Carlos Ramírez | Robespierre región 4 en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2020.- Si la carta oficial del presidente de la república a la Suprema Corte de Justicia para solicitar la aprobación de una pregunta orientada a investigar delitos y penalizar de manera legal a cinco expresidentes de la república, la mafia de la toga decidió convertirse en un tribunal Robespierre de la Revolución Francesa para investigar “decisiones políticas” pasadas de “actores políticos”.

La Corte la tenía fácil: declarar la inconstitucionalidad de la pregunta presidencial o decretar su constitucionalidad y avalar el proceso. Al final de cuentas, el presidente López Obrador dejo muy claro que quería sólo cumplir su compromiso de campaña de juzgar a expresidentes a petición popular y que en la consulta él como jefe del Estado iba a votar que no se juzgaran.

Pero el ministro presidente Arturo Robespierre Saldívar se quitó la toga de gran magistrado constitucional y se puso el disfraz de ideólogo de la Cuarta Transformación para racionalizar y razonar lo que debiera ser la democracia participativa de la propuesta lopezobradorista, sólo que con argumentos que nada tenían que ver con su función de templario guardián del santo grial de la Constitución.

La pregunta aprobada por los once de la mafia de la toga propone investigar “decisiones políticas” de “actores políticos”, sin esclarecer, ninguno de ellos, lo que se entiende por política; y por política, de Aristóteles a Machiavelli, se tiende el ejercicio del poder como capacidad de dominación del otro. A partir de ahora, todas las “decisiones políticas” de funcionarios públicos estarán sometidas a consultas populares para su investigación penal, sin que medie, como enseñan a los abogados en los primeros cursos de derecho, denuncia con enlistado de comisión de presuntos delitos.

La maniobra del ministro Arturo Robespierre Zaldívar para atender las peticiones presidenciales regresó el derecho a los tiempos priístas en donde la ley se aplicaba por razones de poder, no de derecho; es decir, lo que pudiera llamarse la Ley del Alazán Tostado, en homenaje a Gonzalo N. Santos, el prototipo del político de pistola y puño que consideraba que la moral era un árbol que daba moras.

Lo que viene ahora es hacer la consulta, lograr el 40% de los votos a favor para hacerla vinculatoria y legal y a partir de ahí integrar los expedientes legales para discernir aquellas “decisiones políticas” que hubieran afectado la justicia y los derechos de las “posibles víctimas”. Y aquí está otro desaguisado jurídico de la mafia de la toga: no hay identificados delitos y menos víctimas, sobre todo si se aplicara el actual catálogo de delitos legales que reconoce el código federal de procedimientos penales. Claro, queda como salida que una vez que se determine que los presuntos delitos políticos no son delitos legales, entonces la Corte apruebe otra consulta para preguntarle a la gente si se convierten en delitos las meras acusaciones políticas producto de decisiones políticas de los actores políticos.

Por primera vez la Corte como la Catedral del Derecho y de las Leyes aprueba una consulta para iniciar procesos legales sobre “decisiones políticas” que no están tipificadas de manera penal en las leyes. Si alguien quisiera jugarle una mala pasad a la mafia de la toga, podría solicitar el amparo de la ley porque nadie puede ser perseguido ni investigado sin definir delitos concretos que estén en el código penal.

El ministro presidente Arturo Robespierre Zaldívar metió a la Corte en un hoyo jurídico, constitucional y político del tamaño del Cañón del Sumidero.

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