OAXACA, Oax., 17 de marzo de 2019.- He insistido en que la historia de México y sus transformaciones puede interpretarse en buena medida como la lucha por la Constitución y los derechos individuales y sociales.

Antes y después de Benito Juárez y hasta  nuestros días esa dinámica es evidente. Toda transformación genera una nueva institucionalidad.

Si la 1a Transformación durante la Independencia se motivó en la reivindicación de los derechos de criollos, mestizos, indios y castas frente a la elite española-peninsular en el contexto internacional de la primera revolución industrial y las revoluciones políticas transatlánticas, su expresión constitucional se proyectó en Cádiz en 1812 y en Chilpancingo en 1814.

Ese litigio se resolvió 10 años después en la Constitución federal de 1824, así como en las constituciones estatales que reflejaron el precario equilibrio entre Estado, Iglesia y Militares encima de un extenso territorio y masas atrapadas en una sociedad y economía semifeudales.

Ello tuvo lugar en medio de un dramático cambio del eje hegemónico hispano-lusitano al anglosajón.

En México, el giro centralista de las siete leyes constitucionales de 1836 y las recurrentes dictaduras de Santa Anna y los conservadores forjaron las condiciones de la 2a Transformación comandada por los entonces progresistas liberales de la Reforma.

La Reforma separó la Iglesia del Estado y consolidó un marco constitucional liberal legalista proto-laico con presidente débil y poderes legislativos y judiciales fuertes orientados al propósito de garantizar los derechos individuales y un gobierno bajo control.

La lucha por la Constitución de 1857 y sus homólogas locales enfrentó a las reaccionarias como el Plan de Tacubaya de ese mismo año y, más tarde, al Estatuto del Imperio de Maximiliano.

Luego del triunfo juarista en 1867 y la restauración de la República que se extendió hasta 1876, la presidencia trocada en dictadura constitucional de Porfirio Díaz y su giro personalista centralizante desembocó en la 3a transformación durante la Revolución.

En esta ocasión, la lucha por recuperar la Constitución liberal de 1857 se enfrentó al reclamo entonces vanguardista por garantizar los derechos sociales a la educación, la tierra y el trabajo  de mayorías depauperadas por élites nacionales y extranjeras que comprometieron la soberanía sobre los recursos naturales y revirtieron los avances del estado laico.

Por ende, se planteó una Presidencia fuerte y congresos y judicaturas débiles para cumplir con el programa social en el contexto internacional de la 2a revolución industrial, la 1a Guerra Mundial y el ascenso de la Unión Soviética.

La lucha por la Constitución no concluyó en 1917 sino diez años después, cuando sus líderes triunfantes enfrentaron la Guerra Cristera y su propuesta de Constitución que proyectaba una representación política corporativa sin elecciones.

Esa victoria  sangrienta también costó la vida del principal caudillo revolucionario recién reelecto a la Presidencia y motivó la consumación del cambio de régimen.

El tránsito de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) de 1929 a Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1938 y a Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1947 institucionalizó la lucha por la Constitución.

Esa lucha se dio en los siguientes decenios dentro del paraguas institucional a través de las propuestas del Partido Acción Nacional (PAN) fundado en 1939 y el Partido Popular Socialista (PPS) en el año 1948, todo ello en el contexto de la Guerra Fría y acuerdos estratégicos entre México y el actor hegemónico occidental, los Estados Unidos.

El agotamiento del ciclo nacionalista socialdemócrata antiliberal y anticomunista en los años 70 a 80, y la caída del Muro de Berlín en 1989 y de la Unión Soviética en 1991 provocaron en un México más industrial y urbano una nueva liberalización de la vida nacional, de la economía a la cultura y el Derecho.

La lucha por la Constitución de 1978 a 2018 se expresó en el 70 por ciento de las 700 reformas que en cien años fueron introducidas a su texto.

El progresivo giro neoliberal a lo largo de estos últimos 40 años aumentó el individualismo, fortaleció al sector empresarial oligárquico y, a la vez, redujo el poder presidencial que fue a dar a los partidos, los gobernadores, los congresos, el Poder Judicial federal y algunos órganos autónomos, así como a poderes fácticos e ilícitos múltiples que privatizaron las funciones y las rentas públicas neutralizando la labor social del Estado.

Como consecuencia, creció el comercio y el poder de las élites junto con la desigualdad y la pobreza de una población expandida, desperdiciada e insatisfecha.

El giro neoliberal potenció e internacionalizó los derechos individuales, incluidos los derechos políticos, sólo que a costa de los derechos sociales, colectivos y comunitarios.

Además, la suma de la 2a y la 3a revoluciones industriales con las nuevas tecnologías  genómicas y de comunicación han venido provocando un recambio en el contexto internacional entre Estados Unidos, China y Rusia. 

Esas revoluciones industriales están afectando a todas las instituciones sociales: del género y la familia al trabajo, el estado y la empresa, lo cual incentiva alteraciones múltiples en liderazgos y relaciones políticas.

La llegada al poder de opciones populistas, populares, sociales y comunitarias de izquierda y derecha no se ha hecho esperar tanto en democracias consolidadas como emergentes.

En México ha cobrado la forma del joven partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que se diferencia de sus opuestos porque asume una versión de la democracia radical en favor de los derechos sociales optando por el re-fortalecimiento del Estado a través del Presidente y la consulta directa al pueblo como instrumento táctico de gobierno.

La nueva lucha por la Constitución y los derechos sociales y colectivos ha producido ya, como ocurrió en periodos post-revolucionarios previos, ahora en un contexto de grave violencia criminal, sus primeras expresiones jurídicas. 

Se incluyen los temas de la extinción de dominio, el agravamiento de ciertos delitos y la Guardia Nacional.  A ellos se sumarán las consultas populares y la revocación del mandato, entre otras más en camino. Por debajo del nivel constitucional se observa el inicio de una política de redistribución de recursos a los grupos vulnerados y vulnerables.

Sí Juárez y los liberales reformistas de mediados del siglo 19 salvaron a la Nación y fundaron un estado de legalidad sustituido incompletamente por el estado neoliberal y neoconstitucional favorable a los derechos individuales, la 4T ha comenzado una nueva lucha.

Esta lucha de hoy como las tres previas durará al menos una década, generará muy fuertes resistencias y desembocará tarde o temprano en otra Constitución en torno a la cual continuará la batalla por priorizar antiguos y nuevos derechos. Esta nueva lucha y programa también deberá institucionalizarse.

Esta nueva lucha y programa también deberá institucionalizarse.

Si los mexicanos vamos a ser exitosos es porque en años por venir concretaremos una nueva síntesis transformadora en la 4a República.