Con López Obrador, la muerte tiene permiso

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2019.- Durante buena parte de su precampaña, de su campaña presidencial y de su intenso activismo como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador centró su atención y su promesa de cambio en el tema de la seguridad.

Como si se tratara de un acto de fe, aseguró que con sólo cambiar de gobierno –con la llegada de los supuestos políticos honestos y puros que él encabeza–, las mafias criminales y los matarifes dejarían las armas, se alejarían de la maldad y se convertirían al bien.

Por eso –porque Obrador es un sembrador de esperanza–, resultó de gran efectividad mediática y propagandística aquel mensaje mesiánico de abrazos en lugar de balazos, que era acompañado con un eslogan que se volvió estribillo de campaña; los militares a los cuarteles.

Sin embargo, la terca realidad se impuso; el ejercicio del poder no es un acto de fe y contener la violencia no es propio de los milagros. En sólo 85 días vivimos el arranque sexenal más violento de la historia; con el mayor número de eventos criminales y las peores expectativas para la seguridad ciudadana.

Y es que en sólo 85 días del gobierno de López Obrador se han producido entre 5 y 6 mil muertes violentas. Es decir, un promedio de 65 muertes por día, lo que significa que en México es asesinado un ciudadano cada 30 minutos, en promedio.

En los primeros 85 días del gobierno de Obrador se produjo la mayor tragedia al arranque sexenal, que cobró tres veces más vidas que las que se perdieron de jóvenes normalistas. En el estallidos de Tlahuelilpan –en donde el gobierno federal no ha investigado nada–, hasta hoy se han registrado 132 personas muertas. No existe un solo detenido, no hay un solo culpable y en el lugar de la tragedia se han repetido los pinchazos a ductos sin que ninguna autoridad pueda hacer nada.

En sólo 85 días, han sido asesinados 5 periodistas en distintas entidades del país y no existe un solo detenido, no hay investigación abierta y ninguno de los familiares ha recibido siquiera un mensaje de condolencia por parte del gobierno federal.

Peor, el presidente Obrados ha omitido hablar del tema y no existe una sola mención por parte de su gobierno. En realidad a nadie de la cuarta transformación le importan los periodistas muertos.

En los primeros 85 días de la gestión de López Obrador murió una gobernadora, la poblana Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Igual que en el resto de crimines ocurridos en el nuevo gobierno, nadie ha

investigado nada, a nadie le importa si fue un accidente o si existen elementos para presumir un atentado o, incluso, si se trató de un crimen de Estado. Lo único cierto es que la paraje de políticos poblanos eran dos de los más severos críticos del gobierno de Obrador.

En sólo 85 días otros dos críticos del gobierno de Obrador han muerto en condiciones nada claras. El primero es el empresario Carlos Martín Bringas –en su momento patrocinador de la campaña de Ricardo Anaya–, quien fue encontrado sin vida en un automóvil, con aparentes signos de suicidio.

La familia del hombre de negocios reveló a distintos medios que no existían razones para presumir un suicidio, en tanto expertos forenses documentaron que todo indica que se trató de un asesinato.

El segundo caso es el del líder social Samir Flores asesinado apenas el pasado miércoles cuando salía de su casa, en Amilcingo, Morelos. Resulta que Samir era un férreo opositor a la termoeléctrica y gasoducto que se construyen en Morelos; obra que según el presidente Obrador sería sometida a consulta.

En torno al crimen existen distintas versiones, algunas descabelladas, como la que supone que pretendió desalentar la participación en la consulta. Por eso, organizaciones indígenas como el EZLN culpan al presidente del crimen.

En sólo 85 días se han producido 317 secuestros en todo el país –poco más de 3 secuestros por día–, según reporte de Alto al Secuestro. Isabel Miranda de Wallace señaló que esa cifra arroja un repunte alarmante en el número de plagios y, entre los estados con mayor incidencia, curiosamente aparecen Veracruz y Ciudad de México, dos entidades gobernadas por Morena.

En sólo 85 días el número de feminicidios se ha disparado hasta niveles de escándalo. Según distintas activistas del 1 de diciembre al 20 de febrero se han reportado por lo menos 150 ataques mortales. Y ni una palabra del tema por parte del gobierno federal.

Por eso, frente a las cifras arriba documentadas, se puede concluir que en el gobierno de López Obrador la muerte tiene permiso. Es decir, que ha resultado un fracaso total la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.

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