Desaparición Forzada

La ignorancia de las autoridades ofende, máxime en un asunto de tal gravedad, magnitud y drama humano. Negar la desaparición forzada en México es como negar la humedad en la playa y no es buena idea confrontar a un comité independiente de la ONU con mentiras y delirantes acusaciones. La propaganda para consumo interno no les servirá para librar la investigación internacional, al contrario, descalificarla pone en entredicho la voluntad del régimen para atender la crisis de desaparecidos y, por lo mismo, incrementa sospechas y debilita su posición frente a quienes, pretendiendo ayudar, reciben injusta hostilidad.

Una de dos: desconocen la definición de desaparición forzada o, sabiéndola, decidieron que conceder la existencia de esa deleznable práctica afectaría la narrativa mesiánica con la que pretenden legitimarse. El artículo 2 de la Convención suscrita por el Estado mexicano establece que por ella se entenderá “el arresto, la detención, el secuestro o cualquiera otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.
Hay regiones enteras del país en las que autoridades responden a intereses del crimen. En algunos casos porque éste participó de alguna manera en la elección y, en otros, porque las fuerzas de seguridad locales están en desventaja frente al poder de fuego de los criminales e, incluso, llegan a actuar bajo sus órdenes. A la federación corresponde hacerles frente, según la Constitución, pero con López Obrador la instrucción fue eludir la confrontación y, por lo mismo, se empoderaron como nunca.

Las fuerzas federales, como se ha confirmado en múltiples ocasiones, no son inmunes a la penetración y el contubernio con la delincuencia organizada.

En la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a los estudiantes a un cártel. La zona militar estuvo al tanto de los hechos en tiempo real y, en el mejor de los casos, no hizo nada para impedir la desgracia. Las condiciones que posibilitaron tan brutal desaparición forzada no solo se mantienen en el país, de hecho se han incrementado. Los cárteles son hoy más poderosos que entonces y la militarización llegó a niveles insospechados. Por eso no extraña que, en los propios datos oficiales, existan 700 carpetas de investigación abiertas por ese delito desde 2019, reconozcan más de 500 casos en el gobierno de López Obrador y en 134 hayan concluido que dicha práctica se produjo. Mucho más que en cualquier otro sexenio. ¿Por qué, entonces, las máximas autoridades niegan sus propios datos?
Lo que debe determinar la investigación del Comité de Desaparición Forzada de la ONU es si ésta es generalizada o sistemática. Aunque tiene indicios que apuntan en esa dirección, no prejuzga su resolución y debe analizar y valorar toda la información que le proporcione el Estado mexicano. Solo podrán ingresar al país si el gobierno de Claudia Sheinbaum lo consiente. Eso parece explicar los exabruptos de Rosario Piedra, asegurando que no permitirán que vengan, alegando las mismas sinrazones falsarias y chauvinistas que el viejo régimen priista cuando rechazaba las gestiones de su madre, Doña Rosario Ibarra, para que la comunidad internacional y sus organismos se pronunciaran sobre los desaparecidos en México.
Llama la atención que la CNDH, alejada de las víctimas que solicitaron la intervención de dicho comité de la ONU, se oponga a la actuación del sistema internacional de derechos humanos que ha sido avalado por México. Mas aún, que se atreva a asegurar que la inmensa mayoría de las desapariciones son ajenas a la participación o aquiescencia de cualquier autoridad. ¿Cómo lo saben si la impunidad es del 99% y muy pocos casos se investigan porque las fiscalías están rebasadas y tienen otras prioridades? ¿No está enterada que por eso las propias madres son las que tienen que buscar a sus hijos?. Penoso asunto, Piedra debe renunciar.