Contrarreforma educativa luego del 1-J

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2018.- Hasta el momento parece que todas las miras están puestas en el día de la jornada electoral del 1 de julio próximo, como si esa fuera la fecha cumbre para el país. Lo será sólo durante ese día. Sin embargo, el resultado de esa jornada electoral será decisivo para los pasos que deba dar el próximo Presidente de la República, a partir no del 1 de diciembre, sino del día siguiente de los comicios. En un escenario posible, en el que pudiera triunfar Andrés Manuel López Obrador, vale la pena analizar algunas de las coordenadas que serían indispensables para la discusión de una posible contrarreforma educativa.

En efecto, parece claro que ni el primer debate entre candidatos presidenciales ocurrido el pasado domingo, ni cualquier otro de los hechos conocidos hasta el momento, ha tenido la capacidad de cambiar la inercia de las preferencias electorales. En todas las mediciones, Andrés Manuel López Obrador se encuentra no sólo a la cabeza, sino también muy por delante de sus más cercanos competidores. Ante ello, se ve cada vez más claro cómo comienzan a entrelazarse los intereses del Partido Revolucionario Institucional, y los de la alianza PAN-PRD para tratar de detener al tabasqueño.

En respuesta a ello —es decir, como grupos no sólo a favor de López Obrador, sino interesados en el cumplimiento de sus promesas si llega a la Presidencia— existen algunas expresiones políticas que parecen surgir no sólo con miras a la elección del 1 de julio, sino para los procesos siguientes.

Uno de esos grupos, que aparece con fuerza en Oaxaca, es el Frente Estatal Popular Progresista, el cual está compuesto por personas provenientes de distintos gremios y actividades productivas —entre varios otros grupos, integrantes de la Sección 22 del SNTE, o el ex diputado local Jefté Méndez— y que ha sostenido que tiene como primer objetivo el cuidado y la defensa del voto a favor de López Obrador el día de la jornada electoral; pero que desde el inicio parece ser uno más de los sectores que podría, y debería, sumarse a la enorme discusión nacional que asimismo debería surgir, a partir de la propuesta de modificar o eliminar la reforma educativa de la Constitución federal.

De hecho, tal parece que esa discusión será necesaria independientemente de si llega o no a ganar López Obrador la Presidencia de la República. La razón de fondo radica en que de todos modos el esquema de evaluación docente necesita cambios, y que esos cambios invariablemente tratarán de ser empujados por todos aquellos grupos que hoy están viendo los primeros efectos de la reforma educativa, y que no tardarán en manifestarse frente al nuevo gobierno para exigir los ajustes que podrían ser necesarios.

Parece entonces que al margen de que López Obrador llegue a la Presidencia, de todos modos abrió una especie de caja de pandora relacionada con la reforma educativa. No habrá forma, independientemente de quién gane la Presidencia, de detener a innumerables grupos tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y de otras expresiones minoritarias y que pudieran surgir al interior del gremio magisterial nacional, que quizá antes de que termine el año planteen a la nueva administración federal, o una reforma integral, o un replanteamiento, e incluso una contrarreforma, relacionada con la educación pública y con la forma en que ésta se evalúa.

Será un tema de la mayor trascendencia, el cual es necesario ir viendo desde ahora.

Condiciones sociales

Existe una especie de coincidencia disimulada entre diversas expresiones magisteriales, respecto a la evaluación docente. Esa coincidencia, hasta ahora poco vista, apunta al hecho de que la evaluación fue confeccionada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sin considerar que son muchos factores sociales los que influyen en el aprovechamiento de los niños que reciben educación pública, y que al mismo tiempo de implementar procesos de evaluación, era necesario también impulsar mecanismos de regularización para los trabajadores de la educación en todo el país.

Esto parece algo menos complejo de lo que es. Según esa visión, para lograr resultados verdaderamente aceptables en una evaluación docente es necesario que existan las condiciones mínimas de aprovechamiento para todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Ello, dicen, no sólo implica que puedan acceder a clases todos los días, sino también que cuenten con alimentación mínima, un entorno familiar y comunitario seguro, y una infraestructura educativa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

El problema, señalan, es que a lo largo y ancho del país hay miles de escuelas que no tienen ni la infraestructura indispensable. Es decir, no tienen pisos de cemento firme, no tienen muros y techos sólidos, no tienen agua potable, energía eléctrica, drenaje, sanitarios y áreas mínimas de esparcimiento. Si muchas escuelas del país no tienen eso, muchas más no cuentan con lo necesario para potenciar el aprovechamiento de los educandos a través de materiales educativos, tecnología, e incluso los libros y los materiales que son indispensables para las actividades cotidianas.

Si todo eso está del lado social, también reconocen que el Estado debería considerar más las condiciones en que se ha formado el magisterio desde hace años. En las escuelas normales del país se han anidado vicios que hoy impactan en la preparación mínima de los maestros. Por esa razón, no todos los profesores del país son capaces de aprobar dignamente la evaluación, y a muchos de ellos ni siquiera les son suficientes los cursos de actualización que se les ofrecen para poder superar una primera calificación reprobatoria.

En el fondo, sostienen, es positivo que el Estado quiera evaluar la calidad de la educación. Pero debería hacerlo no en un escenario fantasioso, sino considerando la realidad de la educación en el país. Esa realidad debe considerar que hay millones de niños que llegan a la escuela con hambre; que las condiciones en las que reciben instrucción son inadecuadas, riesgosas e insalubres, y que los profesores —no todos, pero sí muchos— tienen también deficiencias estructurales en su formación como docentes, que primero deben ser corregidas antes que evaluadas.

Discusión inminente

Al final, esta será una de las discusiones que muy posiblemente ocurran independientemente de quién sea el próximo Presidente de México. Queda claro que esa visión no es ni radicalizada ni entreguista, pero quizá sea una de las posturas más razonables respecto a por qué sí debe ser revisada la reforma educativa. No para derogarla sino más bien para hacerla más acorde a la realidad de la mayoría de las escuelas, de los maestros, y de los niños mexicanos.

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