Caso Bartlett: ¡Es la ley, Presidente, no actos de fe!

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre de 2019.- Resulta de escándalo la respuesta presidencial a las irregularidades descubiertas por trabajos periodísticos sobre Manuel Bartlett.

¿Y, por qué sostenemos que se trata de un escándalo?

Primero, porque el presidente mexicano juró respetar y hacer respetar no sólo la Constitución sino las leyes que de ella emanan. Y, en los hechos, López Obrador no respeta ni la Carta Magna ni sus leyes.

Y, segundo, porque las documentales exhibidas presumen que el caso Bartlett es una ilegalidad de proporciones descomunales; violaciones a la ley que dejan en calidad de “juego de niños” escándalos como el de La Casa Blanca, de Peña Nieto y que llevó al descrédito al gobierno del mexiquense.

Pero vamos por partes.

Como muchos saben, los periodistas Arely Quintero y Carlos Loret presentaron una primera investigación que presumen la propiedad de numerosos inmuebles de Manuel Bartlett y de su familia, que no fueron reportadas en la declaración de bienes del titular de la CFE.

Un segundo trabajo periodístico –de los informadores citados–, revela que, además de los bienes inmobiliarios, la familia Bartlett es propietaria de diversas empresas que tampoco figuran en la declaración de bienes.

En suma, los periodistas presumen –con la exhibición de documentales públicas–, que el director de la Comisión Federal de Electricidad no sólo viola la ley sino que incurre en el presunto delito de enriquecimiento ilícito, entre otras presuntas faltas legales.

Y se trata de una presunción porque la responsabilidad de todos los periodistas no es probar nada, sino presumir cualquier tipo de posible falta o presunta irregularidad.

En realidad corresponde a las autoridades del ramo llevar a cabo las indagatorias correspondientes para que, en su caso, determine si la presunción periodística realmente constituye delito o si se trata de un acto de difamación o calumnia contra Manuel Bartlett.

Pero resulta que el presidente López Obrador y sus asesores parecen ignorar que al presidente le corresponde apegarse a la ley y que su obligación es justo con la Constitución y sus leyes reglamentarias.

Sin embargo, el presidente olvidó la ley y, en el caso Bartlett, dijo que no le merecen confianza los trabajos periodísticos que exhiben las trapacerías de Manuel Bartlett. Y por esa razón, prefiere darle crédito a Manuel Bartlett.

Así lo dijo el presidente, de manera textual, cuando le preguntaron sobre las nuevas revelaciones que incriminan a Bartlett: “No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones porque no son honestos y siempre hay interés económico o político. Lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempos de ellos… es un periodismo al servicio de los conservadores”.

Como queda claro, el presidente mexicano no sólo miente, calumnia y difama a los periodistas autores de la investigación que exhibe propiedades presuntamente irregulares de Bartlett, sino que se equivoca.

Y es que, como ya se dijo, el presidente juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y, precisamente, esas leyes y la Carta Magna están por encima de la percepción presidencial sobre la honestidad o no de cualquier trabajo periodístico.

Es decir, más allá de los reiterados actos de fe presidencial –y de que lo bueno o malo siempre está sometido a la particular convicción de Obrador–, lo cierto es que el mandatario mexicano está obligado, por ley, a ordenar que Manuel Bartlett o cualquiera de los servidores públicos de su gobierno sea investigado ante la duda ciudadana.

El presidente no es juez para descalificar tal o cual trabajo periodístico y tampoco para exonerar a tal o cual servidor público.

El presidente, en la democracia representativa mexicana, debe mandar obedeciendo. Es decir, debe escuchar el clamor social y dejar que las instancias respectivas decidan sobre la culpa o la inocencia de aquellos colaboradores que son señalados por los medios, adversarios y opositores.

De lo contrario, López Obrador dejará de ser presidente y se convertirá en “tapadera del cochinero” del nuevo PRI, en su cuarta transformación, llamado Morena.

Al tiempo.