Defensoría de São Paulo mejora acceso a justicia en prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de octubre de 2016.- La Defensoría Pública de São Paulo desarrolla una importante política con base en la cual organiza visitas regulares a personas detenidas preventivamente y sistematiza la información recabada, mejorando así su acceso a la justicia.

Durante los últimos años ha habido en Brasil avances notables en el ámbito de la justicia penal. Por ejemplo, después de amplias consultas con la sociedad civil, el Poder Judicial inició las audiencias de custodia, donde personas detenidas en flagrancia son conducidas ante un juez dentro de las siguientes 24 horas, para determinar si, en espera de proceso judicial, se les aplica una medida alternativa o «prisión preventiva». [Antes de las audiencias de custodia esta decisión era tomada sin audiencia presencial y las personas habitualmente permanecían detenidas hasta tres meses sin ver a un juez.] Estas audiencias empezaron en la ciudad de São Paulo, en febrero de 2015. Aunque aún hay retos, los primeros estudios indican que su impacto es positivo y ya están siendo implementadas por todo el país.

Es en este contexto que la Defensoría Pública diseñó la política mencionada para atender mejor a las personas detenidas preventivamente. Impulsada antes de la puesta en marcha de las audiencias de custodia, gracias a dicha política cada persona en «prisión preventiva» sin defensor privado recibe la visita de uno público, habitualmente entre la segunda y la tercera semana de su privación de libertad.

Para ello, los 719 defensores públicos de Sao Paulo visitan una prisión determinada (seleccionada por cada uno de ellos de acuerdo con la institución, de modo que se atienda la mayor cantidad de centros posibles) cada 15 días, durante la mañana, para que no haya conflicto con las audiencias judiciales, las cuales se realizan por la tarde.

Días antes de esta visita el grupo de defensores públicos recibe un listado que elabora el Departamento de Asistencia al Preso de la propia Defensoría a partir de información enviada por los tribunales de justicia y que contiene datos básicos, como nombre de la persona, motivo de su detención y lugar de privación de libertad.

Con esta base, el defensor que visita determinada prisión entrevista a la persona detenida en un sitio privado, sin la presencia de guardias. Usa cuestionarios distintos para hombres y mujeres (y quienes se identifican como miembros de la comunidad LGBT), donde recoge información relevante sobre su caso, que es sistematizada en un documento de Excel y alojada en un servidor seguro.

Esta política de cercanía ha traído contribuciones positivas, pues la información recabada permite preparar una mejor defensa

El Departamento recibe tal información y la transmite a un defensor previamente asignado al caso. Por razones de agenda, generalmente no es posible que el defensor que visita una determinada prisión sea el mismo de todas las personas en esa prisión. Sin embargo, si fuera necesario, el defensor litigante del caso puede formular preguntas para ser abordadas en la siguiente visita por el defensor que realiza la visita periódica.

Este mecanismo de visitas periódicas y sistematización de información fue diseñado e implementado por la propia Defensoría en un periodo de solo cuatro meses, sin haber requerido una contratación externa.

Esta política de cercanía ha traído contribuciones positivas, pues la información recabada permite preparar una mejor defensa: Puesto que la entrevista se hace dentro de relativamente poco tiempo después de la detención, puede determinarse la presencia de eventuales testigos con rapidez, así como establecer contactos con la familia de la persona para, por ejemplo, establecer si tiene arraigo. Aparte, este contacto directo creará un ambiente de confianza gracias al cual podrá recogerse más y mejor información.

Esta proximidad permite asimismo establecer y atender ciertas necesidades inmediatas de la persona detenida, como la de recibir atención médica o afrontar con apoyo externo obligaciones familiares.

Adicionalmente, permite recoger información fundamental para orientar las políticas públicas. Una de las preguntas del formulario, por ejemplo, es si las personas sufrieron violencia durante o después de su detención: Para el 44% de ellas ese fue el caso, un dato imprescindible para entablar conversaciones con otros actores y diseñar políticas que prevengan estos abusos.

Por último, la presencia constante de defensores públicos en los centros de detención puede desincentivar malos tratos y permitir al sistema actuar rápidamente si alguna persona detenida los denuncia.

Este es un texto del Instituto de Justicia Procesal Penal A.C