Cien días de un presidencialismo reconcentrado

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo de 2019.- Salta a la vista que los actos masivos que realiza el presidente López Obrador cada semana son más mítines políticos que actos de gobierno.

Aun cuando en ellos el Ejecutivo presenta sus programas, es ostensible que sus intervenciones son políticas, armadas para arengar contra el pasado y contra sus adversarios, en el mismo tono y con la misma intención que utilizaba hace un año en campaña. No habla sólo ante sus gobernados, sino sobre todo para los electores.

Ese es el rasgo más significativo de estos primeros cien días del gobierno lopezobradorista, la que es quizá su definición más profunda y perdurable: la decisión de usar el poder para permanecer en el poder.

Todo lo demás, el dominio omnipresente que manifiesta López Obrador y su afán de someter la vida institucional, política y social del país, es consecuencia de ese presidencialismo reconcentrado que no tiene nada que envidiar a los años dorados del viejo régimen.

Es por ello que la política social del nuevo gobierno, que este año implica un gasto de unos 300 mil millones en los diversos programas, comenzó con el levantamiento de un censo de beneficiarios, a quienes las instancias federales entregarán el dinero directamente, sin mediación de ningún gobierno estatal u organización social.

Es posible que la mitad de la población del país quede inscrita en esas listas, que en manos expertas serán muy útiles para las elecciones de 2021 y del 2024. En esos programas –por otra parte, espléndidos e inobjetables como expresión del Estado de bienestar– se finca la hegemonía que López Obrador busca imponer con Morena.

Gracias a esos programas es que la aprobación social al gobierno de López Obrador oscila en este momento entre el 67 por ciento que le asigna la empresa Consulta Mitofsky y el 86 por ciento que registra Parametría.

Es a lo que se le llama luna de miel con el pueblo, aunque ninguna haya sido tan dulce como la de López Obrador. Pero es improbable que después de los primeros cien días de gobierno que se cumplieron ayer, esa aprobación siga aumentando como sucedió desde el triunfo de López Obrador en las elecciones del 1 de julio del año pasado. Es muy posible, en cambio, que a partir de estos días disminuya paulatinamente, o que empiece a experimentar altibajos. Quizá no haya sorpresa en ese altísimo nivel de popularidad, si consideramos que esa carrera arrancó con el 53 por ciento que López Obrador obtuvo en las urnas.

Era previsible que, una vez que asumiera el poder y comenzara a poner en marcha los programas prometidos en su campaña, aquellos que implican reparto de dinero, la expectativa y el entusiasmo social se reflejara en las encuestas.

Los primeros cien días de gobierno suelen ser celebrados, o lamentados, como anticipo del estilo y la marca del sexenio entrante. No parece haber cien días más traumáticos que los del gobierno de Ernesto Zedillo ni más promisorios y decepcionantes que los de Vicente Fox.

Los de López Obrador estuvieron cargados de expectativas, cierta incertidumbre y una dosis de desencanto, pero no puede decirse que haya habido muchas sorpresas, porque casi todo lo que hizo estaba anunciado desde su campaña.

Aunque no estaba previsto que hubiera ningún cambio perceptible pronto, pues en esta materia los compromisos están programados para dentro de tres años, de todos modos decepciona confirmar que la crisis en la seguridad pública sigue igual, como si no hubiera habido cambio de gobierno.

El tema importa porque es el problema más grave que enfrenta el país, y sin embargo el gobierno de López Obrador procede sin ninguna prisa ni urgencia, al contrario del empeño puesto en los planes de asistencia social.

De acuerdo con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los dos primeros meses del nuevo gobierno, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, los homicidios en el país sumaron 5 mil 699.

Y en enero de este año, el número de homicidios ascendió a 2 mil 853, frente a 995 de enero de 2006, el primer enero de Felipe Calderón, y los mil 750 de enero de 2012, el primer enero de Enrique Peña Nieto. (El Universal, 10 de marzo de 2019) Si se proyecta la cifra de homicidios de enero (2 mil 853) para todo el 2019, el total alcanzaría la escandalosa cantidad de 34 mil 236, mil más que los 33 mil homicidios dolosos reportados oficialmente para el 2018. Es decir, si no hay ningún cambio, el primer año del gobierno de López Obrador será el más sangriento de la historia. Sería el efecto lógico de la dinámica ascendente de la mortandad que sufre el país, para lo cual la Cuarta Transformación aún no tiene ninguna respuesta.

La Guardia Nacional, el instrumento de López Obrador para atacar la inseguridad, es un proyecto de mediano plazo y hecho al gusto del presidente, sobre cuya integración militar y eficacia existen dudas y cuestionamientos serios que el presidente desoyó olímpicamente.

Hay muchos ejemplos acumulados en estos cien días –acusaciones infundadas, descalificaciones, intimidaciones abiertas y soterradas, anulación de programas de enorme beneficio público– en los que quedó de manifiesto el germen de intolerancia e insensibilidad que se instala poco a poco en el Palacio Nacional.

Pero sobresale entre ellos el desdén del Ejecutivo hacia los argumentos de las organizaciones independientes y de la opinión pública sobre la Guardia Nacional, un producto del espeso presidencialismo que se desarrolla en la Cuarta Transformación y que goza hoy de 86 por ciento de aprobación social.

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