¿Contento, profesor Ackerman?

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2019.- Marcharon y presionaron hasta la saciedad para echar abajo la versión de que los sicarios de Guerreros Unidos secuestraron y asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa, hoy se dicen indignados por la liberación de uno de los coordinadores de ese horrendo crimen, Gildardo López Astudillo.

Coordinó el crimen de los normalistas “hasta hacerlos polvo” para que nadie los encuentre.

Hoy El Gil está libre, y con los mismos argumentos seguramente quedará en libertad el jefe de El Gil y líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.

¿Ya satisfecho, profesor Ackerman?

¿O volverá a acompañar a alguien a la OEA en Washington para convencerlos allá de que los mató el Ejército?

¿Misión cumplida, “forenses” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?

Parece que no: la nueva administración los volvió a contratar y pronto los tendremos haciendo hoyos en los cuarteles de Guerrero “para encontrar” a los estudiantes.

Los promotores de que toda la acusación fue una patraña producto de torturas de la PGR pasada, fueron el GIEI, los asesores legales de los padres de los 43 normalistas, y las organizaciones políticas que hoy están en el poder.

Ellos tenían la obsesión política de construir una historia para enlodar al Ejército Mexicano, aún a costa de liberar a los culpables de la masacre.

La consigna era gritar y juzgar: fue el Estado.

Con la liberación de El Gil dieron un paso clave para soltar a todos los criminales.

A través de sus presiones han logrado que 44, de poco más de cien detenidos, hayan quedado en libertad.

 “Culpa de la PGR pasada que hayan soltado a El Gil”, dicen y se refocilan en cartones y columnas.

Su interés no era encontrar a los responsables del asesinato colectivo, sino de culpar al Estado.

Y ahora que están en la conducción del Estado, ¿a quién van a culpar luego de este “triunfo”?

¿Seguirán insistiendo en que fueron esos nobles servidores de México, vestidos de verde, a los que ahora les ordenan dejarse golpear y humillar por los delincuentes?

El GIEI descalificó toda la investigación de la PGR pasada sobre la base de que las confesiones fueron arrancadas bajo tortura y así fabricar una verdad histórica.

No hay ninguna prueba de que los asesinos confesos hayan sido torturados, y cualquier abogado apelaría a ese recurso para intentar liberar a sus clientes.

Desde luego que tiene múltiples deficiencias la “verdad histórica” de la PGR, como lo han señalado en distinto grado periodistas que han seguido el caso a profundidad.

Pero de algo no hay duda: los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula, al servicio del cártel Guerreros Unidos (que gobernaba en Iguala), y ejecutados y calcinados por los sicarios de ese grupo criminal.

Una de las pruebas clave de que eso fue así, no provino de tortura alguna ni de sospecha de ella. Vino de los reportes de la DEA, que lograron interceptar, legalmente, comunicaciones entre integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago y los enviaron a las autoridades mexicanas.

En un mensaje, El Gil le reporta al líder del cártel, Sidronio Carrubias: “Nunca los van a encontrar. Los hicimos polvo y los tiramos al agua”.

Otro, previo, entre los integrantes del cártel: “Ya les dimos trámite”.

Y uno también, muy importante: “No estuvieron los verdes ni los del Estado”.

¿Qué van a hacer ahora los promotores callejeros de la liberación de El Gil?

¿Seguir con la cantaleta de “fue el Estado”?

Muy pocas cosas son de reconocerse al presidente López Obrador, pero una de ellas es su voluntad de encontrar a todos los desaparecidos y ponerles nombre a los cadáveres en la medida de lo posible, para ser entregados a sus familiares.

Hayan sido buenos o malos, se trata de seres humanos.

Tiene razón también al afirmar que el poder judicial necesita reformarse, lo mismo que la FGR.

Aunque para llegar a la verdad no bastan las reformas, sino en este caso concreto de los 43 normalistas, dejar de lado la demagogia macabra de algunos de sus aliados que impiden decir quiénes y por qué mataron a los normalistas.

Escuchar menos a gente ideologizada como Ackerman y su secretaria de Desarrollo Social, y leer el expediente de la CNDH.