
Ahora sí hay rendición de cuentas: Salomón Jara
OAXACA, Oax. 29 de septiembre de 2026.- Juchitán de Zaragoza, convertido en centro de atención nacional por la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, es también uno de los principales centros comerciales del Istmo de Tehuantepec; solamente en actividades de comercio al por mayor y al por menor concentra 4 mil 35 establecimientos económicos.
La dimensión de ese mercado permite entender el impacto que puede alcanzar la extorsión en un municipio donde investigaciones federales y estatales han documentado cobro de piso a comerciantes, empresarios y transportistas, mientras víctimas han denunciado exigencias económicas que alcanzan desde pequeños negocios hasta actividades vinculadas con el transporte.
A esa cifra debe sumarse una dimensión que no puede medirse con precisión: la de los casos que nunca llegan a denunciarse. La extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra en el país, debido al temor de las víctimas, la desconfianza en las autoridades o la percepción de que denunciar puede incrementar el riesgo.

Por ello, los expedientes judiciales, las carpetas de investigación y las denuncias públicas permiten dimensionar sólo una parte del problema. No existe hasta ahora una cifra que permita establecer cuántos comerciantes, trabajadores, transportistas o familias de Juchitán han sido víctimas de cobro de piso sin acudir ante la autoridad, pero es un hecho que entre la población se conoce esta práctica y es recurrente.
Veamos solo una proporción del problema. De acuerdo con los registros del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 3 mil 909 establecimientos corresponden al comercio al por menor y 126 al comercio al por mayor.
La concentración económica ocurre principalmente en Juchitán de Zaragoza: 3 mil 593 de los 4 mil 35 negocios, 89 por ciento del total, están asentados en la cabecera municipal. Los otros 442 aparecen distribuidos entre sus distintas localidades.

Álvaro Obregón concentra 189 establecimientos de esos dos sectores; La Ventosa, 157; Chicapa de Castro, 89; y el resto se distribuye en La Venta, Parada San Vicente y otras localidades del territorio municipal.
Juchitán no sólo concentra comercios. Tiene 113 mil 472 habitantes distribuidos en 142 localidades, lo que representa 2.7 por ciento de la población de Oaxaca. Cuenta con 32 mil 72 viviendas particulares habitadas y una edad mediana de 32 años.
El 55.4 por ciento de la población de 12 años y más es económicamente activa y, dentro de ésta, 97.9 por ciento está ocupada. A la dimensión económica se suma una fuerte composición indígena: 88.2 por ciento de sus habitantes se reconoce como indígena y 53.6 por ciento de la población de tres años y más habla una lengua originaria; entre ésta predomina ampliamente el zapoteco.
La radiografía del DENUE muestra además que el comercio de Juchitán no depende principalmente de grandes establecimientos.
De los 3 mil 909 comercios minoristas, 3 mil 779 tienen entre cero y cinco personas ocupadas, equivalente a 96.7 por ciento. Otros 78 tienen de seis a 10 trabajadores y apenas 52 establecimientos superan esa dimensión.
En el mayoreo, 103 de los 126 establecimientos tienen hasta cinco trabajadores. En conjunto, 3 mil 882 de los 4 mil 35 negocios comerciales registrados son establecimientos de hasta cinco personas ocupadas.
La actividad se encuentra además directamente ligada con el consumo cotidiano y con las formas tradicionales de comercio de la población.
El DENUE registra mil 110 tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, que por sí solas representan más de una cuarta parte de todo el comercio minorista analizado.
Hay también 212 establecimientos dedicados a pescados y mariscos; 196 a venta de cerveza; 176 a frutas y verduras frescas; 175 a ropa; 160 a disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia; 150 carnicerías de carnes rojas y otras 150 dedicadas a carne de aves.
A ellos se agregan 130 negocios de leche, lácteos y embutidos; 108 papelerías; 106 expendios de bebidas no alcohólicas y hielo; 75 establecimientos de otros alimentos; 68 de plantas y flores; 68 de bisutería y accesorios y 68 tiendas de artesanías.
Los datos dibujan una economía que no termina en las cajas de supermercados o cadenas comerciales: pasa por la pescadería, la carnicería, el puesto de frutas, la tienda de la esquina, la ropa regional, las flores, los bordados, las fiestas y el abasto cotidiano.
En el comercio mayorista aparecen otros componentes de la economía regional: 16 negocios dedicados a cemento, tabique y grava; 14 a desechos metálicos; 11 a maquinaria y equipo agropecuario, forestal y pesquero; ocho a medicamentos veterinarios y alimentos para animales, así como distribuidores de abarrotes, materiales para construcción, madera, cerveza y maquinaria.

