Atentados pueden ser acción del Estado para criminalizar la protesta

OAXACA, Oax. 14 de diciembre de 2016.- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., donde se agrupan diferentes organizaciones no gubernamentales, pidió a la Fiscalía de Oaxaca aclarar a la brevedad los ataques suscitados en los bancos y Prodecon en la ciudad de Oaxaca.

Yessica Sánchez Maya, representante de Consorcio, dijo que los defensores de derechos humanos son los primeros en solicitar al Estado esclarezca este tipo de hechos.

“El Estado está obligado a esclarecer estos hechos, porque quién nos asegura que no es una acción del propio estado con tal de rebotar hacia el movimiento”, preguntó.

Abogada, feminista, la ex presidenta de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos en 2006 en Oaxaca, dijo que esto puede ser parte de la presión política que ejerce el Estado.

“Coincide con que se abren los trabajos de la 22 (Sección 22 del SNTE) con el nuevo gobernador, hay que revisar con mucha claridad el asunto”, expuso.

Dijo que como defensores saben que deben ir documentando estos hechos y denunciar, en su caso, si es una acción del estado para criminalizar la propuesta social.

Por ello exigieron a la Fiscalía actúe con estricto apego a derecho y aclare la situación.

En Oaxaca, un supuesto grupo de anarquistas se adjudicó la autoría de las explosiones de artefactos caseros y el Fiscal de Oaxaca minimizó el hecho como un asunto de vandalismo.

“Es una exigencia la exhaustividad” con que lleven las investigaciones dijo Sánchez Maya, ya que consideró que es el Estado quien politiza al sistema y lo usa en contra de los defensores y otros sectores.

Yessica Sánchez Maya fue entrevistada durante el informe sobre Detenciones Arbitrarias e Ilegales, criminalización, una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México.

En este informe incluyeron el caso de Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña, Nestora Salgado y Pedro Canché. En el caso de Damián Gallardo y Librado Jacinto, la autoridad ha presentado denuncias por la presunta comisión de diversos delitos.

Los defensores de derechos humanos han considerado las pruebas y los expedientes una especie de fabricación para “criminalizar la protesta social”.