Crisis de los servicios de inteligencia

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2020.- La aparición de un nuevo cártel en Michoacán, el regreso de las autodefensas y el crecimiento del índice de delitos han centrado toda la atención en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para asuntos de inseguridad, heredero del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se dedicaba a informes para el Estado e hijo directo de la Dirección Federal de Seguridad como policía política del régimen priísta.

La inteligencia es la información no pública que se recopila de fuentes abiertas y cerradas para procesar comportamientos que puedan afectar al Estado, a sus instituciones y a la sociedad. El problema radica cuando la información para la seguridad del Estado se convierte y se usa para asuntos personales de los políticos y funcionarios y para tareas corruptas de los agentes de inteligencia.

En 1985 estalló la crisis de la Federal de Seguridad cuando presiones de EU revelaron que esta policía política de gobernación estaba al servicio de las primeras bandas de narcotraficantes, sobre todo la de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, quienes, inclusive portaban credenciales legales como agentes de la DFS.

La DFS fue convertida en dirección de investigación y seguridad nacional y el gobierno de Salinas la transformó en centro autónomo. A pesar de tener funciones ya muy claras de inteligencia, el CISEN siguió los malos pasos de la DFS en materia de espionaje político para desacreditar disidentes y opositores. El gobierno de López Obrador convirtió el CISEN en CNI adscrito a seguridad pública.

El aumento en los índices de inseguridad, la creación de nuevos cárteles y la penetración de las bandas en las estructuras sociales y en el propio Estado revelan que el CNI no funciona para sus tareas primordiales. El programa nacional de seguridad pública del presidente López Obrador ofreció la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia para tener una cobertura de seguridad nacional de toda la república, sin que se hayan tenido hasta ahora algunas informaciones oficiales en el año y medio de gobierno.

Sin inteligencia no funcionan los cuerpos de seguridad. Se supone que sigue funcionando la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, pero los datos de movilidad impune de los grupos delictivos revelan la falta de eficacia de sus egresados y del propio CNI porque una de sus tareas sería la de tener detectadas las movilidades delictivas.

En las últimas semanas proliferaron las fotografías de personal de los cárteles más grandes repartiendo despensas en zonas rurales marginadas y con alto grado de pobreza donde la acción social del Estado es nula y eran resguardados por delincuentes con armas de alto poder. Durante días fue obvia la impunidad de los cárteles para desafiar al Estado con elementos armados.

El presidente de la república tiene la falsa percepción de que los agentes de inteligencia son espías al servicio de viejos políticos y ha preferido dejar a ciegas al Estado con la disminución de funciones del CNI. Pero sin información de inteligencia, el Estado anda a ciegas y por ello no puede sino dar palos de ciego.

La profesionalización de los servicios de inteligencia y los controles legales para evitar abusos son parte de la nueva seguridad de los Estados que quieren ganarle a la delincuencia.

Ley de la Omertá

En la bibliografía de delincuentes, de suyo bastante precaria por falta de profesionales de la investigación y por interés más comercial de las editoriales, no existen indagaciones de fondo sobre uno de los más importantes cárteles del crimen organizado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, de relativa nueva presencia en el escenario del crimen organizado y del narcotráfico mexicano.

Creado en 2011, en menos de diez años se ha fortalecido y es uno de los principales operadores del tráfico, venta y comercialización al menudeo de drogas en los EU, donde la DEA tiene en marcha la Python Operation para desarticular a este grupo, aunque con acciones que están llegando a México con grupos de la DEA para aplastarlo.

De los estudios más sólidos sobre el CJNG el de Carlos Flores Pérez, del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE, https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/Carlos_Flores.pdf) e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), es el más completo para sentar las bases de investigación del grupo.

Las conclusiones revelan no solo el sentido de la oportunidad del comercio de drogas, sino la ausencia de estructuras de seguridad a nivel regional y el alto grado de corrupción de autoridades de seguridad y justicia en las zonas donde operan, ya en casi todo el territorio nacional.

Si no hay alguna operación dirigida tipo Python contra el CJNG, no tardará mucho en desplazar a otras para convertirse en un polo de atracción criminal diversificada más importante del país

Zona Zero

• Un dato despertó entre curiosidad y preocupación en el comunicado leído por el nuevo cártel en La Huacana, Michoacán. La declaración de zona exclusiva de dominio criminal por ese grupo, pero incluyendo el espacio aéreo. Es decir, que amenazaron con derribar a naves policías y militares que quieran cruzar por el espacio aéreo de ese municipio. Aunque en los organismos de seguridad hay escepticismo no probado sobre ese grupo, la duda radica en que para controlar el espacio aéreo se requiere de misiles tierra-aire que se pueden conseguir en el mercado clandestino de armas. Pero implicaría un paso adelante en la capacidad de armamento para un grupo criminal.

• El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en grado de seguridad interior necesita del apoyo social, pero hasta ahora dominan las quejas de grupos sociales controlando ates por los funcionarios de seguridad pública. De todos modos, las fuerzas armadas cuentan con el 85 % de apoyo social.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh