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OAXACA, Oax. 15 de junio de 2026.- Las armas de alto poder traficadas desde Estados Unidos llegan hasta Oaxaca mediante rutas utilizadas también para trasladar drogas, personas y mercancías ilícitas, advirtió el periodista e investigador Fernando Coca Meneses.
Una de las rutas documentadas en su libro Balas con remitente. El tráfico de armas de Estados Unidos a México comienza en Brownsville, Texas, y concluye en Oaxaca, explicó en entrevista con Quadratín.
Coca Meneses presentó este lunes la obra en Tijuana, Baja California, donde señaló que entidades consideradas de tránsito, entre ellas Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, también padecen las consecuencias de la circulación ilegal de armamento.
“No porque no tengan niveles de delincuencia tan altos como Tamaulipas, Sinaloa, Baja California o Michoacán quiere decir que el tema no esté ahí metido”, expresó.
Las armas, agregó, no solamente son utilizadas en homicidios y enfrentamientos, sino también para cometer extorsiones, cobrar derecho de piso y sostener redes de trata de personas.
El autor relacionó esta problemática con los recientes ataques contra autoridades municipales en Oaxaca y sostuvo que el armamento de alto poder debilita las instituciones locales.
“Estamos viendo una situación en donde las armas están provocando debilidad institucional en los municipios y a quien se opone lo matan”, advirtió.

Fernando Coca explicó que comenzó su investigación al revisar los índices de mortalidad por homicidio doloso en México y encontrar una coincidencia entre el crecimiento de la violencia y el ingreso ilegal de armamento de uso militar procedente de Estados Unidos.
La violencia, señaló, no podía explicarse únicamente a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, sino también por el acceso de los grupos criminales a fusiles con una capacidad de fuego superior.
“Lo que realmente estaba provocando tanta violencia era el flujo ilegal, el comercio ilegal de armas de uso militar que se estaban vendiendo en Estados Unidos y terminaban en nuestras calles”, sostuvo.
En territorio estadounidense, añadió, existen más armas que habitantes y las disposiciones de algunos estados permiten adquirir fusiles de alto poder con mayor facilidad que ciertos medicamentos.
Incluso, dijo, una persona menor de 21 años puede enfrentar más restricciones para consumir bebidas alcohólicas o fumar que para acceder a determinadas armas.
Esta permisividad contrasta con las leyes mexicanas, donde la Secretaría de la Defensa Nacional es la única institución autorizada para vender armas legalmente y el acceso para la población está limitado a calibres menores.
El periodista se pronunció en contra de ampliar el calibre permitido para la defensa personal, aunque reconoció que tener un arma en el domicilio es un derecho establecido en México.
“Todas las estadísticas nos dicen que cuando hay un arma en algún lugar y en algún momento se usa, alguien muere”, indicó.
Advirtió que un ciudadano con un arma permitida legalmente queda en desventaja frente a un integrante del crimen organizado equipado con fusiles automáticos o armamento capaz de disparar decenas de proyectiles en segundos.
“En lo que tú disparas seis, nueve o 12 tiros, él, de un solo jalón, dispara 100”, ejemplificó.

Balas con remitente documenta 11 rutas identificadas por autoridades mexicanas y estadounidenses para el tráfico de armas desde la frontera norte hacia diferentes regiones del país.
Entre ellas se encuentran trayectos que parten de McAllen y llegan hasta Tuxtla Gutiérrez, así como la ruta que comienza en Brownsville y termina en Oaxaca.
Las armas no cruzan completas en todos los casos. Algunas son desarmadas para trasladarlas por partes y posteriormente volverlas a ensamblar en México.
De acuerdo con Fernando Coca, los grupos criminales utilizan las mismas redes para introducir armas hacia el sur y transportar fentanilo hacia el norte.
“Por la misma vía traen las armas y por esa misma vía suben al norte y se llevan el fentanilo”, explicó.
El investigador sostuvo que existe una relación directa entre ambos mercados: el armamento permite a las organizaciones criminales proteger sus rutas, confrontar a las autoridades y mantener el control territorial necesario para producir y trasladar drogas.
“El remitente es el crimen organizado, pero una bala disparada en México se transforma, en la ruta contraria por donde llegaron las armas, en dosis de fentanilo”, señaló.
Por ello, consideró que Estados Unidos no podrá contener el tráfico de fentanilo mientras no reduzca la salida ilegal de armas hacia México.
“Si no se contiene el flujo de armas a México, no vamos a poder detener el flujo de drogas, principalmente fentanilo, hacia allá”, puntualizó.
Para Coca Meneses, la violencia armada que México enfrenta y la crisis de salud pública por sobredosis en Estados Unidos son dos consecuencias de una misma red criminal binacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos tienen identificadas las principales rutas del armamento, afirmó el periodista.
Al mapearlas, añadió, es posible relacionarlas con desapariciones, masacres y disputas territoriales ocurridas en lugares como Jalisco, Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas.
“Esas rutas trafican personas, trafican drogas y trafican armas. Evidentemente, las autoridades saben por dónde y cómo”, afirmó.
No obstante, atribuyó la permanencia del tráfico a su magnitud, a la corrupción y a la presunta colusión de policías y otras autoridades de ambos países.
También señaló que resulta más sencillo cerrar una investigación por homicidio o masacre que rastrear el origen de las armas y municiones empleadas.
“Es mucho más fácil darle carpetazo a una masacre o a un homicidio que seguir la ruta de las armas y de las balas utilizadas en esos hechos”, lamentó.
Una investigación completa, explicó, tendría que establecer dónde fue vendida el arma, quién la compró, cómo cruzó la frontera y por qué terminó en manos de una organización criminal en México.

