Desempeño gubernamental

OAXACA, Oax., 3 de septiembre de 2017.- Informes, reportes, comunicados, respuestas a peticiones y solicitudes de información, respuestas a preguntas parlamentarias, comparecencias, audiencias y entrevistas son algunos de los instrumentos que las leyes y prácticas políticas y administrativas prevén para saber sobre la acción de los gobernantes.

Así, en días recientes el Presidente de la República ha enviado al Congreso su Quinto Informe de Gobierno y ha desplegado una estrategia de comunicación para difundirlo de manera amplia.

Entre los contenidos más discutidos, destaca la presunta reducción relativa de la pobreza en los últimos años de su administración, que con todo sigue en números muy altos y algunos críticos atribuyen más al uso de ciertos indicadores por parte del Inegi y el Coneval que a la realidad fáctica.

Entre los más preocupantes, sin duda se halla el propio reconocimiento del Presidente Peña Nieto respecto al notorio ascenso de la inseguridad, violencia y crimen en los últimos doce meses.

Además de lo anterior, destaca su clara conciencia sobre las incertidumbres persistentes que para el futuro cercano significan la negociación del Tratado de Libre Comercio, la fluctuación de los precios del petróleo y el tipo de cambio peso-dólar.

Si todo ello se correlaciona con el complejo de procesos electorales que arrancan el próximo 9 de septiembre y se extienden a lo largo de casi un año, entonces se tendrá una mejor comprensión de los escenarios nacional y locales.

Dependiendo de cómo se muevan aquellas variables principales, podría darse desde un triunfo apretado del PRI hasta el de cualquier otro de las opciones que se dibujan en el horizonte: la izquierda de Morena y la derecha del PAN.

En cualquier caso, a no dudarlo, el Congreso, gobernadores, legislaturas locales y ayuntamientos continuarán reflejando la pluralidad partidaria y política que llegó para quedarse. El poder político seguirá fragmentado y, por ende, los retos para la gobernabilidad democrática se mantendrán.

Es por ello que en estos días no debe pasar inadvertido para los oaxaqueños tanto ese Quinto Informe presidencial cuanto los resultados de encuestas como la que ha levantado el Gabinete de Comunicación Estratégica, denominada México 2017.

En este documento se muestran interesantes ejercicios comparativos que permiten apreciar y valorar las fortalezas y debilidades de los gobiernos locales en relación con varios indicadores tocantes a la satisfacción ciudadana con el desempeño gubernamental.

Así, por ejemplo, en el conjunto de las 32 entidades federativas la de Oaxaca se ubica, en promedio, en la bisagra entre la primera de las últimas 10 a 11 y en la última de las segundas 10 a 11.

Gobierno y gobernador de Oaxaca, según se quiera interpretar, no están entre los 10 mejores pero tampoco entre los 10 últimos sino en una frontera entre estos y los 10 siguientes hacia arriba.

Ello no supone ni consuelo ni felicidad.

De un lado, revela que el gobierno del Estado enfrenta, según se sabe, junto con otra decena de entidades sureñas, enormes desafíos debido a diversos factores legados del pasado inmediato y mediato, e indica que la brecha social y económica con los estados del centro y norte del país sigue abierta.

Del otro, envía el mensaje siguiente: no obstante que, a diferencia de la mayoría de los 10 gobiernos locales con calificación menor en promedio, el de Oaxaca aún no cumple con su primer año de gestión y se halla mejor evaluado por la ciudadanía que aquella decena.

Desde luego, el tipo de ejercicio al que me refiero no toma en cuenta las condiciones de contexto en que se desenvuelve la gestión gubernamental. Si lo hiciera, es probable que el gobierno de Oaxaca mejoraría su promedio de satisfacción ciudadana.

Es decir, sin la acción obstaculizante y combativa, por ejemplo, de la Sección 22 y otros grupos crecientes, sin los constantes bloqueos carreteros y de vialidades que son consecuencia pero a la vez causa de aciertos y desaciertos gubernativos, es posible que realidad y percepción podrían mejorar.

Pero lo que es obligado mejorar, más allá de esos factores, es la calidad de los recursos humanos, técnicos y materiales con los que opera el gobierno y la administración pública.

Liderazgo político y servicio público de excelencia y con máxima integridad deben probarse a diario y reforzarse con incentivos y desincentivos. Gobernador y gabinete deben predicar con el ejemplo.

Ya hemos reiterado que los últimos cien años, post-juaristas y post-porfirianos, han representado para nuestro Estado una baja notoria en su posición nacional en comparación con los 100 años anteriores.

Si se quiere que el Estado se recupere, ponga de pie y compita con dignidad en el carril de la historia de los próximos 12 años, entonces hay que tratar de cumplir al máximo con los objetivos planeados para el sexenio en curso y retroalimentados con evaluaciones pertinentes y oportunas.

No hay más opción que buen gobierno, ciudadanía activa y más compromiso social compartido. Estas son claves para vivir mejor.