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OAXACA, Oax. 26 de febrero de 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó que en la construcción de nueve Centros de Justicia en el estado de Oaxaca, se cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Lo anterior se informó al dar a conocer el informe de resultados de una Auditoría de Inversiones Físicas que practicó a dicho proyecto con la finalidad de fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales asignados, se informó en un comunicado.
El titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera señaló que con los resultados positivos de la revisión queda constancia del uso responsable, transparente y adecuado de los fondos públicos aplicados a la edificación de los espacios destinados a optimizar la labor de las instituciones que intervienen en el nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
Detalló que la ASF auditó un importe de 98.2 millones de pesos, que corresponden a la totalidad de los recursos federales ejercidos al inicio de la construcción de nueve Centros de Justicia hasta la adjudicación de las obras y los del año 2015, a fin de comprobar que las inversiones se utilizaron de manera correcta y que no se incurrió en desvíos o irregularidades.
Además, se constató el avance físico de las obras para corroborar que se encontraran en proporción con el avance financiero, por lo que derivado de la revisión, el organismo fiscalizador emitió siete observaciones preliminares respecto a las condiciones previstas en la convocatoria de licitación; autorizaciones administrativas como licencias y permisos, así como la disponibilidad de recursos económicos, entre otras, que fueron solventadas en su totalidad.
En el dictamen del informe de resultados, la Auditoría Superior de la Federación destacó que “con base en la revisión, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y comprobó que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable”.
Cabe señalar que en diferentes ocasiones se han realizado auditorías al Poder Judicial para verificar la información financiera, administrativa y operacional de la institución. De las más recientes, destaca la realizada por primera vez a través de la Auditoría Superior del Estado, que comprendió la revisión del presupuesto del Programa de Operación Anual (POA).
También, a través de la ASF, se fiscalizó el uso del dinero asignado a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).