Periodismo bajo asedio
Tal vez es una especulación equivocada, pero me parece que eso es parte de lo que experimentamos cuando pensamos en lo que sucede dentro de una prisión. Imaginamos, tal vez, que pululan inocentes, que las condiciones de vida son precarias y que el Estado ha perdido toda capacidad de control y gobierno. Pero no son necesarios más detalles.
No hay marchas por las más de 100 mil personas inocentes que hoy están privadas de la libertad. Ni preguntas sobre cómo se alimentan y visten las 215 mil personas a quienes el Estado no ofrece siquiera agua. No hay dudas sobre cómo duermen veinte de ellas en celdas diseñadas para cuatro. Tampoco asombro por cuántas no entendieron nada de lo que sucedió en sus juicios o cuántas no acabaron la secundaria. Al contrario. Es simpático. Cuán ocurrentes los que insinúan las consecuencias de dejar caer un jabón en las regaderas de una prisión.
Bueno, pero, al final del día, si están en prisión, estamos hablando de criminales, ¿cierto? Racionalizar y encontrar un sentido al estado actual de las cosas implica, sin duda, menos esfuerzo que cuestionarlas. También nos libera de la responsabilidad de cambiarlas. Hablar de «delincuentes» y no de personas privadas de la libertad es un discurso que, entre otras cosas, justifica no proveerles de condiciones dignas durante su internamiento. La narrativa siempre tiene una intención.
Y precisamente por eso me parece que hay mucho que celebrar de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. En el papel se trata de una legislación que logra lo que nunca antes otra ley en la materia había estado cerca de alcanzar: Pasar un examen de constitucionalidad (bueno, en una Corte garantista).
Las consecuencias de cumplir con la Constitución son monumentales. No solo se trata de garantizar una estancia digna a las personas en prisión, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad de respetar su plan de vida
Las premisas son sencillas. La Constitución establece que las personas, cuando se encuentran privadas de la libertad, pierden dos ―y solo dos― derechos: A la libertad de tránsito y los políticos, es decir, a votar y ser votados. Esto significa que el catálogo de derechos remanente, como a la salud, la educación y el trabajo, permanecen vigentes. Por supuesto, su ejercicio está constreñido por las limitaciones que impone la privación de libertad. Sin embargo, el Estado, al cual se le otorga la guarda y custodia de las personas procesadas o sentenciadas, tiene la obligación de garantizar el goce de todos los derechos que no fueron limitados por la sentencia judicial.
Puede sonar poco espectacular, pero las consecuencias de cumplir con la Constitución son monumentales. No solo se trata de garantizar una estancia digna a las personas en prisión, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad de respetar su plan de vida. Es decir, si alguien era escritor antes de cometer un crimen, el Estado deberá garantizar que pueda continuar con su profesión y no obligarlo a, por ejemplo, coser balones o cualquier otra clase de trabajo forzado. Y eso, naturalmente, cuesta una fortuna. Será entonces, una vez que el impacto en el erario ponga en evidencia el uso irresponsable de la prisión, cuando el Estado se vea forzado a evaluar si la sociedad mexicana en verdad está más segura con miles de personas en prisión por haber robado artículos de supermercado sin violencia alguna.
La mala noticia es que los artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal que reconocen derechos sustantivos para las personas privadas de la libertad no entrarán en vigor sino hasta el 30 de noviembre de 2018: Por dos años más, cientos de miles de seres humanos continuarán sin posibilidades reales de exigir condiciones de vida dignas dentro de las prisiones. Además, los incentivos para que la Administración cumpla con estas disposiciones transitorias son débiles. Ya habrán pasado las siguientes elecciones presidenciales cuando nos enteremos si las metas fueron cumplidas o no.
Durante este lapso para que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones constitucionales hay mucho que la sociedad civil puede hacer. Para empezar, podemos fomentar una actitud crítica respecto del uso de la prisión como una forma de inhibir la delincuencia, preguntarnos por qué nuestras prisiones están llenas de personas en pobreza, pedir información o no ver hacia otro lado cuando la tenemos enfrente. Si me preguntan a mí, no hay nada más inútil que la venda que cubre los ojos de la justicia.
