Calidad y costo de las elecciones

Oaxaqueñologia

OAXACA, Oax., 5 de junio de 2017.- Negociada en el marco del Pacto por México, la reforma constitucional electoral del año 2014 persiguió dos objetivos: primero, incrementar y homologar en todo el país la calidad en la organización de los comicios y la resolución de los conflictos electorales; segundo, reducir el costo de la democracia electoral. A la luz de los procesos electivos realizados durante los años 2015, 2016 y 2017, es claro que el primer propósito se ha cumplido en cierto grado. No así el segundo.

El primer propósito, planteado enfáticamente por el PAN y secundado por el PRD, se justificó bajo el argumento de que el PRI, no obstante las alternancias producidas desde 1989 (Baja California) en las gubernaturas y el año 2000 en la Presidencia de la República, no había perdido aún en 9 estados y que, en poco más de una decena, había regresado al poder luego de su primera derrota. La causa, se adujo, radicaba en la falta de independencia e imparcialidad de los organismos electorales locales y la intromisión de los gobiernos que “inclinaban la cancha” a su favor. El argumento señalaba como causante al PRI, que terminó por conceder, y no al PAN que controla Guanajuato desde hace dos décadas y tampoco al PRD que no ha perdido en la hoy Ciudad de México en veinte años.

Entre 2015 y 2017, el PRI ha perdido 4 -quizás 5 si no gana en el Estado de México- de aquellas 9 gubernaturas. De ser así, solo se mantendrían fieles Campeche, Coahuila, Colima e Hidalgo. Desde la perspectiva de los resultados, el nuevo modelo electoral mexicano, caracterizado por construir una auténtica autoridad electoral nacional –federal y local– bajo la rectoría del INE y la garantía de última instancia del tribunal electoral federal, podría ser considerado exitoso.

No obstante, esa perspectiva parece limitada. Lo es porque las alternancias son necesarias pero no suficientes para asegurar que las elecciones sean íntegras y, por tanto, de elevada calidad.

Para esto último se requiere no solo que los organismos electorales ejerzan sus funciones conforme con los principios constitucionales, en esencia: independencia e imparcialidad, si no que concurran factores tales como un saludable estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas. En estos tres indicadores, es evidente que persisten graves retos. A ello hay que sumar el contexto de desigualdad, pobreza, informalidad, corrupción, impunidad, violencia y crimen que rodea a la joven política pluralista mexicana, y que en definitiva le inoculan virus dañinos.

De allí que si bien la respuesta política y constitucional del año 2014 fortaleció el marco institucional que regula la competencia por el poder, todavía aguarda innovaciones y complementos relevantes, además de un contexto favorable o al menos no tan adverso, incluido el mejoramiento en la cultura jurídica y política democrática de la ciudadanía y de los actores políticos.

En cuanto al segundo propósito, hay suficientes pruebas de que el costo de la democracia electoral mexicana se ha incrementado, que los partidos políticos reciben más financiamiento público que antes de 2014, y que hay una zona gris en la que concurre financiamiento informal y hasta ilícito muy difícil de registrar y mucho menos de transparentar y controlar. Según los estudios más autorizados, el monto del dinero que fluye en el mercado político electoral llega a alcanzar hasta dos veces más los aproximadamente 40 mil millones de pesos que se asignan por la vía presupuestal en un año a los partidos, candidatos y organismos electorales de todo el país. Sin duda, el mexicano es el voto más caro en el planeta.

Por ello, en este rubro, es público que ya se preparan y debaten proyectos e iniciativas de reforma.

Con todas sus debilidades y desafíos, la democracia electoral mexicana, tanto la de origen liberal como la de perfil comunitario –en la que Oaxaca es paradigma global– continúa siendo el mecanismo preferido por sus habitantes y ciudadanos, esto pese a que en los últimos años se haya perdido confianza en ella, desde luego dentro de aquel contexto adverso.

Tenemos que recuperar y apuntalar el Estado constitucional, democrático y social de Derecho. Es imperativo mejorar instituciones y liderazgos, garantías efectivas para los derechos e indicadores progresivos -no regresivos- de desarrollo humano. La calidad de las elecciones también depende de la calidad de las personas, los ciudadanos, actores políticos y gobiernos. Hay mucho por hacer en cada ámbito.

En Oaxaca, ante todas las adversidades, naturales y de conducta, hay mucho por hacer. Hay que procurar ejemplos a seguir y no casos para alimentar la desesperanza, la frustración y el encono.