OAXACA, Oax., 23 de junio de 2019.- El activista Juan Sosa Maldonado escribió una carta dirigida al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde señala que los delitos de lesa humanidad no prescriben y hay ex gobernantes que deben ser llevados ante los tribunales para que respondan por sus crímenes.

Así mismo, considera que asilo y refugio son en este momento uno de los temas más importantes en nuestro país; sin embargo, la historia de los migrantes no es tan simple como se quiere hacer creer.

A continuación la carta íntegra:

Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

PRESENTE:

Desde la lejanía de nuestro exilio reciba usted y su apreciable familia nuestros más cordiales saludos y un fuerte abrazo con los más vivos deseos de que la situación mejore para la gente de nuestro atribulado país, después de este corto pero sincero saludo paso a lo siguiente:

Ahora que muy lejos quedan ya las viejas promesas de campaña, cuando se profundiza la crisis de derechos humanos y México no es un país seguro sobre todo para los pobres, para los indígenas, para las mujeres, para las y los periodistas, para defensoras y defensores de Derechos Humanos es necesario que recuerdes que el origen de este estado de cosas es la impunidad.
Si bien es cierto también muchos de los males que padece nuestro pueblo los arrastramos desde el tiempo de la horrenda colonización y que la Independencia de México solamente significó que quienes explotaban y esclavizaban dejasen de pagar El Quinto Real a La Corona Española pero no que cumplieran sus promesas de libertad para los indígenas.

También hay que reconocer que el robo descarado de más de la mitad del territorio nacional en 1848 por los Estados Unidos de Norteamérica y las posteriores guerras imperiales que libraron los mexicanos han dejado profunda huella en la integración nacional.

Que las tres largas décadas de La Dictadura Porfirista diesmaron fuertemente la población indígena y sometieron al campesinado, campesinado que dejó sus sueños de mejores condiciones de vida en los campos de batalla de La Revolución Mexicana, una revolución que tampoco ganamos y que dio lugar a que los generales contrarrevolucionarios se hicieran con el poder.

Desde entonces todo ha sido represión aunque se nos pretenda vender la idea de que somos grandes porque logramos la Expropiación Petrolera. De qué nos sirve si el pueblo que pagó por esa expropiación nunca ha gozado de los beneficios de ser un país petrolero.

La represión al Movimiento Ferrocarrilero, el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia por el Ejército Mexicano, la represión con tanques y metralla al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, El Jueves de Corpus en 1971, la represión policíaca y militar de la guerrilla popular hasta nuestros días.

El robo más descarado de las elecciones en 1988 fue otro principio de los peores años para el pueblo de México con Carlos Salinas de Gortari: la firma y entrada en vigor del TLC con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en 1994, la represión al Movimiento Zapatista.

La Masacre de Aguas Blancas el 28 de Junio de 1995 en el estado de Guerrero, la guerra contra los habitantes de la Región de los Loxicha desde 1996 en Oaxaca, la Masacre de Acteal el 22 de Diciembre de 1997 en Chiapas, la Masacre de El Charco el 06 de Junio de 1998 en Guerrero, la Masacre de El Bosque el 10 de Junio de 1998 en Chiapas por citar algunas de las masacres más conocidas e impunes del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

En Oaxaca, ya en el sexenio de Vicente Fox Quesada, La Masacre de Agua Fría el 31 de Mayo de 2002 estremecía a nuestra sociedad, luego la violencia institucional alcanzó a todo el Estado en el 2006 comenzando contra el Movimiento Magisterial y Popular que dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Siguió la desaparición forzada el 25 de Mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez fueron desaparecidas también en la Región Triqui el 05 de Julio de 2007, el 30 de Diciembre de 2007 fue desaparecido el indígena chatino Lauro Juárez en la Sierra Sur de Oaxaca.

Gabino Cué Monteagudo llegó a la gubernatura del estado de Oaxaca el 01 de Diciembre de 2010, antes durante y después el movimiento social vivió la peor ola de ejecuciones selectivas de los líderes del movimiento social como Heriberto Pazos Ortiz, Catarino Torres Pereda y el profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez; la desaparición forzada del profesor Carlos René Román Salazar el 14 de marzo de 2011 solamente fue la continuidad de una política de estado que prevalece hasta nuestros días.

