Crímenes, accidente en Brooklyn y abusos de poder

Miscelánea, salud y política

El periodismo jamás puede callar: esa es su mayor virtud y su mayor defecto. Debe hablar, y hablar de inmediato, mientras los ecos del asombro, las proclamas de triunfo y las señales del horror aún estén en el aire: Henry Anatole Grunwald

En los últimos días, la frase: «Tengan para que aprendan», repetida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para vanagloriarse de sus triunfos electorales sobre opositores fue usada como búmeran por grupos delincuenciales en amenaza abierta contra los altos funcionarios del gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum.

El equipo de gobierno está obligado a reaccionar frente a las tragedias vividas los últimos días y debe establecer estrategias de inteligencia y seguridad en todos los órdenes de gobierno. La demanda es: ninguna víctima más producto de la falta de previsión, incapacidad o incompetencia. La autoridad debe garantizar la seguridad de sus gobernados, incluidos sus más cercanos colaboradores.

Muy lamentable resultó el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, quienes viajaban en un automóvil sin blindaje ni escolta, porque el Artículo 122 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así lo establece en lo general, para evitar gastos del erario público.

Aunque dicho artículo también señala que «en caso de ser necesario de los titulares de entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y de aquellos servidores públicos que requieran en atención a sus funciones, previa autorización del superior jerárquico». Las víctimas asesinadas a plena luz del día pudieron ser beneficiarios de esta excepción, pero lamentablemente no ocurrió así.

Aunque no se ostente verbalmente en las Mañaneras del pueblo, el gobierno federal ha declarado la guerra a los carteles criminales, ello es evidente en las masacres que se registran cotidianamente en una decena de estados del país, y en operativos en la CDMX donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana local recién dio a conocer que operan 62 grupos delincuenciales en la capital.

Nadie se ha adjudicado los asesinatos de los colaboradores de Brugada, pero los especialistas en el tema como Eduardo Guerrero, por el modus operandi sospechan de una alianza entre la Unión Tepito y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo ocurrido debe alertar a las autoridades sobre la necesidad de revisar las medidas de vigilancia pública y protección a los funcionarios frente a carteles cuya intención es doblegar a la autoridad con actos atroces. Cabe recapacitar en que un gobierno debe actuar sin miedo, quien no actúa no gobierna.

Es necesario revisar los criterios de selección de los altos funcionarios del obradorismo, ya que para fines de políticas públicas no sirve de nada ser leales a los jefes políticos morenistas si no saben cómo enfrentar una emergencia ni tienen previstos planes para enfrentar contingencias; si no han aprobado exámenes de saberes y capacidades.

Tampoco sería justificable provocar accidentes por causas de austeridad: el presupuesto en construcción, operación y mantenimiento de los navíos de la Secretaría de Marina se redujo en 51 por ciento, lo que podría ser motivo de dejar de garantizar su operación segura.

Lo anterior en referencia al accidente del buque escuela Cuauhtémoc, en Nueva York. Un símbolo de orgullo, tras más de 40 años de navegar por el mundo formando marinos mexicanos. Tres días después del percance que costó dos vidas y 20 heridos, el barco permanecía maltrecho en el muelle 36 del East River de Manhattan, como la dignidad nacional, y decirlo no es mezquindad, si no reconocemos un problema nunca podremos solucionarlo.

Esperemos a conocer las conclusiones de los peritajes de la colisión del Cuauhtémoc, autoridades de México y Estados Unidos investigan, aunque el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que el accidente ocurrió cuando el buque escuela era operado por el capitán estadounidense del puerto de Brooklyn.

La investigación del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, ocurrido el pasado17 de mayo al colisionar contra el puente de Brooklyn, podría durar entre uno y dos años, según informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.  

Hay otros dos capitanes mexicanos, y los tres deberán comparecer ante la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Por el bien de todos deben esclarecerse los hechos y castigar a los responsables.

Los honores póstumos no resarcen a las familias de las dolorosas pérdidas sufridas por las muertes de la cadete América Yamilet Sánchez, de 20 años de edad y del marino Adal Jair Marcos, de 22, dos jóvenes comprometidos con servir a la nación, orgullos de sus terruños, Xalapa, Veracruz y San Mateo del Mar, Oaxaca, respectivamente.

Lo que es injustificable, por más que la presidenta Sheinbaum quiera minimizarlo, es que horas antes el buque escuela haya sido usado por morenistas para hacer propaganda a favor de «hacer historia votando en la elección judicial del 1 de junio, a favor de Lenia Batres para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a favor de César Mario Gutiérrez Priego.»

Gutiérrez Priego es uno de los candidatos a magistrado cuestionados por sus antecedentes por estar ligados al crimen organizado, fue colocado en la lista negra de analistas por ser hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue sentenciado en el año 2000 por soborno, obstrucción a la justicia y facilitar el transporte de drogas. (CNN en español).

Faltan solo 10 días para que el 1 de junio se efectúen las elecciones para ocupar el 50 por ciento de los cargos del Poder Judicial de la Federación, y de funcionarios judiciales en 22 estados. Pese a la campaña intensiva con que el INE invita a votar y «hacer historia», crece la convicción de que triunfará el abstencionismo.

Quienes se abstendrán consideran entre otras razones que el proceso está viciado de origen y el morenismo busca apoderarse del Poder Judicial asesorado por el inefable ministro Arturo Zaldívar; se dejó fuera al ciudadano del conteo de votos; sospechosamente existen más del doble de «observadores» que, en la elección presidencial del 2024, y lo peor: se dejó pasar a candidatos relacionados con el crimen organizado.

Otro caso para el análisis profundo de quienes se dedican a estudiar la psique humana es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien hizo historia como opositor desaliñado, con una conducta grosera, incivilizada… pero ahora afiliado a Morena, el partido en el poder, como presidente del Senado, exige respeto a su alta investidura, y entre sus incongruencias ahora presume viajes al extranjero en primera clase.

Increpado por un ciudadano en público, lo demandó y acusó de agresiones, para perdonarlo y no encarcelarlo (Sic), lo obligó a darle disculpas públicas, que hizo difundir masivamente, lo que provocó la condena generalizada de opositores al interpretar su exigencia como un abuso de poder, un acto de soberbia y humillación ciudadana.

El rechazo a la conducta de Fernández Noroña alcanzó también a sus ex correligionarios del PT, quienes tres semanas atrás lo habían abucheado por dejar su militancia, ocasionándole otro tremendo coraje al ahora sensible político.

Otros abusos de poder contra periodistas causan enorme preocupación entre comunicadores, como es el caso en contra de Héctor de Mauleón, quien escribió sobre presuntos nexos de Tania Contreras -cuñada de Juan Pablo Madero Larios-, con redes de huachicol. Ella es aspirante a ser magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TEET) aceptó la queja y acusó al periodista de violencia política de género y dictó medidas cautelares ordenando al Universal y al autor a retirar la columna y no mencionar a la quejosa en relación a redes de huachicol o podría ser acusado de desacato e imponerle sanciones económicas o el arresto.

De Mauleón, en entrevista con Joaquín López Dóriga, acusó al INE de proporcionar  en forma ilegal datos personales, como es su domicilio, a los notificadores y al TEET, lo cual representa un ataque directo a la libertad de expresión.