Carlos Eduardo Molina | Es hora de defender la Constitución

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril de 2021.- La madrugada del 23 de abril la Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), un proceso legislativo que comenzó con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2020 y que, como muchos señalamos, contenía cambios tendientes a centralizar al Poder Judicial en las figuras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Estos cambios por sí mismos no resultaban peligrosos a menos que ocurriera un intento por controlar estas instituciones… y ocurrió.

Antes de que la Minuta fuera enviada a la Cámara de Diputados, a última hora y en medio de confusión, se aprobó en el Senado la incorporación de un artículo décimo tercero transitorio que extendería dos años más las funciones de los actuales integrantes del CJF, incluyendo la presidencia de la SCJN. El pretexto fue darles oportunidad de implementar la reforma; el verdadero trasfondo es el mayor atentado que ha habido contra el orden constitucional y quizás es el ensayo de un posible intento de reelección presidencial indirecta.

Esta es la segunda vez que observamos un atentado constitucional tan grave y parecido durante el sexenio del presidente López Obrador. El primero fue la infame #LeyBonilla, una reforma del Congreso de Baja California para extender el periodo de la gubernatura después de que ya había sido electo el gobernador. En esta ocasión, se pretende extender el periodo de la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar prácticamente a la mitad de su ejercicio.

Lo anterior es inconstitucional por muchas razones: la más evidente de ellas es que el artículo 97 de la Constitución establece que cada 4 años se debe renovar la presidencia de la SCJN y no prevé ningún tipo de prórroga o reelección. Además, el contenido del artículo rompe con el principio de supremacía constitucional, pues desde una norma transitoria establecida en una ley secundaria se pretende rebasar lo dispuesto por la Constitución. También rompe la prohibición de instaurar “leyes privativas”; es decir, normas que beneficien o perjudiquen a alguien en particular –en este caso al Ministro Zaldívar-.

Lo más grave de la extensión de estos plazos es que da un golpe mortal a la independencia judicial, un principio fundamental para la impartición de justicia. Para que un juez pueda resolver imparcialmente cualquier caso debe estar libre de cualquier injerencia externa, particularmente si se trata de presiones políticas o de otros Poderes. Extender los plazos de los integrantes del CJF es una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial que atenta contra esa independencia. Pero tampoco somos ingenuos: la realidad es que no es todo el Poder Legislativo, sino la mayoría de Morena y esta, a su vez, actuó por consigna e instrucción del más alto nivel.

No me detengo más en estos argumentos que ya han sido ampliamente estudiados en otros espacios. Mi interés particular es referirme a lo siguiente: la Constitución, además de ser la norma fundamental en que se basa nuestro orden legal, es también el fundamento institucional de la democracia, la base de un sistema de pesos y contrapesos y la garantía de controles al poder político. La Constitución no sólo es norma, sino también una defensa de la democracia contra sus enemigos: el autoritarismo, la discrecionalidad y la dictadura.

La extensión del cargo de quienes integran el CJF tiene como fin controlarles y, como lo señalé al principio, bajo la nueva normativa controlar al CJF, en los hechos, equivale a controlar al Poder Judicial. Es evidente que existe un afán autoritario por controlar a dicho Poder pasando por encima de la Constitución y, con ello, anular su funcionalidad. Por ello resulta tan urgente e indispensable emprender una defensa férrea de la Constitución y del orden fundado por ella.

Como lo señaló Peter Häberle, frecuentemente se piensa que la idea del Estado Constitucional es un avance cultural irreversible. Una nación de leyes, de instituciones, de libertades, donde se reconocen y garantizan los derechos humanos, con elecciones libres y periódicas, son parte de un orden constitucional normalizado para nuestra generación, pero nada garantiza que perduren siempre. Permitir que se transgreda la Constitución es abrir la puerta a perder ese orden y dejarlo en manos de una sola persona.

Nuestra generación tiene en sus manos la responsabilidad de proteger el orden constitucional: defender la Constitución es cuidar la libertad y la democracia. Pero me preocupa que no todos compartimos esas ideas: basta recordar que el senador que propuso la infame modificación es uno de los más jóvenes. Por ello desde este espacio hago un llamado a quienes también anhelan un país de leyes, de libertades; una nación democrática y republicana. La Constitución y la democracia están en riesgo; no podemos esperar que se consume la regresión autoritaria: es hora de defender la Constitución.