A cambiar el pacto fiscal vigente desde los 80

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2017.- Hoy más que nunca es necesaria la unidad nacional. No nos cerremos al diálogo, pero no a costa de la dignidad del país.

Debemos tener presentes palabras clave, como diversificar, apostar al mercado interno, potenciar nuestras fortalezas, apoyar a la Pymes, superar los rezagos, e impulsar el federalismo fiscal y el desarrollo regional.

Por eso es oportuno insistir en destacar, para encontrar soluciones, la existencia de una crisis en las entidades federativas y en los municipios, no sólo por la coyuntura económica, sino porque el esquema de coordinación centralizada de facultades impositivas, creado en 1980, se encuentra agotado, ha eliminado los incentivos a la responsabilidad fiscal y recaudatoria de estados y municipios, dada la debilidad de sus facultades tributarias y al desinterés para recaudar de otros.

El Pacto Fiscal firmado en los ochenta, resolvió problemas inherentes al desorden prevaleciente, como la proliferación de impuestos al consumo o las ventas en los tres órdenes de gobierno, un reparto inequitativo -más que el actual – de los recursos participables.

En algún momento de 1990 a 2007 se introdujeron incentivos al esfuerzo recaudatorio local y se creó un esquema en algunos momentos efectivo, de colaboración administrativa.

Desde 1995 no se ha incrementado el porcentaje que se participa, alrededor del 25 por ciento, y por tanto, dada la suma cero, se han dado diferencias entre las entidades en torno a las fórmulas de distribución de participaciones, siendo el más notorio en 1990 cuando se cambian, después de un proceso intenso de debate entre las propias entidades, y la secretaría  de Hacienda, llegándose a una fórmula que arrojó muchos ganadores entre los más pobres y unos cuando perdedores, a los que se les compensó con fondos de ambos órdenes de gobierno.

En 2008 se vuelven a cambiar las fórmulas, con un juego, entre dinámica del PIB y recaudación local, sin embargo como se pondera por el coeficiente de población, está es la base para la distribución de la nueva fórmula.

Pero como se dio un proceso de transición, apenas hoy, después de 10 años, la mitad de las participaciones se distribuyen con la fórmula vigente a 2007 – la de 1990- y el “copete”, como se le llamó al incremento acumulado, de 2008 a la fecha, representa la otra mitad, lo que impacta fuerte en los estados perdedores, o no ganadores. Dada la suma cero, para que un estado gane, otro tiene que perder.

Los estados en general recaudan muy poco, su grado de dependencia promedio de las transferencias es muy alto, con facultades impositivas de muy bajo potencial recaudatorio, pero que algunos administran bien y la mayoría no le presta mucha atención.

Siempre han considerado algunos gobernadores, que es mejor la gestión, ante el ejecutivo y legislativo federales, que asumir el costo de recaudar, sin embargo derogan impuestos por compromisos de campaña.

Así, no se puede. Para buscar alternativas a la suma cero, lo primero es utilizar lo que ya tienen y re diseñar sus regímenes fiscales, sin descuidar el uso extra fiscal de los impuestos, para impulsar el desarrollo.

Es difícil por supuesto pagar el servicio de la deuda pública, sobre todo en casos como Veracruz que rebasa los cinco mil millones, así como la deuda acumulada con proveedores y prestadores de servicios, generalmente oculta, pero que emerge en los cambios de Gobierno y es muy alta.

Es necesario fortalecer la recaudación local, regresándoles facultades importantes, revisando el congreso local los ingresos, no sólo el gasto; con la coordinación fiscal estado – municipio y fortaleciendo la colaboración administrativa.

Por ello considero, que tarde o temprano se tendrá que convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria, con una participación corresponsable del Poder Legislativo, para poder pasar del dicho al hecho, lo que faltó en 2004.

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