Ayotzinapa, manoseo político

Miscelánea, salud y política
En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira,
todo es según el color del cristal con que se mira:
Ramón Campoamor

La verdad histórica confrontada ahora por la verdad de AMLO, en lo fundamental no varían: «no
hay –y no había- indicio alguno de que los normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida.
Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados
y desaparecidos», esto sin dejar de ser una vileza, ya lo sabíamos, al igual que la declaratoria
de que se había cometido un crimen de Estado en el que estuvieron involucradas autoridades
gubernamentales y el grupo delincuencial Guerreros Unidos.
En ambos periodos se ha querido resolver este horrendo crimen masivo cometido hace 8 años
haciendo uso político a conveniencia de los grupos en el poder, sin desentrañar
fehacientemente los hechos ni identificar a los responsables. Ahora se giraron 33 nuevas
órdenes de aprehensión. Por mencionar algunas estadísticas sobre el caso ocurrido hace 8
años: 26 personas han sido asesinadas por conocer de los hechos y 77 han sido liberadas por
invocar tortura.
El gobierno de la 4T presentó el pasado jueves 17 el Informe Presidencial de la Comisión para
la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del caso Ayotzinapa y al otro día, sin el debido
proceso, ofrendó para el linchamiento púbico al exprocurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, a quien detuvieron en un aparatoso operativo, con decenas de agentes
armados, pero montado con tanta celeridad que el policía al frente ni siquiera mostró orden de
aprehensión y sí externó su pesar.
Murillo será enjuiciado por «la creación de esa verdad histórica, acción que ocultó la verdad de
los hechos, alteró las escenas del crimen, los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la
participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la
procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes», se asentó en el Informe leído por
el presidente de la COVAJ, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Con la presentación del informe arrancó el nuevo montaje propagandístico para mantener la
popularidad de AMLO y ocultar la debacle gubernamental en materia de seguridad con
alrededor de 130 mil homicidios y contando; la inflación sin precedente en los últimos 20 años,
de 8.62 en la primera quincena de agosto; el rebase de 500 mil muertos por COVID, que nos
coloca en el cuarto lugar mundial por mortalidad reconocida oficialmente, sin contar que existe
un subregistro mayor al 50 por ciento.
Esos y otros indicadores refieren un desastroso cuarto año de gobierno, al entrar en la recta de
la sucesión presidencial, por eso se puede interpretar que fue necesario dirigir los reflectores a
la maquinaria de justicia, al fin que el control en tiempo y forma es operado por el inquilino de
Palacio Nacional, a su conveniencia, uso y arbitrio, sin recato alguno a la autonomía de la FGR.
De esta forma, el primer mandatario hace como que cumple con el compromiso hecho a padres
y madres de los normalistas de Ayotzinapa, refuerza su credibilidad ante sus huestes
morenistas y protege a los altos funcionarios involucrados en esos hechos, pero ahora leales a
la 4T, algunos jefes del Ejército, así como sus aliados inconfesables, estatales y municipales.
Por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, a quien se le
involucra en el cónclave de siete funcionarios que crearon «la verdad histórica», ya salió en su

defensa su jefa Claudia Sheimbaum.
Así también se podría explicar que López Obrador, de antemano, haya exculpado al
expresidente Enrique Peña Nieto y al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador
Cienfuegos: «…ellos, no serán requeridos, sólo los que participaron en forma directa», aclaró en
su mañanera del pasado día 22, y en contrapartida aseguró que Murillo Karam ya se inculpó
solito pues, repite en su mañanera: «…el señor menciona que él es el responsable con el señor
Zerón».
Inexplicablemente, ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI),
que surgió del acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el
gobierno, el 18 de noviembre de 2014, ni los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa
conocían ni fueron consultados sobre el Informe Presidencial, cuando ellos son los principales
partícipes en la evolución del caso. El Informe lo conocieron a través de Encinas.
Las acusaciones en contra de Jesús Murillo Karam son tortura, desaparición forzada y delitos
contra la administración de justicia. Este día el juez lo vinculó a proceso y como, al parecer, se
programó desde la presidencia de la República, de encontrarse culpable de tortura -que haya
infligido a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de
obtener información o una confesión, etc.–, se le aplicará prisión de tres a 12 años (multa e
inhabilitación); y por desaparición forzada, delito que se persigue de oficio –no prescribe–, en
tanto el paradero de la persona desaparecida no se haya determinado o sus restos no hayan
sido localizados y plenamente identificados no se podrá dictar sentencia. Hasta la fecha sólo
tres de los 43 ha sido identificados.
Alejandro Encinas, uno de los pocos políticos allegado a López Obrador que goza de buena
reputación y credibilidad a estas alturas de la administración, ahora que la 4T decidió declarar
muertos a los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos deberá estar dedicado a hacer
el trabajo de contención para mantener bajo control las protestas de los familiares de los
normalistas, a quienes alentaron desde la oposición y luego durante casi cuatro años de
gobierno a mantener la esperanza en que aparecerían vivos los muchachos.
Para los buscadores de justicia para sus hijos, hermanos o familiares victimizados aquella
fatídica noche de Iguala, seguramente no es menor que haya a quien ajusticiar como culpable,
aunque se trate de una justicia selectiva. Ojalá sea atendido el requerimiento del GIEI para
conocer las nuevas pruebas documentales y grabaciones en que se sustenta el Informe
Presidencial dado a conocer y se avance en encontrar la verdad de fondo de esta tragedia. El
caso Ayotzinapa reúne los males agravados de un sistema de justicia enfermo, pero en lugar
de curarlo, la 4T ha logrado agravarlo.