Destrucción institucional

Miscelánea, salud y política

“Una democracia no está a salvo si la gente tolera el
crecimiento del poder en manos privadas hasta el
punto de que se convierte en algo más fuerte que el
propio estado democrático. Eso, en esencia, es el
fascismo»: Franklin D. Roosevelt

El periodo nebuloso del cierre de sexenio de la autonombrada 4T arrancó con una vorágine legislativa, ¿Será que era tanta la preocupación por cerrar las instituciones cuyos presupuestos fueron utilizados para otros fines que su sistema inmune se desequilibró dando entrada al coronavirus SARS-CoV-2? Obvio, esta es una especulación que presupone en el afectado un nivel alto de conciencia.
Como sea, deseamos pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador de su tercera caída por Covid, necesita estar sano y con entereza para rendir cuentas al pueblo de México (no sólo al «pueblo sabio» de Morena y aliados) sino a todos los ciudadanos mexicanos sobre el uso de millonarios recursos de organismos en desaparición, entre ellos, para darnos una idea mencionaré sólo al INSABI, quien recibió más de 409,322,110,000 millones de pesos de presupuestos para ejercer entre 2020-2023.
Recordemos que fue decisión del gobierno actual acabar con el Seguro Popular que nació para cubrir de servicios de salud a las personas carentes de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.), mismo que en 15 años de existencia logró una cobertura de 52 millones de personas (Data Cívica).
Sin embargo, López Obrador consideró que no había logrado atender todas las necesidades de salud de la población más pobre, puesto que ciertos padecimientos no entraban en la cobertura gratuita, por ello se creó y entró en funciones el 1 de enero de 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para atender a todos de todas las necesidades de salud -medicamentos e insumos relacionados-, sin necesidad de afiliación ni costo, o sea en forma gratuita.
Pero este gobierno no cumplió su promesa, con la llegada del INSABI millones de personas dejaron de tener acceso a los servicios de salud, en un principio porque se desconocían las nuevas reglas de operación, otras veces porque los hospitales aplicaban cuotas más altas en lugar de desaparecer.
En este maremágnum de confusión administrativa -característica del gobierno actual-, llegó la pandemia de Covid 19 con el resultado que todos conocemos: 333 mil 669 muertes, según cifra oficial, lo que equivale a más del doble según la OMS, alrededor de 800 mil vidas de mexicanos cobró el Covid, y así, nuestro país se colocó en los primeros lugares de decesos a nivel mundial.
Paradójicamente, esa enfermedad viral postró por tercera ocasión al primer mandatario, aunque hoy reapareció con un mensaje dirigido al pueblo de México en el que luce bien, qué bueno, sería muy positivo que se tomara un descanso para recuperarse y reflexionar en qué pese a su narrativa, en materia de salud no todos los mexicanos tienen sus privilegios, pocos pueden tener acceso a los servicios médicos de primer nivel que él recibe ante un simple vahído, como él mismo llamó a su desmayo.

Hasta donde ha trascendido, porque la Comunicación Social presidencial adolece de oportunidad y claridad, cada vez que lo ha requerido se le monta una habitación con servicios hospitalarios de primer nivel, bajo la atención esmerada de especialistas de las fuerzas armadas, privados y bajo el personal cuidado del secretario de salud. Mismas atenciones ha recibido alguno de sus hijos que se contagió de Covid, quien recibió el suministro de medicamentos costosos exclusivos para altos mandos del Ejército.
Porque las prédicas de AMLO respecto a que tendremos un servicio médico como el de Dinamarca, y ahora le agregó: «…mejor que el de Dinamarca», sólo llama a risa o enojo. Sería oportuno que el jefe del Ejecutivo realice un análisis de la realidad: ante la compleja problemática del IMSS por sus insuficiencias médicas, quirúrgicas y de especialidades, así como desabasto de fármacos y vacunas para sus poco más de 21 millones de derechohabientes, es un gran despropósito endosarle la titánica tarea de absorber a la población sin seguridad social.

Es indudable que los servicios de salud en la administración actual han venido en decadencia, por ejemplo, los recursos para el programa de vacunación se redujeron en más del 53%, pasaron de 28,734.3 millones a 14,021.8 millones de pesos y desaparecieron otros programas de apoyo que incidían en la cobertura.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 informó: solamente el 27.5% de niñas y niños de un año de edad tuvieron esquema completo de vacunación; para los niños de hasta 2 años la cobertura de la cartilla completa es de apenas 31.13%. Hace una década la cobertura superaba el 90%.
Las reducciones no reflejan que ya no se requerirán dosis para Covid19, ya que en el PEF se deja claro que dichas vacunas y demás recursos anti pandemia salieron del Fonsabi (Fondo de Salud para el Bienestar) heredero del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en el que sólo quedan 37,000 millones de los 105 mil millones que recibió la 4T, esta reserva era para atender a pacientes con enfermedades costosas, pero sólo el 5% se aplicó a ese propósito e infraestructura, el resto se derivó a gasto corriente del INSABI o se transfirió a la Tesorería de la Federación para otros menesteres.
La desaparición del INSABI es la historia de un fracaso anunciado: No se pueden crear instituciones ni obras públicas bien estructuradas sin planeación previa. Tampoco se pueden desaparecer instituciones públicas sin transparentar mediante auditorías el uso de los recursos públicos asignados. Hay que fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, pero también a quienes incurren en incompetencia por incapacidad o cerrazón.
Y qué decir de los «levanta dedos», diputados del bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) quienes sin conocer las iniciativas que fueron enviadas por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación aprobaron en sesión maratónica de fast track, con dispensa de trámites -incluida la lectura-, reformas a destajo, como la que establece la desaparición de CONACYT para en su lugar crear un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Entre la andanada de leyes para modificar o desaparecer instituciones, destacan las encaminadas a empoderar a Sedena, para que opere el Tren Maya de manera indefinida; otra para que se encargue de regular el espacio aéreo, y por qué no, una más para administrar un nuevo fideicomiso con fondos turísticos del impuesto de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, el 80% destinado a las mega obras de gobierno y el 20% restante será para el Instituto Nacional de Migración.
Ante una oposición carente de músculo y organización, estos irredentos representantes, sin limitaciones éticas ni análisis de las consecuencias de sus acciones, fieles al estilo autoritario del líder, aprobaron reformas para otorgarle nuevas atribuciones al Ejército, las que se suman a las más de 220 conferidas durante el gobierno de AMLO. El Ejército mexicano de 2022 a 2023 subió 11 posiciones en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos del mundo, ascendió del lugar 43 al 31 de 145 países estudiados por la estadounidense Global Firepower.
Lo anterior coincide con un incremento de 52% del presupuesto gubernamental destinado a los militares en los cinco años de Gobierno de López Obrador. Con impotencia volveremos a escuchar en breve al presidente, desde el púlpito instalado en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, con el rictus sarcástico de falsa ingenuidad: ¿Cuál militarización? ¿Cuál opacidad? ¿Cuál espionaje? ¿Cuál ambición de permanencia? y la nueva: «Siempre he aprovechado que me den por muerto».