Ataques a militares: narco y la disolución del Estado

Indicador Político

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de octubre de 2016.- En las altas esferas de la estrategia política del gobierno hay reticencia a usar los conceptos precisos para no alarmar; sin embargo, los ataques del crimen organizado contra el ejército han llegado a los linderos de una guerra convencional por el control del Estado.

Si bien el objetivo del ataque de narcos a militares en Culiacán fue rescatar a un capo herido que era trasladado, la forma y el fondo implicó ya una declaración de guerra contra los militares que no se veía desde que en 1994 el EZLN como guerrilla zapatista declaró la guerra al ejército mexicano y al Estado. Y las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado democrático.

Las fases de inestabilidad, desestabilización, ingobernabilidad, revulsión y protestas activas han sido ya rebasadas como protestas o como forma de conseguir beneficios para arribar a nuevas formas de confrontación con el Estado, el gobierno y el poder: la disputa del crimen organizado por territorios del Estado desde 1985 para instaurar formas de gobierno gansteriles y no institucionales en zonas de Jalisco, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Veracruz y quitárselas al Estado.

El centro del conflicto se localiza en una fase de la crisis de autoridad: la colocación de grilletes al ejercicio de la función protectora del Estado ha llevado a la etapa conocida como la disolución del Estado. A partir de las concepciones modernas del Estado como poder, fuerza y autoridad (Alejando Passerin d´Entrèves), en México el Estado se ha ido diluyendo como garante de la seguridad interior.

El caso de Sinaloa fue claro: los militares habían sido acotados en el uso de armas y fueron atacados por grupos criminales con armas superiores a las portadas en ese momento por el ejército. Y si las fuerzas armadas son la última línea de defensa de los intereses nacionales ante enemigos -ya no adversarios- de la sociedad, entonces el acotamiento a su fuerza por reglamentaciones políticas ha llevado a un Estado incapaz de defender a los ciudadanos.

El ataque contra militares en Culiacán y el saldo de militares asesinados por criminales es un indicio de guerra convencional por el control territorial de parte del Estado. Ya no se trata de raterillos o salteadores, sino de grupos criminales que han asumido el control de espacios territoriales del Estado para imponer su ley. Organizaciones criminales disputan hegemonía al Estado para instaurar el Estado criminal manejado por capos del crimen organizado.

Aunque la doctrina de los derechos humanos no quiera reconocerlo, el Estado sigue siendo el monopolio de la fuerza y de la represión para derrotar a quieres quieren la dirección política del Estado para intereses criminales; y esa fuerza del Estado es administrada por poderes que representan la soberanía popular. El ataque contra militares fue un asunto central de seguridad nacional, política y territorial del Estado mexicano.

The White House 2016: Las campañas presidenciales en los EE.UU. han entrado en un receso para que los candidatos preparen el segundo debate el próximo domingo 9 de octubre. Los asesores de Trump lo entrenan para moverse en dos pistas: atacar sin piedad a Hillary y mostrarse como líder político mundial, lo que obligará a un autocontrol. Y del lado de Hillary Clinton sólo la aconsejan resistir, responder y no perder la seguridad. Hay analistas que creen que el segundo debate decidirá la contienda.

Política para dummies: La política es el oficio de la resistencia en las contradicciones para no ceder al adversario pero tampoco aplastarlo para acelerar los conflictos.

Sólo para sus ojos:

Reacomodo en Gobernación: llega a la Subsecretaría de operación política el senador René Juárez, exgobernador de Guerrero. Su estilo es bronco y ajeno a las concesiones. Sólo falta que lo dejen trabajar.

El tema de la deuda pública tiene un referente: en 1992 Carlos Salinas renegoció la deuda para bajar el pago del servicio, pero hoy ese rubro es mayor al que existía en 1992.

El PRD quiere privilegios presupuestales; y a pesar de tener una bancada en el congreso donde se aprobará o ajustará el gasto, ha preferido la estridencia de salir a la calle a protestar y exigir más dinero. Por cierto, Miguel Ángel Mancera no se considera gobernante del PRD y por eso no marcha con otros; o a lo mejor ya hizo acuerdos en lo oscurito.

Ingenuidad y torpeza de Josefina Vázquez Mota: suponer que el gobierno federal no le sacaría los subsidios a su organización si quiere quitarle el Estado de México, tierra presidencial, al PRI. Sin ella, el PAN no tiene posibilidad de ganar esa plaza y por tanto bajará sus posibilidades en las presidenciales de 2018.

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