Honrar su memoria
CDMX, 16 de julio, 2018.- El equipo de trabajo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó la semana pasada, sobre el programa de descentralización que habrán de llevar las dependencias federales.
La consulta para la descentralización comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaratoria de validez de la elección presidencial y lo declare Presidente electo, hecho que será a más tardar el próximo seis de septiembre.
La descentralización según se pude observar en las declaraciones del presidente López Obrador es sin lugar a duda el inicio de un proceso que implica la nueva organización del sector público.
Este hecho es necesario e indispensable para nuestro país.
Desde la revolución francesa hasta nuestros días, inquieta a estudiosos del Estado y políticos encontrar el óptimo de centralización.
Para unos, como los jacobinos de finales del XVIII, debía privilegiarse la eficiencia y la unidad del estado, para otros, como los liberales del siglo XIX, las libertades de los agentes y de los pueblos se anteponen a planeaciones autoritarias venidas del centro.
En México, el carácter centralizador, corporativo y presidencialista de nuestro sistema político nunca traslado las capacidades de la federación a los estados y municipios como una genuina descentralización, porque se sobrepusieron las facultades meta- constitucionales definidas por el “viejo régimen” a través de su partido oficial.
El presidente electo parte de una hipótesis central: el Estado mexicano se articuló en los hechos como estado central.
Esto permite considerar que cuando se habla de descentralización en México, se habla de la desarticulación del sistema presidencialista del “viejo régimen” que permite, por una parte, que a las entidades les sean devueltas potestades y, a los gobiernos estatales les sean conferidas capacidades de gestión en la escala local, capacidades que hoy no vienen de las entidades, sino del centro.
En nuestra historia es correcta la visión del presidente electo, baste señalar que en 1983 se hicieron reformas al artículo 115 de la constitución para otorgar responsabilidades a los municipios, también se les dotó de capacidades impositivas y se les habilitó como agentes partícipes de ingresos públicos del orden federal.
El resultado, fue una tendencia creciente de ingresos para la hacienda. En los setentas los municipios administraban un escaso tres por ciento del ingreso nacional, después de la reforma de 1983 los gobiernos municipales ampliaron su hacienda a casi un cinco por ciento.
En 1997 dentro del presupuesto de egresos del gobierno federal inició un nuevo ramo para aplicarse al año siguiente.
Se trató de recursos fiscales trasferibles a estados y municipios bajo la modalidad de aportaciones, recursos distribuibles según un índice Global de Pobreza, pero que a diferencia de las participaciones concebidas en 1983 está limitado su ejercicio a dos condicionantes: primero, a destinarse a combatir el rezago social y, segundo, a no ocuparse en gasto corriente.
Solo el dos por ciento del denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal puede destinarse a un programa de desarrollo institucional, que difiere de inversión en obras de agua potable, alcantarillado, letrinas, electrificación, mejoramiento de vivienda, infraestructura de salud, infraestructura educativa.
La importancia de los procesos de descentralización y los efectos por ellos generados en la vida.
Es amplia la literatura que ha intentado explicar los resultados de los procesos de descentralización, apelando a diferentes factores.
Entre los estudios sobre el tema se han destacado los análisis que han puesto el énfasis en los intereses que se toman en la decisión de descentralizar.
Estamos ante un movimiento pendular, el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó re-centralizar el poder.
El costo fue muy alto ya que el poder se perdió y la violencia tuvo incrementos pocas vistas en nuestra realidad.
Fuente: Quadratín Debate