Combate a corrupción y a rezago, ejes del TSJO: Erika María Rodríguez

OAXACA, Oax. 19 de diciembre de 2025.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, definió el combate a la corrupción y la reducción del rezago judicial como los ejes de la reingeniería que impulsa en el Poder Judicial del estado, proceso que incluye redistribución de personal, fortalecimiento del control interno y sanciones administrativas.

Con antecedente inmediato como jueza dentro del propio Tribunal, Rodríguez Rodríguez explicó en entrevista con Quadratín que el diagnóstico inicial reveló una serie de carencias estructurales, entre ellas la falta de jueces, insuficiencia de personal, limitaciones tecnológicas y condiciones laborales precarias, factores que impactan directamente en los tiempos de resolución de los asuntos.

Al hacer un balance de sus primeros 100 días de gestión, señaló que una de las primeras decisiones fue escuchar de manera directa a juezas y jueces para conocer sus necesidades reales y establecer una ruta de trabajo basada en las capacidades existentes, sin promesas que no puedan cumplirse en el corto plazo.

Indicó que actualmente se desarrolla una reingeniería interna en tres etapas, que contempla la redistribución de jueces, secretarios judiciales, oficiales administrativos y actuarios, con base en criterios de mérito, experiencia, capacidades y probidad, además del factor humano que implica el traslado y las condiciones personales del personal judicial.

La magistrada presidenta reconoció que existen numerosas denuncias por presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial, las cuales —dijo— todas se investigan a través del área de visitaduría, órgano de control interno. Precisó que derivado de estos procedimientos ya se han impuesto sanciones y se ha destituido a dos jueces.

Respecto al rezago judicial, admitió que es amplio y multifactorial, presente en todas las materias, aunque con distinta intensidad. Explicó que algunos expedientes se estancan por falta de notificaciones oportunas entre distritos, mientras que otros se retrasan por la carencia de tecnología adecuada y de personal suficiente.

Rodríguez Rodríguez señaló que una de las metas centrales de su presidencia es reducir ese rezago mediante controles más estrictos, seguimiento constante a las audiencias, reportes periódicos del trabajo jurisdiccional y una mayor disciplina administrativa, sin que ello represente acciones personales contra juezas o jueces.

En materia de modernización, afirmó que el Tribunal apuesta por la digitalización de trámites y notificaciones, aunque reconoció que ello requiere inversión en infraestructura tecnológica, conectividad, programas especializados y servidores, recursos que actualmente son limitados debido a las condiciones económicas del estado.

Sobre las condiciones laborales, expuso que los sueldos y prestaciones del personal judicial en Oaxaca se encuentran entre los más rezagados del país, al grado de que jueces con más de 25 años de servicio, en caso de jubilarse, perciben pensiones bajas. Añadió que se trabaja en un programa para mejorar la calidad laboral tanto de jueces como de secretarios y personal administrativo, algunos de los cuales llevaban casi dos décadas sin aumento salarial.

En relación con las prestaciones de fin de año, aseguró que fueron cubiertas en su totalidad y que cualquier situación particular puede revisarse de manera directa. También destacó que la relación con los tres sindicatos del Poder Judicial se mantiene mediante el diálogo permanente, aun cuando existen demandas que dependen de autorizaciones presupuestales externas.

Afirmó que la relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo se rige por el respeto a la autonomía de cada instancia y subrayó que las decisiones judiciales se toman únicamente con base en los expedientes y el material probatorio, sin presiones políticas, económicas o mediáticas.

La presidenta del Tribunal llamó a la ciudadanía a acercarse al Poder Judicial y señaló que su administración mantiene una política de puertas abiertas, con presencia en comunidades y disposición al diálogo para atender conflictos y orientar a la población en la solución de sus asuntos.