Cuando la soberanía se usa contra la democracia

A Tabasco

La soberanía es uno de los pilares sobre los que descansa la existencia del Estado moderno. Representa la capacidad de una nación para ejercer su autodeterminación, preservar su independencia y garantizar que las decisiones fundamentales sobre su organización política sean adoptadas sin interferencias externas.

Sin embargo, la historia demuestra que la soberanía no siempre ha sido utilizada como un principio jurídico orientado a proteger a las instituciones democráticas. En numerosas ocasiones, el discurso soberanista ha sido empleado como un instrumento político para justificar la concentración del poder, deslegitimar a los adversarios y fortalecer proyectos políticos sustentados en la polarización.

La apelación al nacionalismo constituye una de las estrategias más eficaces para movilizar emociones colectivas. Los discursos asociados con la defensa de la patria, la identidad nacional y la protección de los intereses del Estado suelen generar cohesión social y un profundo sentimiento de pertenencia. No obstante, cuando esos conceptos son utilizados para obtener ventajas políticas, dejan de representar valores democráticos y comienzan a funcionar como mecanismos de control.

El falso nacionalismo aparece cuando la defensa de la soberanía deja de estar orientada hacia la protección del orden constitucional y se convierte en una narrativa destinada a construir amenazas y a identificar enemigos.

La creación del enemigo político no es un fenómeno nuevo. La teoría política y la sociología han documentado ampliamente cómo determinados grupos utilizan el discurso para establecer mecanismos de exclusión capaces de dividir a la sociedad entre quienes son considerados legítimos y quienes son presentados como una amenaza.

El discurso discriminatorio constituye una de las expresiones más visibles de ese fenómeno.

La discriminación política no siempre se manifiesta mediante expresiones abiertas de intolerancia. En muchas ocasiones, adopta formas más sofisticadas. Los adversarios dejan de ser competidores legítimos dentro de un sistema democrático para convertirse en representantes de intereses ajenos, agentes externos o actores vinculados con proyectos supuestamente contrarios a la nación. La construcción del enemigo comienza con las palabras.

La crítica es interpretada como un acto de deslealtad. El disenso se convierte en traición. La oposición deja de ser una expresión legítima del pluralismo político y comienza a ser presentada como un obstáculo para el desarrollo nacional. La consecuencia inmediata es la polarización. La sociedad es dividida entre patriotas y enemigos. Entre quienes supuestamente defienden a la nación y quienes son señalados como colaboradores de intereses externos. En el ámbito electoral, esta estrategia adquiere una dimensión especialmente delicada.

La construcción de una narrativa basada en una presunta intervención extranjera puede transformarse en el argumento perfecto para cuestionar la legitimidad de cualquier proceso electoral.

La secuencia suele repetirse con una lógica perfectamente estructurada. Primero, se identifica un acontecimiento internacional. Después, ese acontecimiento es interpretado como una injerencia en los asuntos internos del país. Posteriormente, se afirma que la soberanía nacional ha sido vulnerada. Finalmente, se plantea la necesidad de revisar, desconocer o incluso anular una elección bajo el argumento de proteger la democracia. Este mecanismo puede presentarse en cualquier tipo de elección.

Puede aparecer en los comicios municipales, en las elecciones legislativas, en las contiendas para renovar gubernaturas o en la elección presidencial. El objetivo es el mismo: construir un justificante político capaz de desacreditar el resultado electoral.

Sin embargo, las democracias constitucionales no funcionan sobre la base de percepciones políticas ni de interpretaciones ideológicas. La nulidad de una elección constituye una medida excepcional que exige pruebas contundentes, evidencia verificable y la demostración de que las irregularidades fueron determinantes para alterar el resultado de la votación. Los acontecimientos internacionales no pueden convertirse automáticamente en pruebas de una intervención electoral.

La revocación de visas a determinados actores políticos ilustra claramente esta situación. En numerosas ocasiones, decisiones administrativas adoptadas por gobiernos extranjeros son reinterpretadas como acciones dirigidas contra proyectos políticos específicos. A partir de ese momento, el debate deja de centrarse en las razones jurídicas o administrativas que motivaron la medida y comienza a construirse una narrativa de persecución política.

La victimización sustituye al análisis. Las sanciones administrativas son presentadas como mecanismos de intervención. Las críticas internacionales son interpretadas como agresiones contra la soberanía.

Los cuestionamientos políticos son transformados en intentos de desestabilización. La historia latinoamericana ofrece ejemplos significativos. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, en Argentina; Hugo Chávez, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua, y Fidel Castro, en Cuba, el nacionalismo fue utilizado, en distintos momentos y bajo circunstancias diferentes, para fortalecer liderazgos políticos, consolidar estructuras de poder y presentar la confrontación con actores externos como un elemento central del discurso gubernamental.

Las diferencias históricas entre estos procesos son evidentes. Sin embargo, todos comparten un elemento común: la utilización del nacionalismo como un instrumento capaz de generar cohesión política y de fortalecer la legitimidad del poder. México no está exento de esa dinámica. La creciente polarización política ha favorecido la aparición de discursos que simplifican la realidad y reducen el debate público a una confrontación permanente entre quienes son definidos como “defensores” de la nación y quienes son catalogados como “representantes” de intereses opuestos.

El riesgo es evidente. Cuando la soberanía deja de ser un principio constitucional y comienza a convertirse en un argumento político, las instituciones democráticas empiezan a debilitarse. La soberanía no pertenece a un partido político. Tampoco constituye el patrimonio exclusivo de un gobierno o de un movimiento ideológico.

La soberanía pertenece a los ciudadanos. Se expresa mediante el voto libre, encuentra su fundamento en el Estado de derecho y adquiere legitimidad a través de instituciones autónomas, capaces de garantizar elecciones transparentes, imparciales y competitivas. Por ello, cualquier denuncia relacionada con una posible intervención extranjera debe ser investigada con absoluta seriedad. Pero esa investigación debe estar sustentada en hechos verificables y no en narrativas diseñadas para construir enemigos políticos o justificar decisiones previamente adoptadas.

La democracia exige evidencia.

El nacionalismo exige lealtad.

La justicia electoral exige pruebas.

La utilización del discurso soberanista para construir un justificante político destinado a desconocer o anular elecciones representa uno de los mayores riesgos para cualquier sistema democrático.

Porque cuando la soberanía se utiliza para discriminar al adversario, construir enemigos políticos y cuestionar la legitimidad del voto ciudadano, deja de ser un principio constitucional y se transforma en un instrumento de confrontación.

La verdadera defensa de la nación no consiste en fabricar amenazas externas ni en convertir cualquier acontecimiento internacional en una prueba de conspiración. La verdadera defensa de la soberanía comienza con el respeto a las instituciones.

Y, sobre todo, con el respeto a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.