Denuncian criminalización de 24 defensores indígenas en el Istmo

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril de 2025.- Organizaciones indígenas, colectivos y asociaciones exigieron un alto a la criminalización de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por su defensa del territorio frente al Corredor Interoceánico. La protesta se realizó frente al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.

Las personas afectadas, originarias de Mogoñé Viejo (San Juan Guichicovi) y Rincón Viejo (Petapa), enfrentan procesos judiciales por oponerse a las obras del ferrocarril del Corredor Interoceánico, impuestas sin su consentimiento, señaló Educa en un comunicado.

Denunciaron que estas acciones buscan frenar la resistencia legítima de las comunidades.

Entre los denunciados están tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI): Juana Inés Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Pérez Hernández. Todos cuentan con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Actualmente, tres carpetas judiciales siguen abiertas en su contra (OAX/000294/2023, OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). En Mogoñé Viejo, 16 personas son acusadas de ataques a las vías de comunicación, tras establecer el campamento “Tierra y Libertad”, desalojado violentamente por fuerzas de seguridad en abril de 2023. En Rincón Viejo, ocho personas enfrentan cargos por invasión de derechos de vía, como represalia por defender sus viviendas.

Las organizaciones denunciaron que, pese a las declaraciones del gobierno estatal, no se ha instalado una mesa de diálogo ni se han cumplido las recomendaciones ambientales emitidas por la SEMARNAT. Además, alertaron sobre nuevas demandas penales contra habitantes de Donají (Matías Romero).

Exigieron la intervención urgente de la Secretaría de Gobernación para frenar la criminalización, el desistimiento de las acciones penales por parte del CIIT y la SICT, así como la actualización de las medidas de protección a las personas defensoras.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran UCIZONI, ARTÍCULO 19, EDUCA, Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, SERAPAZ, Red TDT, el Centro ProDH, y el Congreso Nacional Indígena, entre otras.