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OAXACA, Oax. 2 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que casi 80 por ciento de las llamadas de extorsión que afectan a familias y comercios de la entidad tienen origen en centros penitenciarios ubicados fuera del territorio oaxaqueño.
El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, dio a conocer que un análisis de inteligencia correspondiente a mayo permitió identificar que las amenazas telefónicas no son generadas desde Oaxaca, sino principalmente desde cárceles de otras entidades del país.
De acuerdo con los datos presentados, el 47.16 por ciento de las llamadas extorsivas detectadas provino del penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. En segundo lugar se ubicó el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, con 18.18 por ciento, mientras que el Reclusorio Norte concentró 14.20 por ciento de los casos.
La investigación también identificó actividad relacionada con extorsiones desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 9.09 por ciento, así como del Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo, con 3.98 por ciento.
El fiscal explicó que este fenómeno delictivo opera principalmente mediante llamadas telefónicas en las que los responsables buscan generar miedo, presión psicológica o sensación de urgencia para obtener depósitos bancarios, transferencias electrónicas o recargas telefónicas. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran las falsas amenazas contra familiares, supuestos secuestros virtuales y llamadas en las que se hacen pasar por integrantes de grupos criminales o autoridades.
Las autoridades han señalado en diversas ocasiones que las extorsiones telefónicas continúan siendo uno de los delitos con mayor incidencia a nivel nacional debido a que los responsables pueden operar a distancia, utilizando teléfonos móviles obtenidos de manera ilegal dentro de centros penitenciarios o a través de redes externas de colaboración.
Ante este panorama, la Fiscalía de Oaxaca recomendó no proporcionar información personal, cortar de inmediato la comunicación, mantener la calma y reportar los hechos a las autoridades. Rodríguez Alamilla subrayó que la información y la denuncia son herramientas fundamentales para evitar que los responsables obtengan beneficios económicos mediante el engaño.
La dependencia reiteró que las investigaciones continúan para fortalecer los mecanismos de identificación de números utilizados en estas prácticas y colaborar con instancias federales para inhibir la operación de redes de extorsión que mantienen actividad desde centros penitenciarios del país.