La importancia comercial de Juchitán no es nueva. Históricamente ha funcionado como una ciudad-mercado y como uno de los puntos de intercambio de alimentos, mercancías y servicios más importantes del Istmo de Tehuantepec.
Buena parte de esa actividad se encuentra ligada a las mujeres juchitecas, quienes históricamente han tenido una presencia predominante en la venta de alimentos, textiles, productos regionales, flores, ropa y otros bienes.
El Mercado 5 de Septiembre es una de las expresiones más visibles de esa actividad. Tras los sismos de 2017, en su reconstrucción fueron considerados 892 locatarios, una cifra que permite dimensionar su importancia dentro de la economía local.
Pero el movimiento comercial rebasa los mercados formales. Juchitán sostiene además una intensa economía vinculada con sus tradiciones.
Las velas, particularmente durante mayo, movilizan compra y renta de trajes regionales, flores, alimentos, bebidas, música, transporte, fotografía, banquetes, sillas, calzado, joyería, sombreros, guayaberas y otros servicios.
No es menor, por ello, que entre las actividades registradas por el DENUE aparezcan 160 comercios especializados en vestimenta regional y vestidos de novia, además de decenas dedicados a artesanías, flores y accesorios.
Ese flujo se extiende durante fiestas patronales, celebraciones familiares, bodas, mayordomías, festividades religiosas y reuniones comunitarias que alimentan durante todo el año cadenas de consumo de alimentos, bebidas, transporte, ropa y servicios.
La presión criminal sobre esa economía había sido reconocida oficialmente meses antes de que Miguel Sánchez Altamirano fuera detenido.

El 23 de febrero de 2026, después de una jornada de violencia, el gabinete de seguridad estatal se reunió en Juchitán con comerciantes y representantes de sectores productivos para abordar precisamente la extorsión y el cobro de piso.
Las autoridades reconocieron entonces afectaciones a comerciantes, empresarios y transportistas del Istmo.
Un día antes, hombres armados obligaron a pasajeros a descender de una unidad de transporte de la línea OMISA que cubría la ruta Juchitán-Ixtepec y posteriormente le prendieron fuego.
La violencia provocó al día siguiente suspensión de clases, cierre del Mercado 5 de Septiembre, comercios, bancos y oficinas públicas, además de la paralización de parte del transporte. Durante aquella jornada fueron reportados 14 vehículos incendiados.
Los antecedentes son todavía anteriores.
En noviembre de 2025, la Fiscalía de Oaxaca detuvo en Juchitán a tres personas relacionadas, según las investigaciones, con una célula del Comandante Cromo y con extorsiones y cobro de piso a comerciantes.
Las indagatorias señalaban que utilizaban amenazas y, en algunos casos, disparos contra inmuebles para obligar a las víctimas a entregar dinero.
En junio de 2026, otra investigación derivó en el procesamiento de personas acusadas de extorsionar a una comerciante del ramo textil. Los agresores habrían disparado contra un inmueble como mecanismo de intimidación para exigir pagos.
En agosto, la Fiscalía de Oaxaca reconoció que una parte de la violencia en Juchitán estaba relacionada con una disputa criminal por el territorio y el cobro de piso a mototaxistas.
El problema adquirió otra dimensión porque el transporte en mototaxi constituye una actividad cotidiana para cientos de trabajadores y usuarios que se desplazan entre colonias, mercados, viviendas y zonas comerciales.
Las denuncias conocidas públicamente han mostrado además que la extorsión no se limita necesariamente a grandes empresarios. Comerciantes pequeños, trabajadores del transporte, prestadores de servicios e incluso personas que emprenden actividades económicas han aparecido como víctimas en distintos expedientes.
Pero las cifras oficiales no reflejan necesariamente la magnitud completa del fenómeno, que según organismos empresariales, ha propiciado el cierre de por lo menos el 16% de establecimientos legalmente constuituidos.
El miedo a represalias hace que numerosas víctimas opten por pagar, cerrar temporalmente, modificar horarios, abandonar alguna actividad o guardar silencio antes que acudir ante las autoridades. De ahí que no exista una cifra exacta sobre cuánto dinero mueve el cobro de piso en Juchitán ni cuántas personas lo pagan.

