En busca del poder desde el poder

Hacia el 1/7/18
Semana 3 de precampañas

OAXACA, Oax., 31 de diciembre de 2017.- Notorio que el ámbito internacional electoral, partidario y de gobierno continúa enviando mensajes en clave. Otro tanto se observa en los planos nacional y local oaxaqueño.

En Perú, el azar de la política ha llevado al excarcelamiento de Alberto Fujimori, quien ahora tiene en sus manos al Presidente Kuzcinsky condicionado a un incómodo cogobierno los 3 años y medio que le restan a su periodo.

Se trata del país con el sistema presidencial semiparlamentario más débil de América Latina, solo comparable con Guatemala, en donde en 30 años ningún partido repite dos periodos en la Presidencia.

Una sola cámara en el Congreso, jefe de gabinete, el viejo APRA, jóvenes partidos débiles, hombres fuertes, reelección legislativa y municipal consecutiva y reelección presidencial después de pasado un periodo, hacen de Perú un caso reflejo prospectivo para México.

Al menos allá han crecido a más del 5% en la era post Fujimori, es decir los últimos 20 años. Aquí no.

Aquí el Presidente, según Pedro Salazar en su reciente libro “El Poder Ejecutivo en México” (FCE, 2017), ha pasado de la gran hegemonía que lo convertía casi en un “monarca sexenal”, –dijera Cossio Villegas–, basada en facultades metaconstitucionales (por fuera de la Constitución) –como lo documentó en su día Jorge Carpizo–  a la pluralidad fragmentada del sistema político y de los órganos autónomos de los 90’as en adelante.

Quizás por ello el recurso al gobierno de coalición con base parlamentaria, previsto ya en los artículos 74, 76 y 89 constitucional, pero aún sin su ley reglamentaria respectiva, le signifique, a quien gane en julio próximo, un indispensable instrumento para la gobernabilidad.

Veremos que resuelve y opina el electorado.

En Rusia, la otra cara de la moneda, el reinado de casi 20 años de Vladimir Putin mediante ingenioso gobierno dual que le permite alternarse con su aliado, Medvedev, el cargo de Presidente y el de Primer Ministro, ha sido la fórmula para darse el lujo de registrar una vez más su candidatura independiente con 300 mil firmas de apoyo y la proscripción judicial de su principal opositor.

La envidia de los nuestros, de Peña al Bronco y hasta de Marichuy, aunque esta lo intenta de la sociedad.

Ahí tenemos dos casos de estudio: Perú y Rusia. Uno de poder sin poder y otro de maxi-poder. En los dos, la búsqueda del poder desde el poder.

En México, si Calles ideó al PRI en el modelo del Partido Comunista, a diferencia de Rusia, lo ha reconquistado y lo puede perder otra vez sin disolverse o mutar. Y quizás en ello radique parte del arcano del estancamiento democrático que hoy experimentamos. ¿Democratizar el poder desde el poder?

Según ha atisbado con agudeza Carlos Ramirez, podría tratarse más bien de que gane el PRI aunque sea sin un priista. Ganar el poder desde el poder.

Y es que, desde cierto enfoque, todos: PRI y no PRIs, incluso los independientes, como lo advirtieron desde los años 80as Hector Aguilar Camin y Lorenzo Meyer, caminamos “a la sombra de la Revolución Mexicana” y sus legados políticos y culturales perdurables.

Por ello quizás la dificultad y complejidad del proceso electoral en curso. Los principios constitucionales y convencionales que suelen no aplicarse de manera plena frente a unas reglas legales que no se dejan vencer.

Prevalece la preocupación por la estabilidad del poder más que por la libertad y justicia de los derechos, aunque se esgrima lo contrario y a menudo se disfrace la justificación respectiva.

Así, por ejemplo, prevalece en la Suprema Corte y el TEPJF la convicción de que los legisladores y concejales de ayuntamientos postulados a la reelección pueden incluso hacer campaña sin licenciar el cargo que ocupan.

Esto bajo la endeble por incompleta justificación, vía reducción al absurdo, de que así el electorado puede evaluar mejor el desempeño del funcionario reeleccionista y de que todos los órganos de representación podrían quedar acéfalos si todos sus integrantes se postulan.

Dicho argumento luce incompleto porque no estima tiempos de ejercicio del cargo y contienda. No contempla la ausencia de un estatuto de la oposición que controle el uso de recursos del estado en las campañas para evitar la “cancha inclinada”. Mucho menos atiende las condiciones reales del contexto nacional en que todo ello ocurre.

Tómese en cuenta que seguimos sin contar con ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, referido a uso de recursos públicos y propaganda.

Que la sentencia de la Corte al resolver el amparo sobre inconstitucionalidad por omisión en ese tema no es vinculante para el Congreso y no toca la materia electoral.

Y que la Sala Superior del TEPJF invalidó por razones formales (carencia de facultades expresas) los lineamientos aprobados por el INE que intentaban suplir sustancialmente tan extensa y cavernosa laguna legal. Otra vez, las reglas predominan sobre los principios.

Otro caso es el de las “tarjetas rosa” (tarjetas de prepago), recién resuelto por Sala Superior en el sentido legalista de que el reglamento de financiamiento y fiscalización, reajustado por el INE, adiciona el supuesto prohibitivo de su uso rebasando la letra de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, que no lo prevé.

Las tarjetas y otros bienes se considerarán como propaganda y acrecerá a gastos de campaña, pero no encuadrara en tanto coacción al electorado.

Ello se resolvió sin considerar el argumento de fondo y sus efectos pragmáticos en cuanto a que la oferta y entrega de tarjetas-monedero, previa al día de la jornada electoral, implica un acto de inducción al voto y una vulneración al principio de libertad en un país con tan elevado número de pobres en insuficiencia financiera, a flor de piel en Oaxaca. Así, es más viable que se acceda al poder desde el poder.

El intríngulis sofisticado en que ha devenido el Derecho Electoral Mexicano es, claro está, producto de la propia forma en que se han ido pactando las reglas y de que los actores que las acuerdan no son ingenuos. Pero las reglas hace tiempo que han dejado de ser consideradas autónomas. Ellas dependen de los principios y, en el fondo, de los valores que protegen y tutelan.

La lucha por el poder debe estar sometida a la Constitución y, en materia de derechos, a los tratados internacionales. Debería juzgarse con mayor cuidado este tipo de casos difíciles.

Competir con normas interpretadas sin plena justificación en términos de principios arriesga a que la lucha por el poder abone a la instauración de un no poder propiciado desde el poder. Este no debería dejar de ser constitucional si se quiere legítimo.