Autocrítica laxa

Miscelánea, salud y política

La franqueza y la rendición de cuentas en una
democracia es muy importante. La hipocresía no tiene
cabida: Alan Dershowitz

Cuando a un mandatario se le pasa la mano en eso de hacer juicios que se le puedan revertir quizá se trate de un problema de carencia de capacidad autocrítica para reconocer su realidad objetiva, parece chiste demandar que “por vergüenza, renuncien –los fiscales de justicia estatales– quienes no den resultados positivos». ¿No lo cree? Ocurrió en la conferencia mañanera de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo medir el éxito o fracaso de la administración en curso?
En los dos últimos años, México cayó en su Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide esperanza de vida, salud, educación e ingresos, al pasar del lugar 74 al 86, según el ranking elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente a 2021-2022.
La esperanza de vida pasó de 75.1 en 2020, antes de la pandemia, a 70.2 años en 2021-2022, una caída drástica, ubicándose en el lugar 86 de 191 países y en el 11o. en América Latina, por debajo de Chile, Argentina, Bahamas, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Cuba y Perú.
En esta drástica reducción del IDH en México influyó también la disminución del ingreso promedio por habitante: pasó de 19 mil 160 dólares a 17 mil 896 en 2021, esto es una baja del 6.5%, y lo peor, se espera que ese ingreso siga reduciéndose aún más, dados los malos resultados que hemos experimentado en lo relativo al crecimiento económico, desde el inicio del gobierno Lopezobradorista, donde sus expectativas de crecimiento programadas no se han alcanzado, por lo que en 2022 será menor al 2% anunciado.
Según el Informe “Disminución mundial y nacional de la esperanza de vida: una evaluación de finales de 2021”, de Patrick Heuveline, del Centro de la Universidad de California para la Investigación de la Población (CCPR), la disminución en cuatro años en nuestra esperanza de vida está relacionada con las carencias en el acceso a los servicios de salud durante la pandemia de Covid-19.
Explica que la esperanza de vida global ha caído por debajo del nivel de 2013, después de 69 años de aumento ininterrumpido (1950-2019). México, según el citado estudio, fue la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una caída mayor, al registrar seis años menos que el promedio de los miembros.
Existen otros indicadores sobre el exceso de mortalidad de hombres y mujeres a causa de una pandemia mal gestionada y, si a estas cifras sumamos las que ocurren cada día por violencia criminal y enfermedades prevenibles, en lugar de ocupar tiempo en hacer listas de quiénes son los tapados para el 2024 de la oposición o promover sus corcholatas de Morena, bien haría el titular del Ejecutivo en ocuparse de gobernar-administrar, delegar entre sus colaboradores la aplicación de políticas y recursos públicos, revisar índices de cumplimiento y eficiencia.

Cuando menos, el costoso aparato burocrático debiera ponerse a trabajar lo que resta del sexenio, y dado que la mayoría de los funcionarios carece de experiencia profesional para el cargo, debido a que «el patrón» los eligió por leales no por eficientes, es necesario que busquen la mejor asesoría de especialistas expertos en materia de seguridad y en salud pública para evaluar los programas en marcha, corregir las fallas y replantear estrategias a fin de frenar la mortalidad alcanzada, por encima de países en guerra.
Aquella frase que parecía sin sentido dicha por el presidente López Obrador de que la pandemia le caía «como anillo al dedo», con los resultados hasta hoy obtenidos, bien podría interpretarse como el pretexto perfecto para justificar el estancamiento económico, el desvío de recursos del sector salud y para la compra de medicamentos o para justificar el delegar al sector militar la construcción de megaproyectos carentes de estudios de viabilidad, sólo para evitar la transparencia y rendición de cuentas prometida.
De acuerdo a la «Medición multidimencional de la pobreza» que incluye la carencia de un servicio público de salud (IMSS, ISSSTE, etc.), gracias al Seguro Popular se había reducido 42 puntos porcentuales del año 2000 al 2015, al pasar de 58.6% a 16.7%. Lamentablemente, esta medición realizada por CONEVAL en 2020 dio por resultado que la carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional pasó de 16.2% en 2018 a 28.2%. Los estados más afectados fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ya de por sí entre los más pobres.
Las reformas constitucionales vigentes, promovidas por la llamada 4T, no bastan para hacer realidad los programas sociales ni el derecho a la salud (DOF-2020), menos aun cuando en los hechos se anteponen a los valores universales y humanos los intereses partidistas que pervierten el objetivo social al declararlo «sistema de salud para el bienestar», palabra emblema del gobierno cuatroteísta.
Las presiones al INE y al TRIFE por parte del gobierno han servido para dejar pasar por parte de quienes debieran impedir que a la ciudadanía no se le condicionen los programas sociales, como es el caso de los propagandistas llamados «servidores de la nación», uniformados con los colores de Morena, encargados de supeditar la prestación de servicios gratuitos como la vacunación a cambio del compromiso de votos para candidatos morenistas o «consultas populares» y apoyos al gobierno de AMLO.
Elevar a garantía constitucional que las personas con discapacidad permanente puedan recibir apoyos económicos, los adultos mayores de 65-68 años pensiones, y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública becas recibió la aprobación de todos los partidos políticos representados en el Congreso, por lo que estas conquistas no obligan a los ciudadanos a ser incondicionales al presidente López Obrador, recordemos que toda prestación del Estado se realiza con recursos públicos.
Preocupan a la opinión pública las filtraciones del hackeo realizado por el grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre estas destaca la información sobre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien como gobernador de Tabasco nombró como funcionarios de seguridad estatal a personas relacionadas con la delincuencia organizada.
Muchos dimes y diretes han surgido, como una confrontación inexistente entre el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y legisladores y gobernadores de oposición, lo extraño es que esta fue azuzada por el propio secretario de Gobernación y respaldada por el jefe Supremo de las fuerzas armadas, presidente López Obrador.
El objetivo parece ser evitar que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval comparezca ante comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados y rinda cuentas sobre acciones que implican a militares y explique la vulnerabilidad de la SEDENA frente a la delincuencia. ¿Qué esconden?
***A mis estimados lectores informo que tomaré unas vacaciones, por lo que mis colaboraciones a Quadratín a través de esta columna reaparecerán el miércoles 9 de noviembre. Gracias, hasta pronto.