Consejo consultivo de la CNDH rechaza Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2018.- El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que hizo público el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de asignar las tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter militar como lo será la Guardia Nacional.

Su creación se propone en contravención a la Constitución General, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales, y declaraciones previas del propio Presidente Electo y miembros de su equipo, a la vez que enfatiza la necesidad de que se fortalezcan las instituciones civiles en la materia, reduciendo la participación de elementos de nuestra Fuerzas Armadas en cuanto sea posible.

Apenas este martes 20 de noviembre pasado, decenas de organizaciones civiles, 544 académicos, activistas y personas enlistadas se expresaron en un escrito hecho por la asociación Causa en Común donde rechazan la propuesta del Gobierno electo de crear una Guardia Nacional.

En el mismo sentido y por medio de un comunicado, el cuerpo colegiado de la CNDH hizo un llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al denominado Plan de Seguridad Pública para que contemple una estrategia integral y razonada que, sin desconocer el trascendente papel de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles federales, locales y municipales para que asuman la seguridad pública y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias.

El Consejo Consultivo considera que pretender desvincular a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas no cambia en los hechos la realidad de que estará integrada mayoritariamente por personal del Ejército y de la Marina, y actuará conforme a esquemas propios del orden y disciplina castrense, bajo un modelo de división territorial y facultades amplias que es ajeno al que rige a las autoridades e instituciones civiles, quedando la coordinación y mando operativo a cargo de personal militar, con lo que implícitamente se subordina a las autoridades civiles a los mandatos y órdenes de autoridades militares, con independencia de la denominación formal que se pretenda dar a las mismas.

La eventual reforma constitucional para quitar a las autoridades civiles la responsabilidad de asumir la seguridad pública y otorgarla a un cuerpo de franco corte militar no subsanaría los vicios y lo improcedente que desde la perspectiva de los derechos humanos resultaría implementar una política pública como la que se contempla en dicho Plan.

La presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse, bajo ningún concepto, como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, ni será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos.

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