicol. Véase si no el caso del EZLN en Chiapas o el de la CNTE en Michoacán.

En el primer caso los poderes corporativos involucrados mantienen el juego a efecto de concluir una negociación exitosa o revertir la decisión presidencial de la cancelación del proyecto.

En el segundo, una recurrente oposición al proyecto del Tren Maya envía el mensaje de que su implementación no será en automático.  

En el tercero, más allá de los miles de millones de pesos de salarios y prestaciones reclamados por el magisterio, el pulso parece dirigido a los contenidos de la nueva reforma educativa próxima a presentarse en el Congreso.

En el espacio partidario, por fortuna mejor regulado desde 2014, han sido presentadas más de 50 solicitudes para constituir y registrar nuevas expresiones  políticas.

En el ámbito de los medios de comunicación tradicionales los poderes están bastante concentrados, aunque diferenciadamente opuestos ante la 4T,  y la fluidez y magnitud de las redes sociales son todo un reto para cualquier gobierno.

Basten estos botones de muestra para entender el esfuerzo presidencial por establecer de manera rápida un sistema eficaz de colaboración entre los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno y urgir a la definición de lealtades de sus líderes y burocracias

Desde ese mirador debe entenderse también la ley de salarios maximos y minimos, el reacomodo en los órganos autónomos, la Fiscalía y los aparatos de justicia, el reordenamiento en  PEMEX o en Aduanas, la persistencia en diseñar una Guardia Nacional concentrada, los nuevos programas sociales y la recurrente apelación a la opinión popular.

Si los temas de política exterior tienen implicaciones nacionales, la posición de neutralidad en el caso Venezuela no es ajena a la política interior y bilateral de los Estados Unidos-México y tampoco al humor social mayoritario de los mexicanos y su reclamo de soberanía frente a superpoderes globales.

Lo anterior no significa que el Presidente López Obrador y sus aliados estén exentos de errores o equivocaciones.  

Tienen la ventaja de la experiencia y un extenso libro de historia nacional que aconseja concentrar para reordenar y coordinar poderes formales y agendas, de preferencia antes y no a la vez y menos después de intervenir en el contexto de los poderes fácticos.

Está bien tener presente que las tres precedentes transformaciones históricas nacionales enseñan que cambiar un régimen político fragmentado supone concentrar autoridad y montar un esquema eficaz de operaciones de gobierno.

Pero recuérdese que en las condiciones  actuales los sistemas políticos alimentan su legitimidad en la fábrica de los derechos y sus garantías, y que estos equivalen al respeto a la Constitución democrática que está en la base de la democracia constitucional que debe balancear intereses individuales con intereses colectivos.

Historias comparadas recientes como las de países del eje bolivariano revelan que sin el uso inteligente de aquellos dos instrumentos el estado será más débil en su obligado compromiso de recuperar integridad y funcionalidad ante la otra división de poderes.

La violencia y la ilegalidad no se combaten con violencia pero sí con la autoridad que proviene del apego a los valores y principios que anidan en la Constitución.