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OAXACA, Oax., 5 de julio de 2016.- La Administración Central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, alertó a los padres de familia sobre el conflicto en la Escuela Preparatoria número 4, con sede en Santo Domingo Tehuantepec.
En un comunicado, informó que la problemática que se vive en esa Institución tiene un carácter eminentemente político y no académico como se ha hecho creer a los tutores y habitantes de la Región.
La toma de las instalaciones universitarias y las movilizaciones registradas en el Istmo de Tehuantepec en las últimas horas, tiene como fin la obtención de beneficios económicos para un grupo de docentes y directivos afines al ex Secretario de Administración, Silviano Cabrera Gómez, quien realizó más de 70 recategorizaciones de manera ilegal.
Actualmente, la Administración Central Universitaria ha iniciado procedimientos penales y administrativos en contra de quienes han incurrido en actos como abuso de confianza y afectaciones a las finanzas de la Institución.
Como cortina de humo en este conflicto, se ha hecho creer a los estudiantes de sexto semestre y a sus responsables que los estudios cursados pudieran estar en riesgo de ser reconocidos, culpando a la Rectoría de tal irregularidad.
En realidad, la Dirección de la Escuela Preparatoria número 4 se ha negado de manera reiterada a integrarse al Sistema Institucional de Control Escolar de la UABJO, el cual permite verificar, concentrar y procesar la información de cada uno de los estudiantes universitarios.
El SICE es una herramienta fundamental para las Instituciones de Educación Superior, pues permite mejorar la eficiencia en sus áreas de operación interna, con un grado óptimo de confiabilidad, certeza y transparencia.
En el caso particular de la Preparatoria número 4, es responsabilidad total del Director proporcionar a la Administración Central los datos de la Institución a su cargo; sin embargo, se ha negado a ello sabiendo de las afectaciones que traerá a los estudiantes.
En ese sentido, la Rectoría de la UABJO manifiesta su total disponibilidad al diálogo, siempre en un marco de legalidad, civilidad y respeto, para solucionar los conflictos y encausar los procedimientos administrativos, a fin de evitar que los jóvenes se vean afectados.