Corrupción, casos extremos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2017.- Esta semana dos noticias nos permiten retomar el tema de la casi nula independencia de los auditores y contralores estatales, así como de los organismos autónomos. La autonomía de gestión es insuficiente, si no existe autonomía presupuestaria y nombramientos realizados por los congresos, con una bien organizada participación ciudadana.

La primera involucra a diputados de diferentes partidos del Congreso de San Luis Potosí e indirectamente a la Auditoría Superior del Estado. En un video uno de los diputados, el coordinador del Congreso pretende extorsionar al presidente municipal de Ébano, para la solventación de las observaciones pendientes de sus cuentas públicas.

El Coordinador miembro del PAN, ya renunció, pero dejó involucrados a diputados de otros partidos, quienes parece también lo hicieron, pero antes fueron aprobadas las cuentas públicas municipales. El ASE de San Luis Potosí tiene nombramiento de 2014 a 2021, debe aclarar lo anterior, porque es evidente que algo pasa en su interior.

La otra es sobre la detención del Auditor Superior de Chihuahua, cuyo periodo de gestión estaba próximo a terminar, ya que entró en 2011, aunque renunció a fines de enero de este año, cerca de dos años antes.

Se le acusa de gastar cerca de medio millón de pesos para pagarse unas vacaciones familiares con recursos públicos, algo que parece ridículo, más tratándose de alguien que conoce los mecanismos de fiscalización.

Antes del 13 de junio en entrevista local señaló que fracasó el combate a la corrupción en Chihuahua, dijo que “al menos 30 funcionarios públicos de diferentes niveles y rangos deberían encontrarse ya bajo un proceso penal por corrupción y se debieron haber resarcido mas de 500 millones de pesos, esto al menos en los últimos cuatro año y medio…“

El Heraldo de Chihuahua del 17 de enero de 2017, habló de la impunidad de los diputados locales y calificó de nidos de la corrupción al sector salud, educación y obra pública. Como Auditor fue muy activo en los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización.

Por salud pública se tienen que investigar ambos casos de manera transparente y aplicar la Ley con rigor, si así se determina.

Lo anterior nos permite comentar una inquietud permanente, la de independencia de los responsables de la fiscalización. Es cierto que para ser auditor estatal se acostumbra el cabildeo o los acuerdos políticos, y los contralores son designados, o eran.

Su tiempo de permanencia desde 2008, es de periodos no menores de siete años de acuerdo al articulo116, fracción segunda, de nuestra Constitución Política, pero la realidad es otra, renuncian o los presionan para que se vayan, cuando cambian los gobiernos.

Desde la Auditoría Superior de la Federación, se mantiene preocupación respecto al cumplimiento de la permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, porque parece que cada gobierno nuevo, quiere el auditor a su modo, por supuesto que hay excepciones.

Al respecto el IMCO en su Informe de Competitividad Estatal 2010, presenta un cuadro sobre el tiempo de permanencia de los tres últimos auditores en cada estado. Con cifras de 2008, solo en algunos, el tercer auditor terminó su ciclo de 84 meses. Y aun persiste esa inestabilidad del auditor superior estatal.

La fragilidad de la estabilidad laboral de auditores y contralores es notable. Hay muchas formas para obligarte a renunciar, si los fallos no son los que quiere el príncipe, entre otras, se les restringe presupuestariamente, se les presiona hasta con auditorias personales, se les ataca en los medios de comunicación locales, incluso se le puede bajar el sueldo, etcétera. Hasta que, al no ser estoicos, renuncian.

Pero también hay algunos que no solo son aliados, sino subordinados de los gobiernos estatales y hasta hacen gestiones por ellos. Lo más grave es cuando alguno participa indebidamente en procesos electorales, pero siempre se les detecta. Ahí sí nada que hacer.

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