El debate sobre la publicidad oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de enero de 2018.- Hace tiempo le oí decir a un editor español que en el mundo hay dos tipos de países: aquellos donde los gobiernos presionan a la prensa (sutil o grotescamente como en Estados Unidos), y los que dictan a la prensa, como Cuba, Venezuela y Rusia entre otros.

México está en el primer grupo, en el de los países democráticos, donde el gobierno presiona a la prensa. (Los asesinatos a periodistas son punto aparte, pues no los comete el gobierno sino carteles de las drogas, con casos de políticos coludidos con narcotraficantes, como parece ser el asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua).

El punto está en tener directivos que actúen profesionalmente, capaces de dialogar con el poder -como ocurre en todos los países democráticos del mundo-, sin ceder cuando se tiene la razón.

Pero empecemos por el principio, que es el escándalo desatado por un reportaje en The New York Times en el sentido de que el gobierno mexicano tiene controlados a los periódicos a través de la compra de publicidad.

El esquema de la publicidad en México funciona de distinta manera que en Estados Unidos, pero no implica que con ella se compre a los medios.

A diferencia de EU y de la mayoría de los países democráticos, el gobierno de México financia a los partidos políticos, por ejemplo, y no por ello los tiene cooptados.

A diferencia de EU y de buena parte el mundo, aquí los partidos tienen millones de horas a su disposición en los medios electrónicos, por las cuales no pagan un peso.

Somos diferentes, pues.

¿Necesita anunciarse el gobierno? Desde luego que sí, y no es una compra de líneas editoriales, salvo que alguien la quiera vender.

El gobierno -éste, por ejemplo-, necesita anunciar (de lo contrario nadie lo destaca) que ha construido 47 mil kilómetros de carreteras, con libramientos y caminos rurales, que podrían darle la vuelta a la Tierra. ¿O debe quedarse en el ánimo social que sólo hicieron el socavón de Cuernavaca?

Tiene que decir a los cuatro vientos y por todos los medios posibles para qué sirve la reforma educativa. ¿O debe quedarse en el ánimo social lo que a manera de campaña se divulga en redes sociales y dicen articulistas y políticos mentirosos de que es para privatizar la educación y cobrar por los libros de texto?

Debe explicar hasta la saciedad de qué se trata la reforma energética, y contrarrestar la maledicencia esparcida en redes y medios que es para cumplir compromisos con compañías extranjeras y regalarles la riqueza de nuestro subsuelo.

Todo eso lo tiene que pagar, mediante planas y anuncios e intentar equilibrar las campañas de mentiras y distorsiones que generan desaliento social e influyen en el ánimo de la población.

Según The New York Times la publicidad controla la línea editorial de los medios, y sus repetidores acríticos nos recetan la muletilla de “el que paga manda”.

¿A poco el gobierno, o el dueño del periódico, le dice a Mauricio Merino, Ricardo Raphael, Roberto Rock, Carlos Loret, Francisco Martín Moreno, Héctor de Mauleón y tantos otros qué escribir en las páginas de El Universal -el diario que ha sido víctima de una artera campaña con el cuento de la publicidad oficial?

Están enojados con El Universal (en el contexto de un pleito más profundo con Reforma) porque zarandeó a Ricardo Anaya con información inexacta (mas no falsa), y ha exhibido no sólo a priistas, sino también a panistas, perredistas y morenistas. ¿No se puede? ¿Eso es estar vendido? Pamplinas.

Se molestan porque en los medios impresos se critica a López Obrador, como si eso fuera una señal de que la prensa está controlada por el gobierno. Y sacan el estribillo de “el que paga manda”.

Carlos Slim -un extraordinario y honesto empresario mexicano-, ¿le decía a The New York Times qué publicar o a quién atacar cuando era el principal accionista individual de ese periódico? ¿Ahí no cuenta eso de “el que paga manda”? Ni allá ni acá funciona en automático.

O el mexiquense Roberto Alcántara, que inyectó una fuerte cantidad de dinero fresco a El País cuando atravesaba por una dura crisis, ¿le dice al periódico que ayude a su amigo y paisano, el presidente Peña Nieto? ¿No que el que paga manda?

Los gobiernos de Salinas, Zedillo o Fox, ¿le indicaban a Proceso o La Jornada qué publicar por el hecho de ser sus principales anunciantes? ¿Verdad que no? ¿Entonces?

Lo publicado por The New York Times se prestó para un manejo electorero del tema publicitario y los medios de comunicación. El que critique y exhiba a AMLO “está comprado por la publicidad oficial”. El que señale las inconsistencias de Anaya o las de su espadachín -el gobernador de Chihuahua-, lo hace porque ”vive de los anuncios del gobierno”.

Se trata de un simplismo electorero inaceptable y fariseo.

La publicidad oficial hay que regularla, como afortunadamente ordenó la Suprema Corte, a fin de que nunca un gobierno la utilice como premio o castigo hacia un medio, como ocurrió en el sexenio de López Portillo contra Proceso (“no pago para que me peguen”), o con López Obrador en el Distrito Federal contra Crónica, uno de los diarios más influyentes en los temas capitalinos en aquel entonces.

La pluralidad expresada en los diarios nacionales (me refiero a los periodísticos) no puede mutilarse por el capricho de un gobernante. Ni su vida debe dejarse en manos de un reducidísimo grupo de anunciantes privados que, ellos sí, condicionan la publicidad a la línea editorial, al buen trato y a la proximidad con sus valores o creencias, a lo que tienen derecho porque es su dinero. El dinero del gobierno en ese rubro debe ejercerse con inteligencia y creatividad para lograr objetivos de interés público. Y estimular la pluralidad de corrientes de opinión que se expresan en los medios, porque plural es el país y plural queremos que siga siendo.