Enrique Peña Nieto, el represor de Atenco en el año 2006, arribó al poder el 01 de Diciembre de 2012 en medio de un repudio popular y represión institucional generalizada, los días 17 y 18 de Mayo de 2013 mediante torturas y desaparición forzada asestaba otro duro golpe al Movimiento Popular y Magisterial en Oaxaca encarcelando durante 5 años 7 meses al defensor de Derechos Humanos profesor Damián Gallardo Martínez junto con 12 personas más, incluidas dos mujeres.

El próximo 26 de junio se cumplen 57 meses de la ejecución de jóvenes y estudiantes en Guerrero y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, el pasado 19 de Junio se cumplieron 3 años de la Masacre de Nochixtlán. La impunidad sigue asomando su terrible rostro. 

Asilo y refugio son en este momento uno de los temas más importantes en nuestro país, señor Presidente, pero la historia de los migrantes no es tan simple como se quiere hacer creer cuando se sataniza a quienes nos vemos en la terrible necesidad de abandonar nuestro país, nuestra familia, nuestros amigos, el hogar que teníamos:

Fui víctima de desaparición forzada en aquellos terribles años de la violencia zedillista y del entonces gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, contra los indígenas zapotecos de la Región Loxicha. Un 15 de Julio de 1998 fui desaparecido; después de ser torturado de forma física y psicológica, durante 25 días, fui arrojado a la prisión política donde sufrí aislamiento y malos tratos a lo largo de casi tres años en dos prisiones estatales y el primer penal de máxima seguridad en México. Permanecí en “Almoloya” durante los últimos 15 meses de los tres años que me llevó demostrar mi inocencia y, cuando salí libre, decidí seguir luchando por justicia y libertad para los indígenas de la Región Loxicha. Así, enfrentamos el gobierno de José Murat, el terrible sexenio ulisista con la represión del 2006 y denunciamos el pasado represor de Gabino Cué antes y después de ser electo gobernador de Oaxaca. 

Precisamente, exigiendo la libertad de los Presos Loxicha por las vías legal y política y esperando la resolución de un Amparo ante la Justicia Federal por el injusto traslado a penales de máxima seguridad de los referidos presos me encontraba aquél 16 de Octubre de 2013 cuando, viajando en nuestro viejo Volkswagen sedán rumbo al colegio de nuestros tres menores hijos, sufrimos un intento de ejecución extrajudicial los cinco miembros de nuestra familia.

Ante la cómplice falta de voluntad de las autoridades federal y estatal encabezada en el último caso por Gabino Cué Monteagudo para garantizar nuestra integridad y la vida, huimos despavoridos rumbo a Centroamérica. Sí, justamente el camino en sentido contrario que recorren miles de hermanos latinoamericanos huyendo también de esa violencia, esa violencia que pudimos apreciar en esos países que, como México, no son países seguros ni sus gobiernos respetan los Derechos Humanos.

Casi seis años después, compartimos con más de 70 millones de personas en el mundo el deseo de que los gobernantes de nuestros países y de todo el planeta, generen las condiciones para nuestro retorno con garantías para la vida y la libertad.

Señor Presidente, recuerde que los delitos de lesa humanidad no prescriben y hay ex gobernantes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que deben ser llevados ante los tribunales para que respondan por sus crímenes. 

Desde luego se debe castigar también a represores como Diódoro Carrasco Altamirano, Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo. 

No olvidamos la responsabilidad del gobierno estatal de Alejandro Murat respecto a los feminicidios, el incremento de la violencia y ejecuciones extrajudiciales.

Nos sumamos a la exigencia de: ¡JUSTICIA PARA SOL! 

Es por eso nuestra exigencia de:

¡Alto a la impunidad!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
¡Presentación con vida de las y los desaparecidos!
¡Alto a la represión!
¡Respeto a los Derechos Humanos!

Respetuosamente:

Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos

Unión Europea, 23 de Junio de 2019