Caso Ayotzinapa: miente la PGR

GUERRERO, 2 de octubre de 2017.- La Procuraduría General de la República conmemoró con mentiras el tercer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un comunicado conjunto emitido el 25 de septiembre, la PGR y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores afirmaron que en este caso el gobierno federal “continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”, y sostienen que la PGR ha seguido todas las líneas de investigación, incluidas las que han sido planteadas por las familias de las víctimas y las recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Afirman que “los más de 500 tomos del expediente así lo confirman, además hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes”. Aseguran también que se han dilucidado aspectos centrales de los hechos.

Como hechos centrales menciona, pero no aclara, la intervención de policías municipales en el ataque y en la desaparición de los estudiantes, la existencia del quinto autobús, el uso de los teléfonos celulares de los desaparecidos en los días posteriores y el papel que tuvo el C4 de Iguala la noche del ataque.

Igualmente, el documento hace referencia, en calidad de cosa esclarecida, a la identidad de dos personajes que aparecen en el expediente del caso: “El Caminante” y “El Patrón”, cuya función en el ataque y la desaparición fue de jefes.

Ese es más o menos el mismo discurso que la PGR ha sostenido en cada aniversario del caso Iguala. Si solo se dispusiera de la versión que reproduce el comunicado del gobierno, parecería que la PGR es una institución intachable y eficaz, empeñada en encontrar a los 43 normalistas, alcanzar la verdad sobre lo que sucedió en Iguala y castigar a todos los responsables.

No es así, sin embargo. No lo decimos nosotros, lo dice la CNDH, institución a la que la PGR asegura haber hecho caso. En un texto publicado para hacer pública su postura a los tres años de la tragedia de Iguala, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, sostiene que el dolor y el sufrimiento causado por la desaparición de los 43 estudiantes “todavía no encuentra las respuestas que las víctimas han estado buscando desde hace tres años”.

Aun cuando el titular de la CNDH es cuidadoso, no hay duda de lo que está diciendo. “Se exige a la autoridad que en las pesquisas considere todos los aspectos sustentados en elementos objetivos y científicos y no se dé por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos, y tanto las víctimas como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero”.

Reporta que de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al municipio de Iguala, solo nueve han sido atendidas, 36 se encuentran en vías de atención y 12 tienen estatus de no atendidas. (Luis Raúl González Pérez, “A 3 años de la tragedia en Iguala, persisten agravios a víctimas y sociedad”, La Jornada, 27 de septiembre de 2017).

En el artículo González Pérez no entra en detalles, pero es de conocimiento público que entre las observaciones que la PGR no ha atendido se encuentra la investigación del papel desempeñado por policías federales y policías del municipio de Huitzuco en la desaparición de los estudiantes, y la hipótesis sustentada por la CNDH de que al menos un grupo de ellos fue trasladado al sur de Iguala, hacia Huitzuco, en lugar de ser llevados a Cocula –que está al norte de la ciudad– como afirma la versión oficial.

Este aspecto crucial de las investigaciones tuvo que ser señalado por la CNDH y retomado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que la PGR volteara a ver hacia Huitzuco. Lo hizo hace un año, pero lo hizo solo en el papel, pues hasta el momento no hay ningún policía de Huitzuco acusado de nada, ni indicios de que esa vertiente de los hechos haya sido investigada. Es ostensible que tres años después y pese al serio trabajo realizado por el GIEI, el gobierno aún mantiene su intención de imponer la “verdad histórica” como la explicación última de los acontecimientos.

Pero la versión fabricada por el ex procurador Jesús Murillo Karam al único que satisface es al gobierno y se debilita cada vez más con la paulatina aparición de nuevos datos, como la participación de los policías de Huitzuco en los hechos y la evidencia de que hubo estudiantes que fueron llevados hacia ese municipio.

El reclamo que hace el presidente de la CNDH es prueba de todo ello. La obstinación por la “verdad histórica” tiene como motor el interés oficial de impedir que las investigaciones lleguen a tocar al Ejército y a la Policía Federal, pese al surgimiento de testimonios que incriminan a efectivos militares y a agentes federales en el ataque, en el menos peor de los casos como observadores pasivos de la tragedia.

O al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuya responsabilidad por el curso que tomó aquella fatídica noche es cada vez más visible a la luz de las circunstancias conocidas. Si las circunstancias no cambian en la PGR, en un año volverá a decir lo mismo.

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