Padre Marcelo Pérez: sacerdote indígena, luchador y defensor del pueblo
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2020.- Felicidades a Quadratin Oaxaca por un año más de servicio periodístico a la comunidad.
La justificación histórica del gobierno del Presidente López Obrador es correcta aunque adolece de algunas debilidades.
De su reajuste pronto y acertado depende su viabilidad para encarar con éxito cinco retos que explicaré más abajo.
Antes, su justificación histórica debería ser refinada para precisar qué se trata de un movimiento político progresista y reivindicador de derechos sociales, económicos y culturales, individuales y colectivos, de cuyo equilibrio depende la progresividad y eficacia real de los derechos civiles y políticos de la mayoría de las personas que aquí vivimos.
En otras palabras, significa que las posibilidades de recobrar niveles de crecimiento y desarrollo suficientes dependen de reducir las brechas sociales y regionales de grave desigualdad y capacidades que privan en el país.
Si las tres transformaciones previas: Independencia, Reforma y Revolución fueron exitosas, ello se debió a que lograron incluir a más población y ciudadanos en los beneficios de la fabrica nacional, y que, cuando dejaron de hacerlo, los respectivos gobiernos y sus estrategias perdieron legitimidad, de Santa Anna a Porfirio Díaz y de este a la secuencia priista-panista-priista de finales del siglo 20 e inicios del siglo 21.
Ahora bien, las condiciones posmodernas en que transcurre la historia contemporánea obliga a tener presente que los conceptos, instituciones, actores y contextos válidos y útiles de ayer se encuentran en plena transición.
De allí que los retos de la 4T resulten mucho más desafiantes y complejos. El primero consiste, según lo está advirtiendo Boaventura De Souza para los gobiernos de hoy, en hacer que prevalezca la esperanza sobre el miedo en la.mayoría de la población y no lo contrario, pues de no ser así la desconfianza, incertidumbre y violencia aumentaran vulnerando aún más todos los derechos humanos.
El segundo reside, en mi opinión, en que la estrategia económica sea pertinente y logre preservar y construir los equilibrios entre macro y micro economía, y entre mercado, estado y comunidad de tal forma que puedan concurrir al proceso económico con responsabilidad social bajo un pacto explícito –como el del T-MEC– todos los sectores productivos involucrados.
El tercero supone estados y gobiernos federal, estatales y municipales con integridad y efectividad, corresponsables y, por ende, alineados con los propósitos de la prosperidad, democracia y bienestar de la mayoría y no de la minoria de los mexicanos y habitantes del país, para lo cual se exige máxima honestidad y sustitución de círculos viciosos con círculos virtuosos de vida en todos los ámbitos.
Estados incluye poderes y órganos autónomos y de control, como los poderes judiciales. En esta dimensión urge un acuerdo multidimensional para revertir y superar la violencia, el crimen y la impunidad.
El cuarto es, desde luego, la redistribución social que está penosamente en marcha en todos los satisfactores básicos: ingreso, alimentación, salud, vivienda, educación y cultura, a la luz de indicadores claros de que las medidas de política pública van a asegurar mayor cobertura y calidad en acceso y servicios.
El quinto es la armazón misma del estado constitucional democrático que salvaguarda los valores, principios y derechos propios de la democracia constitucional: derechos y deberes con garantías de ejercicio y responsabilidad.
En este último rubro, las modificaciones a los marcos jurídicos no deberán limitar derechos y garantías salvo –esto es delicado– la justificación debida para que el ajuste propuesto se funde en un consenso legítimo e inobjetable considerando la evidencia, por ejemplo, de la captura de organismos, procesos y operadores jurídicos involucrados en la disfunción normativa de que se trate.
Pero, cómo reordenar las fuerzas del estado para que le sirvan mejor a la sociedad doliente y víctima de múltiples fuerzas superpoderosas y hasta salvajes, si no se modifican al menos las condiciones de contexto en que debiera consolidarse y operar el Estado Constitucional de Derecho.
De allí que el populismo moderado resulte, en mi opinión, necesario y útil para encarar tales retos, en el entendido de que la mayor participación popular en las decisiones y el control de los gobiernos debera incidir en la ruptura de las redes que los tienen subordinados a intereses ajenos a los fines declarados en la propia Constitución.
Llegados a este punto de la argumentación en torno a la propuesta de la 4T, habrá que coincidir en que de su viabilidad, éxito o fracaso pende la posibilidad de que México y los mexicanos podamos vivir en mejores condiciones en la primera mitad del siglo 21.
Si eso no ocurre, ¿cuál es la opción y el futuro que no espera? ¿Acaso un nuevo autoritarismo o dictadura? Acaso un verdadero estado fallido?