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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero de 2020.- La autonomía con la que ejercen el erario los gobiernos estatales no tiene límites, y ha gestado y mantenido a lo largo de los años vicios en el manejo de los recursos, sin distinción de partidos.
Nóminas de empleados que alcanzan los 5 millones 460 mil pesos por año donde incluyen hasta cuatro choferes, rentas que llegan a 167 mil pesos mensuales en exclusivas zonas de la Ciudad de México, compras de inmuebles a sobreprecio por casi 17 millones de pesos, dando cargos a militantes del partido, pasando por un ex líder nacional del PAN, y el nepotismo con la hija de un ex gobernador del PRI, son parte de una radiografía de las oficinas de representación de gobiernos de las entidades federativas en la capital del país.
ProMéxico fue desde 2007 una red de 46 oficinas de representación del Gobierno federal en diferentes partes del mundo que desaparecieron con la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que con las tecnologías de la información hay gestiones y trámites que no ameritan ya gastar el dinero público en rentas o funcionarios viviendo en otras naciones: “Se mantenían oficinas muy costosas, puro recomendado, puro junior que se iban al extranjero a vivir a costillas del erario, puro fifí”, dijo el 27 de febrero de 2019.
Al igual que las extintas oficinas ProMéxico, a nivel nacional existen representaciones estatales para gestiones tan básicas como tramitar una acta de nacimiento, cuando desde enero de 2018 es posible hacerlo personalmente por Internet, o incluso —según presumen algunas oficinas— para la atracción de inversiones y promoción turística de la entidad.
En una serie de solicitudes de transparencia realizadas a diferentes gobiernos de los estados con oficinas en la Ciudad de México, se logró detectar el uso discrecional de recursos públicos, el nombramiento de gente cercana a los gobernadores y la opacidad en la información que debe ser pública de oficio, al tratarse de dinero del erario.
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