El problema adquirió exposición nacional en septiembre con la denuncia del poeta y diseñador zapoteco muxe Elvis Guerra, cuya vivienda fue atacada a balazos después de recibir amenazas relacionadas, según su testimonio, con la apertura de un salón de fiestas.
Guerra denunció que le exigían 200 mil pesos y sostuvo públicamente que las extorsiones alcanzaban a otros habitantes y comerciantes de Juchitán.
Su caso llegó hasta la Presidencia de la República y el gabinete federal de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró posteriormente que la investigación que condujo a la captura del presidente municipal era anterior e independiente de la denuncia presentada por Guerra.
El caso evidenció, sin embargo, otra característica del problema: para ser objeto de una exigencia económica no era necesario manejar una gran empresa. En este caso, de acuerdo con el relato de la víctima, las amenazas surgieron después de la apertura de un establecimiento.
El 23 de septiembre, fuerzas federales y estatales detuvieron al entonces presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y a Carlos Alberto, alias La Parka.
Ambos tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Las investigaciones relacionaron a esa estructura con extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios, además de posibles mecanismos de protección para grupos criminales.
La Unidad de Inteligencia Financiera intervino también con el bloqueo de recursos y cuentas relacionadas con las investigaciones.

La Fiscalía de Oaxaca sostuvo que Sánchez Altamirano presuntamente participó, fomentó y encubrió actividades delictivas por sus nexos con Los Cromos, grupo identificado por las autoridades como una estructura criminal con presencia en la región.
Mariano Rosado López, suplente del presidente municipal, aseguró posteriormente que distintos trabajadores habían sido presionados para entregar dinero y que existían cuentas bancarias relacionadas con esos pagos.
Un día después de la detención de Sánchez Altamirano también fue capturado John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, dentro de una segunda etapa de las investigaciones relacionadas con presuntas redes de protección.
La crisis pasó por la desaparición del Ayuntamiento y la designación temporal de Francisco Vásquez Jiménez para la administración municipal, mientras fuerzas estatales y federales asumieron mayores tareas de seguridad, cuyo reto será la disminución de este delito.
La Operación Sable acumula más de 250 personas detenidas en el Istmo de Tehuantepec durante 11 meses de investigaciones.
La cifra corresponde al conjunto de operativos desarrollados en la región y no significa que las 250 detenciones hayan ocurrido en Juchitán ni que todas estén relacionadas con extorsión.
Entre las personas detenidas dentro de las investigaciones recientes se encuentran Sánchez Altamirano, La Parka y el excomisionado de seguridad municipal.
El exalcalde quedó bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Así, detrás de la crisis política que colocó a Juchitán en la conversación nacional existe también una disputa en torno de una de las economías comerciales más importantes del Istmo: 4 mil 35 establecimientos únicamente entre mayoreo y menudeo, nueve de cada 10 concentrados en la cabecera y casi todos los minoristas constituidos por negocios de no más de cinco personas.
Es el mismo entramado que mantiene diariamente en movimiento mercados, abarrotes, pescaderías, carnicerías, mototaxis, ropa regional, artesanías, flores, velas, fiestas y cadenas de abasto, en el que por lo menos una vez han tenido que cubrir cuotas para seguir trabajando.