Guerra anti taurina; el prohibicionismo es antesala de la tiranía
El siguiente es un fragmento de tal conversación:
Carmen Aristegui: Déjeme cerrar esta conversación a reserva de que estos videos, si los toman, pues a lo mejor les ofrecen informaciones adicionales…
Miguel Ángel Pech: Si nos contactan, Carmen, estas personas, nosotros procederemos a hacerlas lícitas, hacerlas lícitas para que, en todo caso, en su momento nos las tomen; no tiene caso que las agregue, no puedo hacer… pero en este momento…
CA: No, no creo, ¿eh? Pero, imagínate que le digas a alguien… Te entiendo, fiscal, y entiéndenos a nosotros, imagínate que yo le diga a la persona que nos lo mando, que vaya y se presente y te entregue este video; no lo va a hacer, Miguel Ángel, nos pidió anonimato…
MAP: Nosotros también tenemos que cumplir con el cometido de lo que ahora se llama prueba lícita o ilícita.
CA: ¡Qué barbaridad!, pues qué hacemos, Miguel Ángel, está el video y no lo puedes usar si la persona no lo ratifica, pues qué te digo…
MAP: Si algún juez de control nos da la autorización, pues haremos las gestiones…
Este es un gran ejemplo de las razones por las cuales, a la fecha, no es eficiente el sistema de justicia penal. Lo dicho por el fiscal Pech, además de exhibir un profundo desconocimiento del sistema de justicia acusatorio ―obtener un video de un portal de noticias no tiene nada que ver con prueba ilícita―, evidencia que las fallas obedecen más a cuestiones de práctica que normativas.
El nuevo modelo exige que la investigación sea desformalizada, es decir, los fiscales y la policía, una vez recibida la noticia criminal, deben buscar información, entrevistar a testigos, revisar fotografías, documentos, videos y todo lo que sea necesario para construir un caso. A partir de las acciones de investigación ya los fiscales determinan con cuáles medios de prueba cuentan y aquellos que les interesa llevar a juicio para acreditar su acusación.
Lo dicho por el fiscal Pech, además de exhibir un profundo desconocimiento del sistema de justicia acusatorio ―obtener un video de un portal de noticias no tiene nada que ver con prueba ilícita―, evidencia que las fallas obedecen más a cuestiones de práctica que normativas
Aunque la «carpeta de investigación» es solo un registro de la información recabada, cuya finalidad es garantizar el derecho a la defensa, lamentablemente se ha convertido en el nuevo fetiche, dueño y señor de todas las formalidades y resabios inquisitoriales.
En este caso lo esperado era que el fiscal respondiera: «¡Excelente, vamos a analizarlo!», sin mayor perorata. Pero su respuesta, además de evidenciar, como se ha dicho, el desconocimiento del sistema, muestra el pensamiento burocratizado prevaleciente en la mayoría de las fiscalías del país.
Así, en tanto no se haga una reflexión profunda sobre las prácticas y se tomen medidas para transformarlas, difícilmente se consolidarán los cambios.
Gabriela Ortiz Quintero
Es abogada por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad del País Vasco, y maestra en Derecho y Litigación Oral por la Southwestern Law School. Desde 2006 ha estado involucrada en implementación y capacitación sobre el sistema acusatorio en México, en PRODERECHO/USAID, y es capacitadora certificada por SETEC. Fue coordinadora de Capacitación en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales [Buenos Aires] y del área de Investigación, como socia fundadora, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, AC [San Cristóbal de las Casas, Chiapas].