Fernando Coca identificó deficiencias en los registros de las fiscalías, ministerios públicos y hospitales mexicanos.
Los informes suelen indicar únicamente que una persona fue herida o asesinada con un arma de alto calibre, sin precisar el tipo de arma, el calibre utilizado o las características de los proyectiles.
“¿Qué calibre?, ¿qué arma? Es genérico”, cuestionó.
Esa falta de precisión impide construir una base de datos que relacione las armas con homicidios, regiones, rutas y posibles compradores en Estados Unidos.
El periodista advirtió además que algunas armas aseguradas desaparecen después de quedar bajo resguardo de las autoridades.
Aun con estas limitaciones, los rastreos realizados establecen que alrededor del 70 por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos.
Coca Meneses mencionó casos de armas compradas en Houston y localizadas apenas unos meses después en escenas criminales de Michoacán.
“Hay muchas armas que se compraron el 12 de marzo en Houston y aparecieron el 1 de junio en Morelia”, ejemplificó.
El corto periodo entre la compra y su recuperación en México, que puede ser de uno a seis meses, permite presumir que algunos vendedores y compradores conocen el destino final del armamento.

Otro punto que impulsó la investigación fue la demanda que el Gobierno de México presentó en 2021 en Boston contra empresas fabricantes de armas estadounidenses, una acción promovida por Marcelo Ebrard Casaubon, entonces secretario de Relaciones Exteriores, quien encabezó la presentación del litigio.
La demanda fue interpuesta el 4 de agosto de 2021 ante la Corte Federal de Distrito en Massachusetts y señaló a fabricantes y distribuidores por prácticas comerciales que, de acuerdo con el Gobierno mexicano, facilitaron el tráfico ilícito de armas hacia México.
Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el procedimiento, Coca Meneses consideró relevante que el caso recorriera las distintas instancias del sistema judicial.
“Cuando todo el mundo pensaba que no iba a tener éxito, llegó a la Corte, y eso ya es mucho que decir”, indicó.
El fallo, explicó, dejó antecedentes jurídicos que pueden influir en futuros litigios relacionados con la responsabilidad de fabricantes y distribuidores.
A esta acción se sumó una segunda demanda presentada en Tucson, Arizona, contra establecimientos y personas dedicadas a vender las armas.
El autor señaló que detrás de las compras existen prestanombres y redes que adquieren legalmente el armamento para entregarlo posteriormente a organizaciones criminales.
Todos conocen dónde se venden las armas, añadió, pero existe poca información pública sobre quiénes las compran y cómo terminan en México.

Sobre los programas de canje y desarme voluntario, Coca Meneses reconoció que pueden ayudar a prevenir violencia intrafamiliar, suicidios y conflictos vecinales.
Sin embargo, consideró que su alcance es limitado frente a fusiles AR-15, rifles Barrett calibre .50 y otras armas empleadas por los grupos criminales.
“Funciona para evitar violencia intrafamiliar y conflictos vecinales, pero para confrontar al crimen organizado no tenemos cómo parar”, expresó.
Las armas entregadas por la ciudadanía generalmente no corresponden al poder de fuego utilizado en enfrentamientos, homicidios múltiples y ataques contra autoridades.
El problema central, insistió, es impedir el ingreso de armamento originalmente diseñado para fuerzas militares.

Tijuana fue una de las escalas de la gira nacional de presentación de Balas con remitente, que también ha llegado a Mexicali, Querétaro, Peña de Bernal, Ciudad de México, el Colegio de Bachilleros y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El periodista adelantó que prepara una fecha para presentar el libro en Oaxaca, que en su momento dará a conocer.
Su intención es recorrer las 32 entidades del país antes de agosto para mostrar que el tráfico de armas no afecta exclusivamente a las ciudades fronterizas o a los estados con mayores índices delictivos.
“No es privativo de Tijuana, de Hermosillo o de Apatzingán. Es un tema que está afectando a todos”, afirmó.
Fernando Coca Meneses es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ejerce el periodismo desde 1984.
Durante más de cuatro décadas ha trabajado en medios regionales y nacionales, con especialización en las fuentes política, legislativa y electoral.
También fue coordinador de información en Televisa, columnista y director de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
Es autor de Línea Dorada, los lobos al acecho, investigación sobre la construcción, el cierre y las controversias políticas relacionadas con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Con Balas con remitente, el periodista busca trasladar a la discusión pública el sistema que permite comprar legalmente armas de alto poder en Estados Unidos y transportarlas ilegalmente hasta comunidades mexicanas.
“No se trata solamente de investigar el tráfico, sino el sistema que permite ese tráfico”, comentó.