Cuestionar funcionarios y pedir justicia, un rol social: Álvarez Icaza

OAXACA, Oax., 21 de junio de 2017.- El sociólogo Emilio Álvarez Icaza afirmó que el rol de la sociedad organizada es exigir transparencia y justicia a los funcionarios, con el fin de disminuir la brecha entre las leyes y la realidad mexicana.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impartió la conferencia magistral Democracia y Derechos Humanos, en la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Afirmó que la acción política de la democracia es garantizar los derechos de aquellos sectores que tienen desigualdad.

En ese ámbito, dijo que el principal problema de la sociedad mexicana no es la falta de leyes o vacíos legales, sino la distancia entre la normatividad escrita y la realidad.

“El tema no se acaba en leyes, El problema en México no es un vacío normativo, sino la distancia entre las leyes y la realidad, eso es lo que la organización ciudadana debe disminuir”, indicó.

Asimismo, dijo que es obligación del Estado garantizar el cumplimiento a los derechos humanos.

“Hoy por hoy los acuerdo internacionales y marcos normativos establecen que solo los gobiernos violan los derechos. Un particular comete delitos, no viola derechos. En ese sentido, las autoridades pueden violar derechos por acción o por omisión”, expresó.

Aseguró que hay un reclamo social ante la impunidad. Se cree que derechos humanos defiende al delincuente, y no, son la impunidad y la corrupción.

“Eso no es. Los actores políticos de los noventas crearon esa narrativa, ya que decían que los organismos de derechos humanos no los dejaban hacer su trabajo. Pero ellos cometían delitos como la tortura, para castigar delitos, eso es algo que no debía permitirse. Si no se entiende esta situación, no entendemos donde estamos parados”, afirmó.

Afirmó que la sociedad mexicana cuestiona a los servidores públicos, lo cual es parte de su trabajo.

“Si a un año de los hechos en Nochixtlán, donde hubo abuso de fuerza, donde servidores públicos hicieron uso de armas letales contra la sociedad civil no hay responsables, se erosiona la confianza y propicia que los conflictos se resuelvan por afuera de las instituciones”, aseguró.