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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 6 de julio de 2019.- El caso de María Teresa Carrizales Hernández, ex oficial del Registro Civil número 11 desalojada violentamente de su despacho por órdenes del alcalde Xavier Nava Palacios, puso en el ojo del huracán al Ayuntamiento de San Luis Potosí, municipio incluido hace dos años en la declaratoria de Alerta de Género.
En medio de la controversia sobre la facultad que puede atribuirse o no el Ayuntamiento para remover de su cargo a la oficial, trasciende que -según acusa Teresa- ella denunció posibles actos de corrupción de la alcaldía, mediante el aumento indebido en costos de actas oficiales y trámites.
Las imágenes difundidas el martes 2 de julio, muestran a una servidora pública sometida por tres mujeres agentes de Seguridad Pública Municipal, Teresa Carrizales fue literalmente arrastrada desde su escritorio hasta una patrulla, remitida a la barandilla de la corporación bajo el cargo de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, tuvo que pagar 200 pesos para quedar en libertad.
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